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C's, PSC y PP sellan su unidad de acción anti-independentista con recursos al Constitucional

Los tres grupos intentan parar en los tribunales el pleno del próximo lunes, en el que está previsto que se vote la declaración de inicio del proceso independentista de JxSí y la CUP

Los escritos presentados por los tres grupos consideran contraria a derecho tanto la admisión a trámite de la resolución por parte de la mesa como la convocatoria de la Junta de Portavoces sin estar constituído el grupo del PP

El Constitucional podría aceptar los recursos de amparo esta misma semana, dejando sin efecto el pleno previsto para el próximo lunes

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Parar la votación sobre la resolución independentista de Junts pel Sí y la CUP se ha convertido en el único objetivo de Ciutadans, PSC y PP en el arranque de legislatura. Si durante los últimos días lo habían intentado en un ejercicio de filibusterismo del PP, que no se constituyó como grupo para intentar bloquear, sin éxito, la Junta de Portavoces, este martes los tres grupos han optado por la vía judicial, presentado recursos de amparo ante el Constitucional.

La unidad de acción de los tres partidos contra el independentismo se ha visualizado en la foto conjunta ante el Alto Tribunal, aunque cada formación ha optado por un un recurso diferente. Con ellos, pretenden que el Constitucional impugne la Junta de Portavoces y la admisión de la resolución por parte de la mesa, lo que pararía el pleno extraordinario que los independentistas quieren celebrar el próximo lunes 9 de noviembre y que precisamente considera al Constitucional "deslegitimado y sin competencia".

Los escritos presentados por los tres grupos, pese a ser diferentes, giran en torno a dos cuestiones: la admisión a trámite de la resolución de Junts pel Sí y la CUP, que consideran ilegal, y la convocatoria de la Junta de Portavoces sin estar constituído el grupo del PP.

Argumentos de los partidos

Ciutadans considera que Forcadell se saltó el reglamento del Parlament al convocar a los portavoces sin estar todos los grupos constituidos y sin agotar el plazo legal para constituirse. Además, los naranjas entienden que se vulneraron los derechos de sus diputados al aceptarse una declaración que constituye "un choque frontal contra el ordenamiento jurídico", razón por la cual la Mesa no podría admitirla a trámite.

Por su parte, el PSC argumenta en su recurso que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, vulneró los derechos de los diputacdos socialistas a "acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos", al haberles negado la asistencia jurídica sobre la cabida de la resolución independentista al ordenamiento jurídico vigente. Los de Iceta reclaman al Constitucional que deje sin efecto la Junta de Portavoces de este martes que posibilitó la convocatoria del pleno del 9 de noviembre. 

Argumentos similares esgrime el PP, que entiende que la Junta de Portavoces no podía celebrarse por no estar constituido su grupo y hallarse dentro del plazo reglamentario para constituirse. Como C's y PSC, considera que la propuesta es "contraria a derecho e inconstitucional de forma palmaria y evidente", por lo que la Mesa no puede admitirla a trámite.

Forcadell, avalada por los servicios jurídicos del Parlament

De las acusaciones formuladas hoy por los tres partidos anti-independentistas se defendió el martes la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, quien aseguró que la Junta de Portavoces se había convocado para responder a la petición de resolución de los grupos en el plazo establecido por el reglamento, que es de cuatro días. Según defendió en rueda de prensa tras la junta, los derechos de los diputados del PP se habría reconocido igualmente al haber sido invitados a la Junta y haber asistido estos. Los servicios jurídicos del Parlament avalaban la decisión de la presidenta de la Cámara con un informe que aseguraba que el PP se había constituído de facto como grupo al interponer recursos y participar en la Mesa con voz. 

Si el Tribunal Constitucional acepta los recursos de amparo, cosa que podría ocurrir esta misma semana, podría dejar sin efecto el pleno extraordinario donde se prevé discutir la declaración, momento en el cual los grupos deberían decidir si desobedecer para aprobar la resolución tal como plantea el texto de la propia resolución, o dar marcha atrás.

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