“A nosotros la nueva Ley de Caza nos hace invisibles”

Rubén Cabrero fue nombrado recientemente presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales en Castilla-La Mancha. El panorama que se ha encontrado, señala, no es el más sencillo para tomar el mando, pero asegura también que la actividad frenética se compensa gracias a la defensa del medio ambiente. Entre linces, Ley de Caza y la polémica Ley de Montes, el agente medioambiental lamenta el “ninguneo” de la Consejería de Agricultura, la cada vez más acentuada falta de recursos y los problemas que acarrea obedecer a la ciudadanía, no a los altos cargos.

¿Cómo han sido tus primeros meses liderando la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales?

Han sido estresantes. Me ha tocado una época difícil y dura para estar al frente de los agentes medioambientales, porque estamos sufriendo lo que calificamos como un “ataque frontal”. Nos reducen medios de forma constante, nos reducen la capacidad para actuar, cada vez somos menos y con peores medios y las consecuencias las paga el medio ambiente. Me tomo la labor de la Asociación como una manera de denunciar de forma pública esta situación y tratar de solventarla.

¿Habéis aprovechado la precampaña electoral?

Sí. Nos hemos reunido con todos los partidos que así nos lo han permitido, para hacerles llegar nuestras inquietudes. Llevamos una actividad frenética. Hasta ahora nos hemos reunido con PP, con el director general y jefe de gabinete de la consejera (de Agricultura, María Luisa Soriano). Hemos tenido dos reuniones con Emiliano García-Page, con Podemos también nos hemos reunido, UCIN, con Izquierda Unida, sólo nos falta Ciudadanos pero sólo por un tema de contactos.

¿Cuál ha sido la reacción del PP?

Más de lo mismo. No tienen miedo para decirnos que no somos un colectivo importante para ellos. Sí, es cierto que no nos lo dicen de forma directa, pero nos lo demuestran día a día, al limitarnos nuestras funciones. Nos han retirado vehículos, el helicóptero, han retirado las Brigadas de Investigación de Incendios y las Brigadas de Veneno van en el mismo camino. Ellos quieren que no denunciemos, que no hagamos públicas infracciones graves, o delitos, que estemos calladitos, que trabajemos en la sombra.

Ante vuestras denuncias, ¿Qué responde el Gobierno regional?

Que la situación económica es muy mala y que no disponen de los medios que exigimos. Pero nosotros sabemos que es mentira. No es un problema de dinero. Nosotros trabajamos igual los días que hay incendios, sólo que, al retirar las Brigadas de Investigación, no nos dejan investigarlos. Y lo mismo se repite en el caso de los venenos. Antes había una unidad con la dedicación exclusiva a su investigación y eso se ha ido perdiendo, la especialización se pierde, pero nosotros seguimos cobrando lo mismo a fin de mes.

¿Cómo evaluáis esta gestión desde la Asociación Profesional?

Creo que toda la ciudadanía, pero también el medio ambiente pierde. Nos pagan un dinero, pero no nos dejan trabajar.

¿Ante estas políticas cuales son los riesgos que sufre la región?

Si se modifica la Ley de Montes, que es un factor importante para tomar en cuenta, lo que ocurrirá es que los delincuentes medioambientales lo tendrán más sencillo para quedar impunes en la mayoría de los casos. Estamos limitando la capacidad del cuerpo que investiga estos delitos, que no bajan, sino que se mantienen. Entonces, los delincuentes van a quedar impunes. Hablamos de casos muy graves: siempre nombramos el caso de los incendios forestales. Y si no nos dejan investigar, se quedarán los casos ahí, abiertos, sin más. El caso de la casa de la familia Oriol-Aznar, eso vino a raíz de la denuncia de Agentes Medioambientales o los viñedos en la Mancha Húmeda, en el que hablamos de un delito de presunta prevaricación política.

Sin las Brigadas de Investigación de Incendios, ¿Qué hubiese pasado con los incendios de Aleas y Bustares, por ejemplo?

La investigación no hubiese sido la adecuada. El otro colectivo encargado de llevar a cabo estas pesquisas, la Guardia Civil, en la provincia de Guadalajara no sé, pero en Toledo sólo tienen cuatro agentes para estas brigadas, mientras que por nuestra parte éramos doce. Es imposible que cuatro personas asuman el trabajo de doce, no tienen recursos suficientes. Y además, debemos contar el resto de los agentes que tienen nociones básicas. Hablando claro, el Seprona (Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil) investiga los incendios “mediáticos”. Nosotros los investigamos todos.

¿Cómo evaluáis el trato que os ha dado María Luisa Soriano?

Ella es nuestra jefa. Pero nosotros pensamos que se ha rodeado de asesores que no le hacen ningún favor. En sus declaraciones públicas deja claro que, o no sabe, o no le interesa a lo que nos dedicamos. El otro día decía que “los agentes medioambientales no deben investigar delitos”. Pues la Ley de Enjuiciamiento criminal nos obliga a todos los funcionarios de policía judicial a investigar un delito, si tenemos conocimiento del mismo. Prácticamente nos está instando a faltar a la Ley cuando señala que debemos dejar los delitos a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Nos dice que no hagamos caso a la ley.

Cuando nos quitó los Toyota LandCruiser, los vehículos que usábamos, nos dijo que eran “vehículos de lujo”, aunque tanto la Policía Nacional, como la Guardia Civil los usan actualmente. Pero para nosotros, son de lujo. Entendemos que nos está menospreciando públicamente, por lo que hemos pedido ya en dos ocasiones su dimisión.

Si ella es vuestra jefa, ¿por qué os trata así?

Desde que llegó al Gobierno, lo único que ha tratado es que no hiciésemos ciertos trabajos. Que no hagamos público nuestro trabajo, que no denunciemos a personas importantes. Pero lo que pasa es que nosotros somos un colectivo que se debe a la ciudadanía, no a otras jerarquías. Entonces, somos duros, y hemos desobedecido estas órdenes. Hemos comunicado a los juzgados los delitos de los que hemos tenido constancias, y de que todos los incendios se investigasen. En general, las hemos desobedecido, y por tanto, hemos perdido en cariño.

¿Cómo valoráis la suelta de linces?

En Toledo, el éxito ha sido total. Los ocho ejemplares siguen vivos, que no es lo que ocurre en Ciudad Real, donde algunos han muerto. Sin embargo, sí criticamos la falta de un trabajo de campo previo y adecuado. Se han soltado linces sin inspecciones en todas las zonas de suelta, y ahora nos ha tocado hacer el trabajo a marcha forzada, encontrando, de hecho, lazos y cepos. La limpieza debería haber sido previa. Ahora mismo se está limpiando la carretera de Mazarambroz a Cuerva, pero todavía no están las señales de ‘Peligro paso de linces’, aunque los animales se soltaron en octubre. Todos estos trabajos no han sido lo que necesitaba realmente un proyecto como la suelta de linces.

El 15 de abril comienza la época en la que se pueden colocar lazos para capturar zorros, y se colocarán en acotados cerca de las zonas de los linces, todo autorizado por la Consejería. Y están reglamentados, sí, pero no quitan la posibilidad de que un ejemplar pueda caer ahí. Entonces, nosotros proponemos que se instauren otros métodos, más selectivos, que no pongan en peligro esta población.

¿Cómo ha sido el contacto con los agentes extremeños y andaluces?

No te puedo hablar de la Consejería, pero a través de las Asociaciones llevamos a cabo un trabajo estrecho en este sentido.

¿Qué supone la nueva Ley de Caza para vuestras funciones?

Básicamente, hace desaparecer la figura del agente medioambiental. En la anterior estamos nombrados de forma específica como cuerpo para garantizar que se cumpla la legislación. A nosotros la nueva Ley de Caza nos hace invisibles. Estamos en contra de que se reduzcan las sanciones por caza en la mitad, a pesar de que ya nos parecían bajas. Creemos que esto no tiene cabida, y lo achacamos a la política y las presiones de los cazadores.

¿Qué tipo de documento necesitaría al respecto Castilla-La Mancha?

Pensamos siempre en una ley cinegética enfocada a la conservación y mantenimiento de la biodiversidad. En la nueva Ley se habla sólo de la riqueza, y a nuestro juicio estas normativas no pueden pensar sólo en el aspecto comercial de la actividad, sino que, todo lo contrario, deben enfocarse en la naturaleza y el cuidado de todas las especies. No creemos que sea necesaria la introducción de más vallados, la suelta de especies que no deberían estar en Castilla-La Mancha, y esto debería desaparecer, no impulsarse.

¿Da pie a que se cometan más infracciones?

No, pero sí a que sea mucho más difícil para nosotros controlarlo. Desde un punto de vista comercial, se facilitan las repoblaciones, introducciones, y es muy difícil de supervisar. Sobre todo, si los cotos están vallados y además, permites que la caza se pueda hacer todos los días, se pierde el control fácilmente. Será mucho más difícil llevar a cabo las revisiones protocolarias de instrumentos ilegales, y no podremos mantener un nivel de vigilancia todo el año, porque atendemos muchos frentes.

La ministra Tejerina asegura que no se os excluye en el documento de la Ley de Montes. ¿Qué opinas al respecto?

Sí, ella siempre dice que se aclara, y clarifica... Se nos excluye directamente. En un artículo habla que cuando los Agentes medioambientales tengan en conocimiento de un hecho delictivo deberán poner en conocimiento de las fuerzas de seguridad los hechos, y ellos serán, la Guardia Civil u otra fuerza, los encargados de realizar el atestado. Si nosotros no podemos redactar este papel, no tenemos relación con los juzgados o la Fiscalía, y esto es una limitación, que hará que una parte de nuestro trabajo deje de tener sentido, en gran parte.

El Gobierno sigue engañando a la ciudadanía al decir que no se modifica nada. Y, además, existe una Ley Orgánica, que va por encima de la de Montes, que es básica, que nos obliga a presentar un atestado, por lo que se ha llegado, incluso a hablar de inconstitucionalidad.