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España consigue la décima... demanda internacional por el tajo a las renovables

Un nuevo fondo acaba de presentar en el Banco Mundial otra demanda por los recortes a la retribución en la energía solar por dos plantas en Extremadura y Andalucía

Por ahora las demandas se acumulan en plantas solares pero será la eólica la tecnología más perjudicada

El Real Decreto que certificaba el tajo debería haberse aprobado por el consejo de ministros el pasado viernes pero fue suspendido inexplicablemente

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Gemasolar

Gemasolar es una de las plantas que ha planteado la demanda internacional.

Ya son al menos diez las demandas internacionales que se acumulan contra el Reino de España en las cortes de arbitraje internacional. Los inversores que apostaron por las energías renovables en España no están dudando a la hora de presentar demandas contra el Estado español por el anunciado tajo a las renovables. La última demanda presentada ayer mismo la ha interpuesto un fondo de inversión internacional, originalmente propiedad del banco HSBC pero que ahora pertenece a inversores independientes. El fondo invirtió en dos plantas termosolares en Morón de la Frontera (Sevilla) y Olivenza (Badajoz). Las plantas se construyeron en una jointventure con Acciona e Idom y según revela la web de la firma, con una inversión que superó los 500 millones de euros. 

Para poder presentar una demanda en una de estas cortes (la de ayer está en el Ciadi, el organismo de arbitraje del Banco Mundial) la empresa no puede ser española, aunque sí tener intereses en España. Esta es la razón por la que la lluvia de demandas no es tan abultada como debería, teniendo en cuenta que todos los que inviertieron en tecnologías renovables está afectados por el recorte. Hasta ahora, los demandantes había invertido en plantas solares, pero el borrador que ha circulado en el sector apunta a que será la eólica la tecnología más penalizada. Sin embargo, los propietarios de eólica son en su mayoría empresas españolas (Acciona, Iberdrola...) por lo que debería ser algún fondo internacional presente en su capital el que presentara la demanda. Se estima que la inversión internacional de renovables en nuestro país asciende a los 17.000 millones de euros.

Hasta ahora, la mayoría de las firmas que habían demandado habían contratado a despachos de abogados internacionales para sus defensas, encabeza por Allen & Overy. Sin embargo, esta última firma ha apostado por fichar a un despacho español de reconocido prestigio: Cuatrecasas. En julio del año pasado, según publicó Reuters once inversores internacionales enviaron una carta a Mariano Rajoy advirtiéndole del riesgo de esta ley. Los firmantes Ampere Equity Fund, AES Solar, KKR, RREEF Infrastructure, MEAG, KGAL, Infrared Capital Partners, HG Capital, Eiser Infrastructure Partners, Cube Infrastructure y Antin Infrastructure Partners, pedían al presidente frenar esta reforma. Solo un puñado de estos firmantes ha presentado ya demandas lo que apunta a que aún quedan otras muchas más por llegar.

Al ser la tecnología solar la que hasta ahora acumula más demandas, es también una zona de España la más afectada: Extremadura y Andalucía. Sobre ambas comunidades pende la amenaza de que estos inversores se vayan con sus inversiones millonarias. Ayer mismo el Tribunal Constitucional aceptó dos recursos de estas dos comunidades autónomas contra la ley de reforma del sector eléctrico que ha presentado el Ejecutivo y que ampara el recorte en retribución de las renovables como fórmula para acabar con el déficit de tarifa. Sin embargo, el Real Decreto que articularía este recorte y la orden ministerial que fijarían los tajos tecnología por tecnología, no acaban de ver la luz.

Este pasado viernes se esperaba que el consejo de ministros hubiera aprobado el RD pero se abortó, por sorpresa, su aprobación. Algunos medios aseguran que porque la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, ha echado para atrás el borrador.

Sea como fuera, la presión internacional sobre España comienza a ser insoportable para un país del primer mundo. España está en el grupo de países como Venezuela o Argentina que más demandas presenta, lo que pone en cuestión la seguridad jurídica que ofrece el país a los inversores.

Las demandas anteriores

La última demanda interpuesta en el Ciadi, hace apenas unos días, era del firma Nextera, con dos plantas termosolares en Extremadura. Anteriormente, Masdar el brazo financiero de Abu Dabi, había también puesto una denuncia. Masdar participa en la sociedad  Torresol al 40% con la empresa de  ingeniería Sener. Torresol está centrada en la energía solar por concentración: tiene la planta  Gemasolar en Sevilla –inaugurada en octubre de 2011 por el rey Juan Carlos–, además de otras dos plantas –Valle 1 y Valle 2– en San José del Valle (Cádiz).

La denuncia de Masdar llega al CIADI después de las del fondo vinculado al Deutsche Bank  RREEF Infrastructure; la del fondo relacionado con el BNP  Antin Infrastructure Services Luxembourg; y la del fondo británico  Eiser –creado por el banco holandés ABN Amro–, que opera en España con  Elecnor. Las tres fueron registradas a finales de 2013, entre noviembre y diciembre.

A las denuncias recibidas por el Banco Mundial, hay que añadir tres registradas ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Estocolmo  (SCC Institute) entre febrero y julio de 2013:  Isolux Infrastructure Netherlands, la filial de  Abengoa CSP Equity Investments y las sociedades de inversión Charanne y Construction Investment.

Además, desde noviembre de 2011 hay presentada una novena denuncia ante  Uncitral (Comisión de Naciones Unidas sobre derecho internacional). Esta demanda se registró tras el recorte socialista a las renovables –establecía un máximo de 25 años para las primas–, previo a las medidas del PP, y fue efectuada por PV Investors, un grupo de 16 inversores en energías renovables.

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