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Universidades y ACPV exigen desterrar la discriminación lingüística a los valencianoparlantes

El documento suscrito marca los principios básicos para garantizar "una igualdad efectiva" de valenciano y castellano "tras 20 años de ataques"

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Ferran Suay y Toni Gisbert

Ferran Suay y Toni Gisbert

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha elaborado un documento "en positivo" con los principios básicos que debe recoger una nueva política lingüística que asegure la "igualdad efectiva" y garantice la no discriminación mediante la inclusión de mecanismos que permitan "la denuncia y en su caso la sanción" y que cuenta con la adhesión de las universidades valencianas: la Universitat de Valencia, la Universitat Politècnica de Valencia, la Universitat d'Alacant y la Universitat Jaume I (La Universitat de Elx se ha excusado por estar en periodo electoral para reelegir su claustro).

El secretario general de ACPV, Toni Gisbert, acompañado por el miembro e la Junta Directiva de ACPV y responsable de Política Lingüística, Ferran Suay, han dado a conocer sus principios básicos en rueda de prensa de este documento base con el que se quiere conseguir "el mismo trato. Ni más ni menos", ha asegurado.

Así, ha señalado que este documento marca los principios básicos para garantizar "una igualdad efectiva" de la lengua para que puedan ser asumidos por las partidos políticos tras las próximas elecciones autonómicas del 24 de mayo en las que habrá "un cambio de ciclo social y político", con independencia de los resultados, que acabará con las mayorías absolutas y exigirá "un diálogo y un consenso".

Al respecto, ha recalcado que "es el momento de hacer un paso adelante en la política lingüística" tras 20 años de "ataques" al valencianso en los que los sucesivos gobiernos del PP en la que las instituciones han actuado "activamente en contra" de la promoción del uso social y en un contexto en el que además "se ha superado la batalla de Valencia" gracias a "una amplia mayoría social" que "no ve problemas en que las dos lenguas reciba un trato igualitario".

En ese sentido, ha incidido en que este documento no se quiere centrar en "los aspectos negativos del pasado, en lo que se ha hecho mal", sino que quiere aprovechar "la oportunidad de un cambio real" porque "la sociedad está suficientemente madura y no sólo entendería esta igualdad efectiva, sino que la apoyaría". "Hay que evitar los conflicto artificiales", ha defendido.

"Superar las buenas intenciones"

Así, el responsable de Política Lingüística, Ferran Suay, ha explicado que las 12 medidas tratan de "superar la dinámica clásica de las buenas intenciones" recogidas en la ley Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV), que "ya nació con muy poca ambición" y que "evidentemente necesita una reforma a fondo".

De hecho, ha señalado que tener un presidente de la Generalitat y una alcaldesa de Valencia que "no hablan en valenciano" ya "denota un fracaso de la política lingüística, si es que el objetivo era promocionar de verdad el uso del valenciano". Y ha puesto varios ejemplos: si una familia quiere a los cines a ver una película en castellano tiene 76 opciones pero en valenciano sólo una.

Suay ha recalcado que ha llegado el momento de pasar "de las buenas intenciones" a medidas que garanticen el cumplimiento de este derecho, lo que "implica también obligaciones", especialmente en administración pública, la sanidad, la justicia o las fuerzas de seguridad.

Así, los principios básicos de este documento recogen reconocer que se necesita una ley nueva porque la actual está "desfasada" y que esta igualdad efectiva afecta "a las personas concretas no a una lengua en abstracto".

Para ello, exige que todo el personal de las administraciones sea competente en las dos lenguas, que fije el deber de al menor conocer de forma pasiva la lengua propia en todos los ámbitos sociales, y que el valenciano sea la lengua vehicular en la enseñanza.

Asimismo, se defiende los medios de comunicación "en valenciano y de calidad" y que se garantice la recepción de "todas las emisoras del resto del área lingüística", que garantice a disponibilidad lingüística en todos los ámbitos no oficiales que ahora no están regulados, como el económico, laboral, servicios, consumo u ocio, así como en la industria cultural.

Por último, apuesta por la integración de los recién llegados, la generalización de la toponimia y onomástica en valenciano, la equivalencia entre las denominaciones de valenciano y castellano, avaladas por 46 sentencias, y una cooperación efectiva con el resto del área lingüística.

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