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La eliminación de la participación real en los Consejos Escolares es un ejemplo de retroceso de la Democracia

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Este jueves, 28 de noviembre, en torno a un millón y medio de valencianos están convocados a participar en unas elecciones: no decidirán quién será el próximo alcalde de su municipio, ni el próximo presidente autonómico, sino algo directamente relacionado con las personas que seguramente más le preocupan, sus hijos. Ese día, los padres y madres de casi 1.800 colegios, institutos y otros centros de la Comunidad pueden decidir quién les representa en el órgano de gobierno de estas organizaciones, el Consejo Escolar. Se trata de una figura con un poder de decisión real en la que están representados todos los sectores de la comunidad educativa, y al que la nueva ley de educación, la LOMCE, los quiere convertir en meros órganos consultivos, en una pantomima de participación desinflada, lo que acabaría con 33 años de trayectoria democrática en la organización y funcionamiento de los centros. 

Seguramente, la mayoría del censo electoral de padres y madres no conoce la capacidad de decisión ni las competencias de control y gestión que tienen los Consejos Escolares, y quizás eso explique que en la Comunidad Valenciana la participación de las familias en estas elecciones ronde el 10%. También eligen a sus representantes este jueves los docentes, el personal de administración y servicios y los alumnos de Secundaria, pero para estos es posible que el día a día en las aulas les haga estar más comprometidos con la participación, pues los porcentajes de voto aumentan significativamente (superan el 80% en el caso del profesorado y resto del personal y está por encima 50% en el del alumnos).

No es la primera vez que un Gobierno del PP intenta eliminar la capacidad de decisión de profesores, alumnos y padres quitando las competencias ejecutivas al Consejo Escolar. Cuando los populares acceden por primera vez al poder en España (1996) se plantean cambiar este modelo de participación amparado por la Constitución, que había establecido la UCD de Suárez en 1980 con la LOECE y en el que habían profundizado los gobiernos socialistas con la LODE (1985) y la LOPEG (1995). De este modo, en 2002, con Aznar en su segunda legislatura como presidente, se aprueba la LOCE y, por primera vez en la reciente historia democrática, se decide que los Consejos Escolares dejen de ser órganos de gobierno de colegios e institutos, pues esa función sólo se reserva al equipo directivo del centro. Sin embargo, esta ley prácticamente no llega a desarrollarse, a causa de la victoria de Zapatero en las elecciones del 2004 y la ley educativa de 2006 (la LOE, actualmente vigente).

Ahora, de nuevo en el poder y con mayoría absoluta, los populares vuelven a intentar instaurar su concepto de educación: la LOMCE (que está a punto de ser aprobada definitivamente en el Congreso de los Diputados) plantea que los centros se rijan como empresas: el director sale enormemente reforzado en sus competencias como figura gestora dependiente de la administración, los centros serán financiados en base a proyectos y cumplimiento de objetivos y la comunidad educativa queda como una voz que puede proponer y opinar, pero a la que nadie tiene el deber de hacer caso.

Pongamos ejemplos concretos del cambio de paradigma. Actualmente, el Consejo Escolar (es decir, los padres, los alumnos, la dirección, los docentes y resto de personal) tiene las funciones de aprobar y evaluar documentos básicos de organización y funcionamiento del centro (proyecto educativo, proyecto de gestión, programación general anual, plan de acción tutorial, plan de convivencia, reglamento de régimen interno…); decidir sobre la admisión de alumnos y fijar cuáles son las directrices para colaborar con otras organizaciones con fines educativos (como el ayuntamiento u otros centros y entidades).  

Cuando se apruebe la LOMCE, la participación perderá todo su contenido: la ley elimina cualquier palabra que suene a poder de ejecución, de forma que se pasa de “decidir”, “aprobar” o “fijar” a los conceptos de “proponer”, “informar”, “analizar”, “valorar”… Así, la comunidad educativa ya no aprobará (o rechazará) los importantes documentos antes mencionados, que suponen decidir y gestionar el centro tanto en su proyecto general como en su ejecución año a año, en múltiples aspectos como horarios, concreciones del currículum de áreas y materias, actividades complementarias, cuestiones disciplinarias, presupuesto anual, comedor… Ahora, los consejeros escolares tendrán voz, pero no voto real.

No sabemos si la LOMCE será una nueva LOCE que no llegue a aplicarse, posibilidad en la cual deposita sus esperanzas la inmensa mayoría de la comunidad educativa y los partidos de oposición, pues es sabido el rechazo frontal que la ley está teniendo en la calle y en el parlamento. La LOMCE, cuyo calendario de aplicación comienza el próximo curso, entrará en vigor de forma escalonada, por lo que no se sabe a ciencia cierta cuándo se empezará a aplicar lo relativo a los Consejos Escolares. A esto hay que sumar que en 2015 tenemos elecciones generales y que si de ellas sale un gobierno de otro color la ley será derogada, como ya ha prometido la oposición.

En el caso de que la norma entre efectivamente en vigor, ¿qué ocurriría en los Consejos Escolares? Todo va a depender del talante, la profundidad de las convicciones democráticas y valentía del director del centro (que es el presidente del Consejo). Habrá directores (y algunos ya lo están anunciando) que continuarán basando muchas de las decisiones sobre la gestión educativa en lo que la comunidad realmente quiera, de forma que las actas oficiales reflejarán votos consultivos, pero en la práctica se estará actuando conforme al modelo de democracia participativa efectiva.

No obstante, en muchos otros lugares, donde la dirección no quiera o no se atreva a apostar en ese sentido, la palabra de los representantes en cada Consejo se convertirá en un predicar en el desierto. El peligro es que los consejeros no quieran ser cómplices de la farsa y declinen acudir al órgano. Seguramente es lo que persigue esta administración: dejar morir la participación por inanición y por hastío, y luego tener la excusa perfecta para justificar sus actos porque los ciudadanos no están interesados en esta forma de tomar las decisiones, por mucho que los “progres” se empeñen. Ya lanzó un globo sonda el exconseller Font de Mora en 2009, cuando tras unas elecciones a Consejos Escolares en la Comunidad declaró a un periódico que el escaso 8% de participación del sector padres/madres en aquella ocasión suponía que “la legitimidad democrática de los elegidos quede cuestionada por su escasa representatividad”.

La falta de participación social les viene de perlas para justificar la demolición de la democracia real. Sin embargo, la cada vez más baja asistencia a las urnas para votar a los políticos cada cuatro años no la utilizan como argumento para eliminar esos comicios, pues de ellos viven… ¿o quizás sí lo harán? Cuidado. Así se empieza a caminar hacia las dictaduras.

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