El gobierno valenciano abre el camino a la expulsión de Barberá del Senado
El pleno del Consell ha acordado este viernes dar su criterio favorable a la Proposición de Ley de modificación de la ley de designación de senadores en representación de la Comunitat Valenciana, presentada por Podemos en Les Corts, que incluye, “llegado el caso”, la posibilidad de revocar un nombramiento.
El Gobierno valenciano ha adoptado este acuerdo “considerando que los senadores y senadoras territoriales obtienen su legitimidad por designación de Les Corts y, por tanto, es justificable que la misma cámara pueda exigir la rendición de cuentas y normalizar la exigencia de la responsabilidad política, incluyendo llegado el caso el ejercicio del mecanismo revocatorio”.
Según ha explicado en rueda de prensa su vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, el Consell considera no obstante “necesario establecer garantías para que el mecanismo revocatorio no esté sometido al albedrío de las mayorías parlamentarias”.
En ese sentido, junto a la concurrencia de causas tasadas, puede exigirse adicionalmente que el grupo parlamentario que propuso la persona designada senadora esté de acuerdo con su revocación, y que la mayoría exigible para aprobar una revocación debería ser una mayoría calificada, por ejemplo, de dos tercios.
El pasado mes de julio, el pleno de Les Corts Valencianes eligió a los seis senadores territoriales para esta legislatura, que son Alberto Fabra y Rita Barberá, a propuesta del PP, Joan Lerma (PSPV), Carles Mulet (Compromís), Luis Crisol (Ciudadanos) y Pilar Lima (Podemos). Podemos pidió en febrero la expulsión de Barberá del senado por su supuesta implicación en la Operación Taula. Esa posibilidad, sin embargo, no se puede impulsar ahora mismo desde el parlamento autonómico.
Respecto a las comparecencias que solicitan los grupos parlamentarios ante las comisiones de Les Corts tengan carácter obligatorio en los mismos términos que en las comisiones de investigación, el Consell considera que la naturaleza del cargo de senador o senadora designado debe implicar la obligatoriedad de ponerse a disposición de Les Corts y rendir cuentas ante estas.
También estima que “sería conveniente por seguridad jurídica” articular un sistema que no pase por asimilar estas comparecencias a las que se solicitan en las comisiones de investigación.
