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La Generalitat Valenciana prepara una ley contra las 'puertas giratorias' de altos cargos

La medida se presenta tras saberse que el ex conseller de Economia del PP ha fichado por una empresa a la que la Generalitat concedió subvenciones

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El conseller Manuel Alcaraz durante su comparecencia en les Corts Valencianes.

El conseller Manuel Alcaraz durante su comparecencia en les Corts Valencianes.

Una ley que regule el Estatuto de los Altos Cargos de la Generalitat que fije "con toda claridad un sistema de incompatibilidades adecuado a la realidad social y política de hoy en día", para de esta forma evitar la práctica de las 'puertas giratorias', es decir, el paso de formar parte de un gobierno a entrar a la dirección de empresas privadas. Así lo ha explicado el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, quien ha incidido que dichas 'puertas giratoria" lo que hacen es "desprestigiar el trabajo de los representantes públicos.

Esta ley se preparará a lo largo de los próximos cuatro años, según ha anunciado el conseller, y se produce precisamente la misma semana en la que se ha conocido que el ex conseller de Economia de Alberto Fabra, Máximo Büch (PP), ha firmado por una empresa naviera a la que la Generalitat Valenciana concedió subvenciones.

Durante su comparecencia en les Corts para informar sobre sus líneas de acción a lo largo de la legislatura, Manuel Alcaraz también ha explicado las principales directrices en las que se centrará su departamento como la transparencia, la participación, la prevención y persecución de la corrupción, y el fomento del autogobierno o la cooperación.

Entre las medidas concretas el conseller ha afirmado que su departamento colaborará en la creación de la Agencia Antifraude y aplicará protocolos de actuación para cuando se reciban denuncias de terceros o a través de funcionarios o de la Inspección General de Servicios.

Alcaraz también ha asegurado que aplicará la ley de Transparencia del PP, aunque ha asegurado que será de "muy difícil aplicación", porque es una ley "envenenada" aprobada en el último pleno de la legislatura pasada y que daba solo seis meses para su aplicación.

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