Los educadores sociales de acogida contarán con mayores competencias y responsabilidades
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la ampliación de la Orden que regula la gestión y funcionamiento de la red de recursos de acogida a mujeres víctimas de violencia de género en la región. Esto permitirá reconocer la cualificación profesional de los Educadores y Educadoras Sociales de la región, una reivindicación “histórica” del Colegio, según anunciaba el portavoz de Gobierno, Nacho Hernando.
La ampliación de la Orden no sólo reconoce la cualificación profesional, sino también otorga mayores competencias y responsabilidades a las educadoras que trabajan en las instalaciones, algo que seguirá haciéndose en coordinación con los cuidadores y cuidadoras de la red de acogida de la región. Por otro lado, el personal que asista y asesore en este sentido, deberá aportar una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, al tener contacto habitual con menores, y tampoco podrá estar condenado ni incurso en causas relativas a la violencia de género.
Con decisiones como estas, ha destacado Hernando, se hace frente al desahucio “masivo” de profesionales. La red de atención a la mujer en Castilla-La Mancha cuenta con 14 recursos de acogida y 84 centros de la mujer en los que trabajan más de 400 personas, una cifra que, ha remarcado, adquiere una mayor relevancia en una región con un amplio tejido rural.
Acreditación de competencias profesionales
El Gobierno también ha aprobado una orden conjunta entre las consejerías de Economía, Empresas y Empleo y Educación Cultura y Deportes, en la que se destinarán unos 400.000 euros a facilitar que más de 2.000 ciudadanos puedan adquirir la acreditación de sus competencias profesionales. Entre ellas, se cuentan acreditaciones a las que se puede acceder por primera vez como la Seguridad Industrial, la Salud Pública y las Construcciones Aeronáuticas“.
Hernando advirtió de que quedaron sin cobertura presupuestaria la convocatoria de 2014 para la acreditación de competencias en muchos sectores como la Educación Infantil, Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio y a personas dependientes en instituciones sociales“. Se trata de más de 5.000 personas que se quedaron sin el reconocimiento y actualmente la Junta asesora la situación para gestionar que puedan acceder a las acreditaciones, que ya pagaron.
