Juan Cotino niega haber ayudado a que la firma familiar cuadruplicara su negocio de residencias mientras fue conseller
La UTE en la que participaba la empresa de la familia de Juan Cotino, de la que se desvinculó accionarialmente en 2006 al asumir la conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, pasó de 680 plazas en residencias de la tercera edad a 2.020 plazas en 2009 cuando dejó esa cartera, y de recibir 11 millones de euros públicos a 40,5 millones. El propio Cotino ha negado este lunes haber intervenido para que eso ocurriera. “Nunca he favorecido a ningún tipo de empresa, ni de mi familia ni de nadie”, ha alegado.
Cotino, que ha comparecido ante la comisión de investigación de las Corts Valencianes que investiga las adjudicaciones al grupo Savia, ha eludido todas las preguntas de los grupos referidas a las grabaciones en las que su sobrino, Vicente Cotino, presidente de Sedesa, la empresa familiar que participa en Gerocentros del Mediterráneo, a su vez integrante de la UTE de Savia, se refería a la entrada de su tío como conseller y calificaba de “puta pena” su marcha. También ha ignorado el hecho de que su sobrino ha confesado en el caso Gürtel haber financiado ilegalmente al PP valenciano.
Tras referirse a la existencia de “informes jurídicos favorables”, Cotino, que además de conseller y vicepresidente de los gobiernos de Francisco Camps, fue presidente de las Corts Valencianes, ha justificado haber firmado incluso algunos de los contratos en su momento en que siempre actuó “en beneficio del bien común, para aplicar adecuadamente la Ley de Dependencia”.
Cotino ha hecho entrega del escrito que recoge el archivo en 2015 de una denuncia presentada contra él por Esquerra Unida por su actuación como responsable de Bienestar Social. La diputada de Compromís Mònica Àlvaro le ha recordado que el ministerio público decidió archivar por la vía penal pero señaló la existencia de “irregularidades administrativas”.
Tanto César Jiménez, de Podemos, como David de Miguel, de Ciudadanos, la propia Álvaro y la socialista Concha Andrés, han intentado que Cotino respondiera a las escandalosas maniobras alrededor de las adjudicaciones reveladas por las grabaciones policiales y a declaraciones anteriores de Rafael Blasco ante la comisión en las que afirmó que el modelo que puso en marcha en 2001 cuando era conseller se “prostituyó” posteriormente.
Con la ayuda de María José Català, del PP, que ha llegado a asegurar que al principio se habló del “modelo Blasco”, después del “modelo Cotino” y ahora debería hablarse del “modelo Oltra”, porque la vicepresidenta de la Generalitat lo sigue aplicando, Cotino ha enfatizado su victimismo: “A veces se dice algo que no es cierto, pero al repetirlo muchas veces se traslada a la sociedad la idea de que lo es”.
