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El presidente del CSN será juez y parte en el futuro del basurero nuclear

Como secretario de Estado de Energía, Fernando Marti firmó la resolución por la que el Gobierno decidió ubicar la instalación en Villar de Cañas (Cuenca)

Ahora, como máximo responsable del Consejo de Seguridad Nuclear, podría tener que inhibirse en los dos informes vinculantes que debe aprobar el regulador atómico

El pleno del organismo tiene que pronunciarse sobre la autorización previa del emplazamiento y el permiso de construcción del ATC que ha solicitado Enresa

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Martí (CSN) y tres nuevos consejeros asumen sus cargos de "gran responsabilidad"

Fernando Marti, en su etapa como secretario de Estado de Energía. EFE

"Para acabar las cosas, hay que empezar a hacerlas". Es probable que el actual presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti Scharfhausen, tenga presente estos días esa cita, recogida en el libro Camino, de José María Julián Mariano Escrivá Albás, más conocido como Josemaría Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei.

Marti, que como varios miembros del actual Gobierno es una persona muy cercana a esa organización religiosa, se va a ver en los próximos meses ante una delicada situación, ya que el organismo que preside va a tener que decidir sobre un asunto que le concierne directamente por su responsabilidad anterior en el Gobierno como secretario de Estado de Energía: el futuro del almacén temporal centralizado (ATC) que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) promueve en Villar de Cañas (Cuenca).

Marti, primer secretario de Estado de Energía del Ejecutivo de Mariano Rajoy (puesto que ocupó durante algo menos de un año, hasta su destitución en diciembre de 2012, cuando fue recolocado en la presidencia del CSN), fue el firmante de la resolución del Ministerio de Industria por la que el Gobierno decidió adjudicar la ubicación de esa instalación a esa localidad conquense, que era la peor candidata desde el punto de vista geológico. 

La resolución, con fecha 18 de enero de 2012, daba publicidad al acuerdo previo del Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2011 (el mismo en el que se decidió el nombramiento de Marti como secretario de Energía) por el que el Gobierno seleccionó el emplazamiento para ubicar el basurero nuclear. El que fuera vicepresidente de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) también estaba al frente de la Secretaría de Estado de Energía cuando Enresa compró los terrenos de Villar de Cañas. Y aquí vendría a colación otra cita al alma máter del Opus, en este caso de su colección de aforismos Forja, que reza así: "¡No me seas comodón! No esperes el año nuevo para tomar resoluciones: todos los días son buenos para las decisiones buenas".

Incompatibilidad "flagrante"

Fuentes jurídicas consideran que, teniendo en cuenta que va a pasar de jugador a convertirse en árbitro, Marti tendría que inhibirse en las deliberaciones del pleno sobre los dos permisos (autorización previa y de construcción) que ha solicitado Enresa para alumbrar el ATC. Si, desde el punto de vista ético, la incompatibilidad es "flagrante" (y así lo reconocen fuentes internas del regulador nuclear), las fuentes consultadas interpretan además que Marti debería inhibirse en esos dos procesos, por ser juez y parte en este asunto. "El que firma responde, y en caso de que la resolución produjera daños, el responsable sería él", tal y como ha ocurrido con el almacén de gas Castor, resumen esas fuentes.

El estatuto del CSN es poco taxativo en materia de incompatibilidades del presidente y los miembros del consejo. Se remite a la Ley 5/2006, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, que en su artículo 7.1 establece que "quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, o familiar dentro del segundo grado y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público".

Asimismo, entre las causas generales de abstención que establece la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y que pueden dar lugar a la recusación de una autoridad pública, se encuentra la de "tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél". Esa norma establece, entre otras cosas, que "la no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad".

Sin comentarios

El CSN, que no ha querido hacer ningún comentario sobre este asunto, está tramitando actualmente por separado dos autorizaciones del ATC. La de emplazamiento, que es la que está más avanzada (se prevé que el CSN se pronuncie en este primer semestre), trata de analizar la calidad e idoneidad de los terrenos, que los técnicos del organismo ya han cuestionado al solicitar a finales del año pasado múltiples aclaraciones a Enresa, tal y como adelantó eldiario.es. Ambas autorizaciones deben sustanciarse en sendos informes aprobados por el pleno que, al igual que cuando se trata de permisos relativos a centrales nucleares, son vinculantes si su valoración es negativa.

La decisión final sobre la multimillonaria instalación, cuyo presupuesto, de momento, ronda los 1.000 millones de euros, la tiene que tomar el Ministerio de Industria, aunque debe "tener presente la posición del Consejo de Seguridad Nuclear" en sus informes, tal y como recordó el pasado viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a la que se atribuye la caída en desgracia, hace una semana, del presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega.

Considerado cercano a la secretaria general del PP y presidenta castellano-manchega, María Dolores de Cospedal (ideóloga de la decisión política de ubicar el ATC en Villar de Cañas), el dimitido Gil-Ortega estaba empeñado en adjudicar, en pleno año electoral, la obra principal de la infraestructura sin contar con el visto bueno del CSN y del Ministerio de Medio Ambiente, cuya aprobación de la instalación a través de la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental se presupone, si cabe, más problemática tras el precedente de Castor.

El mes pasado, el juzgado de Instrucción 4 de Vinaròs (Castellón) imputó a cuatro miembros del Instituto Geológico y Minero Español (IGME), a dos ex directores generales del Ministerio de Industria y a otros tres cargos del Ministerio de Medio Ambiente (entre ellos otra directora general) por presuntos delitos de prevaricación medioambiental, contra el medio ambiente y los recursos naturales. Y en los despachos de Medio Ambiente todavía tienen este caso "sobre la piel", ilustra una fuente conocedora del proceso.

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