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500 millones de euros, el coste del modelo privado del nuevo Hospital de Toledo

El análisis de los pliegos del proyecto de concesión indica que la elección de una empresa privada no aporta la eficiencia administrativa promocionada por la Junta de Comunidades.

Los gastos provienen, en gran medida, de tener que contratar más personal administrativo por parte de la empresa, que ya existe dentro del sistema público de salud en la región.

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Foto: Europa Press

Juan Alfonso Ruiz Molina, antiguo gerente del Sescam durante el gobierno de José María Barreda, invitado por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Toledo, ha desgranado los pliegos del proyecto del nuevo Hospital Universitario de Toledo. El análisis de Ruiz Molina, basado en los pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares, se ocupó especialmente de comparar los costes entre lo que sería una gestión pública y la que se ha elegido para esta obra, de corte privado. Las conclusiones son más que llamativas.

El exgerente del Sescam señaló dos puntos especialmente destacables de estos documentos: por un lado, una falta “total de rigor”, y también la falta de transparencia por parte de la empresa adjudicataria, que todavía no ha hecho público el Plan Económico y Financiero de la obra, al que todos los ciudadanos deberían tener acceso. Más allá de estos “percances formales”, el problema principal que señalaba Ruiz Molina es la diferencia en los costes que significará a los ciudadanos un coste que superará los 500 millones de euros durante los 30 años de concesión del proyecto.

La crítica a elegir un contrato de concesión fue uno de los puntos principales de la conferencia, en el que se señaló que la decisión de incluir la prestación de los servicios no asistenciales por parte de la empresa adjudicataria “no se conciben desde un contrato de concesión”, según indicó Ruiz Molina, quien señaló además que en este sentido debe consistir o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho, pero acompañado de percibir un precio, la contaprestación. Las justificaciones de la Administración, “necesaria eficiencia en las cuentas de las Administraciones Públicas, la mejora en la gestión que se puede atribuir a los uso e iniciativa privada, la efectiva y mayoritaria transferencia de riesgo al sector privado”, fueron destrozadas a golpe de argumento por el profesional.

La comparativa entre los gastos que significará esta obra para la Administración, basada en los datos publicados por el mismo Gobierno regional se puede desgranar partiendo desde la gestión de los servicios no clínicos, la gran crítica del modelo elegido para este centro. En este sentido, el coste de llevar este tipo de servicios, como limpieza, seguridad o lavandería, supone unos 80,3 millones de euros más, a lo largo de los treinta años de concesión, debido a la necesidad de implantar una infraestructura administrativa para llevar los contratos, un personal que en la gestión pública ya sirve. Además, existirían figuras como el nuevo gerente de los nuevos servicios no asistenciales que se duplicarían, “dejando a la figura pública ociosa”, según explicó Ruiz.

Los cánones, básicamente los precios, que deberá pagar la Junta de Comunidades a la empresa adjudicataria son de dos tipos. Por un lado, un precio fijo, calculado en función de los costes de inversión y equipamiento inicial, que se resume en más de 303 millones de euros por los 28 años y cuatro meses de la duración del contrato, junto a un canon variable anual, que “otorgará rentabilidad suficiente” a los accionistas de la concesionaria, llegaría a superar los 1.231 millones de euros, a lo que se debe unir a las explotaciones comerciales que también se han concedido a la empresa: 126,7 millones de euros. Esta última cifra en el documento de la Junta sólo está publicada en un gráfico, no en cifras como tal, a diferencia de los dos cánones ya señalados. En total, 1661,3 millones de euros, íntegros para la empresa concesionaria. “La UTE arriesgó poco”, señaló el antiguo gerente del Sescam.

El presupuesto que presentó Ruiz Molina, señalaba que, si la Junta de Comunidades hubiese decidido llevar el proyecto a cargo únicamente de dinero público, la diferencia sería de alrededor de 525,9 millones menos. La ejecución de la obra costaría 227,2 millones de euros, mientras que las inversiones de reposición significarían 76,3 millones, y los gastos de servicios no clínicos, serían 892,5 millones, no 972,8, a lo que se debe sumar a los intereses de la deuda pública que la Junta se vería obligada a asumir por sus presupuestos. Si se le resta el concepto de ingresos de las explotaciones comerciales, que ahora se lleva la empresa adjudicataria, el total roza los 1.135 millones de euros, 525,9 millones menos que en el caso del servicio privado.

Ruiz Molina no dejó de criticar la pérdida de la financiación del Banco Europeo de Inversión: “Se han debido marchar escandalizado con las cifras”, apuntó, añadiendo que “no ganamos nada, sólo un Hospital más pequeño, con unas cifras escandalosamente más altas, e infraestructuras que no fueron las prometidas”, concluyó.  Finalmente señaló la conclusión inevitable ante el aluvión de cifras: la gestión privada es mucho más cara.

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