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La rebelión de los municipios contra la deuda ‘ilegítima’ se extiende

Cerdanyola del Vallès y Molins de Rei han aprobado mociones que declaran ilegítima parte de su deuda y denuncian que los bancos han cobrado intereses superiores al 5% a los ayuntamientos mientras se financiaban a menos del 1%

Badalona fue la primera ciudad en aprobar una moción de este tipo y se prevé que más municipios la aprueben en los proxímos meses

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El Ayuntamiento de Molins de Rei ha declarado "ilegítima" parte de su deuda

El Ayuntamiento de Molins de Rei ha declarado "ilegítima" parte de su deuda

La moción pionera del Ayuntamiento de Badalona que declaraba ilegítima parte de su deuda ha dado ideas a otros muncipios. Cerdanyola del Vallès y Molins de Rei adoptaron la semana pasada mociones que recogen las mismas peticiones gracias a la colaboración con la Plataforma por una Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD). Se prevé que más municipios se sumen a la iniciativa este otoño.

Los textos se refieren a los préstamos otorgados a los ayuntamientos en el marco del Plan de Pago de Proveedores 2012, impulsado por el gobierno de Mariano Rajoy. En Cerdanyola, la moción, impulsada por ICV, es idéntica a la que fue aprobada en Badalona. En concreto, el texto critica que los bancos hayan cobrado al Ayuntamiento unos intereses del 5,54% mientras se financiaban a menos del 1% y recibían dinero público. Por ello, define como “ilegítimos” los intereses pagados ya que constituyen “ un sobrecoste muy elevado para el municipio”. Además, denuncia que la obligación de pagar la deuda a causa de la reforma constitucional - pactada por el PP y el PSOE - provoca “el sufrimiento de la ciudadania”. “Sin esta obligatoriedad, se podrían aumentar notablemente las partidas presupuestarias para ayudar a las personas que más sufren la crisis”, indica.

El texto también insta al gobierno municipal a cuantificar estos intereses y emprender las acciones legales necesarias ante la justicia española, europea o internacional para aconseguir “ la nulidad esta deuda ilegítima”.

Además de los elevados intereses, los promotores de estas mociones critican las condiciones mismas en que se pusieron en marcha estos créditos. A principios de 2012, el gobierno central impuso el pago de facturas pendientes a los proveedores de ayuntamientos. Los consistorios que no podían hacerlo eran obligados a adoptar un plan de ajuste acompañado de un crédito bancario sin conocer la entidad ni la tasa de interés. En el caso de Molins de Rei, ascendió a 5,9%. Según la PACD, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que avaló estos créditos, podría haberse financiado directamente en el Banco Central Europeo, lo que hubiera permitido evitar la intermediación de los bancos y así rebajar la tasa de intereses.

La moción impulsada y aprobada por todos los partidos en Molins de Rei va más allá que la de Cerdanyola. Los partidos con representación en el ayuntamiento acordaron la elaboración de una auditoría de las cuentas municipales para determinar “la cifra total de la deuda ilegítima”. Este trabajo se hará con la colaboración de la PACD.

Se prevé que más municipios se sumen a esta iniciativa en otoño. ICV ya ha indicado que presentará textos en todos los municipios donde tiene representación. Por otra parte, el pleno de Molins de Rei se comprometió a trasladar su moción a las asociaciones de municipios. “Lo valoramos de manera muy positiva”, dice Javier Lechon, de la PACD. “Esto le puede dar más visibilidad a la iniciativa e incitar a más consistorios a sumarse, hacerlo como grupo puede dar mucha más fuerza”, añade.

La PACD reclama desde el 2011 una auditoría de las cuentas públicas, tanto municipales como autónomicas y estatales, para determinar qué parte de la deuda puede considerarse como "ilegítima". La PACD toma como referencia procesos similares que tuvieron lugar en algunos países de América Latina. En Ecuador, por ejemplo, la auditoría de la deuda que se inició en 2007 con la llegada a la presidencia de Rafael Correa permitió renegociar gran parte de la deuda externa del país. En tres años, los ecuatorianos consiguieron una reducción de su deuda de cerca de 4.000 millones de dólares.

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