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Cuando el gobernador del Banco de España es un hombre de negro

La última propuesta del Banco de España rebasa una tradicional línea roja del mercado laboral español

Ander Iñaki Oliden

No ha sido la primera, ni será tampoco la última. La apuesta de Luis María Linde por permitir sueldos por debajo del salario mínimo interprofesional para algunos trabajadores ha supuesto una vuelta de tuerca más en la particular escalada de recomendaciones iniciada por su antecesor, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en materia de empleo.

Los consejos sobre mercado laboral y pensiones se han incorporado en los últimos años a la batería de recomendaciones del Banco de España, como si de un miembro más de la troika se tratara, a pesar de ser materias aparentemente lejanas a las competencias del supervisor bancario. Si muchas de las propuestas de Fernández Ordóñez resultaron polémicas en su momento, la última sugerencia de Luis María Linde ha rebasado una línea roja hasta ahora infranqueable: el suelo de los salarios o, lo que es lo mismo, qué marca o no una remuneración “digna”.

Sindicatos y miembros de los distintos gobiernos calificaron en su momento de intromisiones las propuestas de Fernández Ordóñez aunque buena parte de ellas fueran finalmente adoptadas. En sus críticas no han faltado alusiones al hecho de que, mientras el supervisor bancario realizaba sugerencias en materia laboral o de pensiones, no aplicaba el mismo celo a la hora de evaluar la situación de un sistema financiero tambaleante.

Moderación salarial y abaratamiento del despido

Miguel Ángel Fernández Ordóñez (conocido como MAFO), que tomó posesión del cargo de gobernador en julio de 2006, no tardó en marcar cierta distancia con el Gobierno del que había formado parte como secretario de Estado de Hacienda. En octubre de ese mismo año, MAFO sugería ya al Ejecutivo socialista que aplicara “reformas laborales más ambiciosas”, aunque, eso sí, “con paz social”.

Las llamadas a la paz social irían poco a poco diluyéndose hasta adoptar una postura de enfrentamiento abierto con los sindicatos e incluso con miembros del Gobierno socialista. El salto cualitativo llega en febrero de 2009. Con el paro acercándose al 16%, el gobernador del Banco de España, que había pedido ya desligar los incrementos salariales del IPC, apuesta abiertamente por abaratar el despido. En un acto en Zaragoza, MAFO califica la protección al trabajador (entonces 45 días por año) de “ineficiente”, “desincentivadora de nuevas contrataciones” y contraria a “la creación de empleo y el crecimiento de empresas más competitivas”. Frente a ello, reclama una reforma “profunda urgente e imprescindible” del mercado laboral.

“No debemos ir por ese camino”, advierte el presidente del Gobierno un día después al tachar de “neoconservadoras” las propuestas que “pretenden adelgazar el Estado del Bienestar”. El ministro de Trabajo de la época, Celestino Corbacho, recuerda a MAFO que el problema más grave de la economía española no está en el mercado laboral, sino en la falta de liquidez. “El gobernador del Banco de España no debe estar ausente en ese análisis”, señala. Los sindicatos cuestionan que Fernández Ordóñez se preocupe por el mercado laboral mientras la banca mantiene cortado el grifo del crédito.

Retrasar la edad de jubilación

Dos meses después, en una comparecencia ante la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, el organismo parlamentario encargado de consensuar las reformas de las pensiones, MAFO genera un terremoto aún mayor. “Hay que tocar muchas teclas y rápido para evitar una situación traumática en las pensiones”, asegura. En medio de un discurso catastrofista sobre las cuentas de la Seguridad Social y tras reconocer que la cuestión no era de su competencia, el gobernador apuesta por retrasar la edad de jubilación, restringir las prejubilaciones e incrementar las bases de cotización.

Celestino Corbacho encaja peor el segundo golpe en dos meses y carga contra MAFO con una advertencia clara: “Que sea la última vez”. Zapatero, por su parte, tacha de “superficiales” las opiniones del gobernador del Banco de España en una reunión a puerta cerrada del Comité Federal del PSOE en la que eleva el tono de las críticas.

Las llamadas a reformar las pensiones y a aplicar cambios en el mercado laboral se convierten a partir de entonces en una especie de mantra para MAFO junto a la petición de recortar el déficit. En octubre de 2009 el responsable del supervisor bancario afirma que “un cambio rápido y profundo” en el mercado de trabajo acortará la crisis. Toxo y Méndez responden pidiendo al gobernador que “no se meta donde no le llaman”.

En noviembre, el entonces presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, hace suyas las propuestas del gobernador. Al fin y al cabo, Fernández Ordóñez actúa como un miembro más de la troika (el trío está formado por el BCE la Comisión Europea y el FMI).

Llegan las reformas

En mayo de 2010, dos días después de que Grecia pidiera el rescate y con los mercados buscando un nuevo objetivo, MAFO asegura que “España dista mucho de ser Grecia, pero debe sacar lecciones”. El día 12, Zapatero anuncia en el Congreso el paquete de recortes que cambiaría el rumbo de su Gobierno. Las propuestas del Banco de España eran escuchadas. Fernández Ordóñez considera lo anunciado una “buenísima noticia”, pero quiere más: “Hay que cumplirlo y tomar medidas serias pronto”, asegura.

En junio, Zapatero aprueba su reforma laboral con el abaratamiento del despido como medida estrella. “Estoy muy feliz de que se haya aprobado la reforma”, asegura Fernández Ordóñez en el Congreso, para acto seguido poner en duda algunas de sus medidas: “Lo más cuestionable es la imposición de nuevos límites a la temporalidad”.

MAFO no tarda en volver a la carga con sus propuestas en materia de pensiones. La negociación en el Pacto de Toledo está atascada y el gobernador reclama en noviembre de 2010 una reforma ambiciosa y urgente. “Es una de las claves para tranquilizar a los mercados financieros”, explica. Su propuesta pasa por elevar al menos dos años la edad de jubilación e incrementar el periodo de cálculo de la pensión. La reforma llegará en julio de 2011. La jubilación se retrasa hasta los 67 años.

Para entonces, a Miguel Ángel Fernández Ordóñez se le han multiplicado los problemas en el sector financiero. La CAM está a punto de ser intervenida y la nacionalización de Novagalicia, Catalunya Caixa y Unnim será una realidad poco después. A pesar de ello, y mientras sigue recetando “recortes enérgicos” del gasto a las administraciones públicas, Fernández Ordóñez tiene tiempo para lanzar una propuesta más. En febrero de 2012, con la reforma laboral del PP recién aprobada y el despido aún más barato, MAFO apuesta por la “devaluciación interna” para salir de la crisis. Su idea se traduce en el ámbito laboral en una bajada de salarios “para recuperar la competitividad perdida”

Linde toma el relevo

Con dos reformas laborales y otra de las pensiones ya ejecutadas, Luis María Linde parecía tener un menor margen para realizar propuestas en ambas materias. Sin embargo, desde su llegada al puesto de gobernador en junio de 2012, sus declaraciones y los informes del Banco de España lo desmienten.

Poco después de acceder al puesto, Linde reclama al Gobierno una decisión “grave y muy importante” sobre la actualización de las pensiones respecto a la inflación interanual. Sus referencias a la cuestión son permanentes hasta que el Gobierno adopta una decisión. Y la advertencia es clara: “Si hay medidas que incrementan el gasto, habrá que tomar otras compensatorias que lo reduzcan”.

En enero de este año, el Banco de España insiste en una de las tradicionales banderas de Fernández Ordóñez. En su boletin mensual, reclama desligar salarios e IPC. El documento considera “de vital importancia” para crear empleo que la inflación no se incorpore a la negociación colectiva. En marzo, la institución vuelve a exigir más medidas para acelerar la moderación salarial. El pasado viernes, en su informe anual, llegan sus propuestas más duras hasta la fecha: plantear salarios por debajo del mínimo interprofesional para los jóvenes y acelerar la entrada en vigor de la jubilación a los 67 años.

El Gobierno socialista siempre rechazó las propuestas más duras de Fernández Ordóñez, aunque finalmente acabó aplicando sus recetas. De momento, el Gobierno de Rajoy también ha marcado distancias con la última sugerencia de Linde.

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