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Economía abre expediente por blanqueo de capitales a una empresa que administró Luis de Guindos

De Guindos, obligado a inhibirse por un conflicto de interés, al haber estado vinculado a la firma en los dos años anteriores a su nombramiento

El expediente es confidencial, aunque Endesa, BMN, Logista, Unidad Editorial y PwC, a las que estuvo vinculado en ese periodo, niegan tener abierto un procedimiento de estas características

Antes de llegar al Gobierno de Rajoy, De Guindos también fue consejero de una compañía biotecnológica participada por la Junta de Castilla y León que acaba de entrar en concurso de acreedores

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Luis de Guindos. EFE

El ministro de Economía, Luis de Guindos, se ha visto obligado a inhibirse en un expediente sancionador incoado por la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), dependiente del Ministerio, por blanqueo de capitales.

El control del blanqueo de capitales depende del ministerio de Economía, y debería ser el ministro el que ratificara la decisión final sobre la posible sanción a esta empresa, con un expediente abierto con número de referencia AM/20005/2015. La razón para no estampar su firma en la sanción es que ha mantenido una relación profesional con la empresa expedientada en los dos años anteriores a su toma de posesión como ministro. Su sustituto en el proceso es el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, según consta en un Real Decreto de Presidencia del Gobierno publicado el jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El abanico de empresas a las que podría afectar este procedimiento es relativamente amplio, dada su intensa actividad profesional antes de ser nombrado ministro por Mariano Rajoy. En los dos años previos a su nombramiento, y según el Registro Mercantil, fue consejero de la eléctrica Endesa, del banco BMN, del grupo Logista, de Unidad Editorial (editora del diario El Mundo, entre otras publicaciones), y de una compañía biotecnológica vallisoletana, TCD Pharma. También fue director del Centro PwC/IE del Sector Financiero, creado por la auditora y la escuela de negocios para analizar los retos del sector financiero ante eventuales crisis. 

A preguntas sobre este asunto, fuentes de Endesa, de Logista, de PwC y de BMN niegan tener abierto un expediente de esta naturaleza por parte del Sepblac. Fuentes del consejo de administración de Unidad Editorial también descartan formar parte de una investigación por blanqueo de capitales.

Los ministerios de Economía y Hacienda rechazan precisar a qué empresa administrada en el pasado por De Guindos afecta el expediente, ya que las actuaciones del Sepblac son confidenciales. Sólo se hará público su nombre en el caso de que la infracción detectada sea calificada como "grave" o "muy grave". Si es "leve", será mantenida en secreto, explican en Economía. Será Montoro, y no De Guindos, quien determine la gravedad de la sanción.

No ha sido posible contactar con TCD Pharma, cuyo nombre completo es Traslational Cancer Drugs Pharma SL y que desde septiembre pasado está en concurso de acreedores. De Guindos fue consejero de esta empresa hasta noviembre de 2010, según la información del registro. Tampoco ha sido posible contactar con su administrador concursal desde septiembre, Santiago Vegas.

La empresa tiene como accionista a Sodical, un fondo de capital riesgo cuyo mayor accionista es la Junta de Castilla y León, comunidad autónoma gobernada por el PP desde 1987. Sodical, con la que no ha sido posible contactar, inyectó 1,5 millones de euros en TCD Pharma en enero de 2012, según recoge la web de la empresa biotecnológica, y se mantiene como accionista, de acuerdo con la web de Sodical. El director general de esta última, Manuel Fernández, era miembro del consejo de administración de la biotecnológica. La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta, de la que depende la agencia autonómica que participa en esa firma de capital riesgo, dice que el nuevo Gobierno regional todavía tiene pendiente nombrar a un consejero en Sodical y que no tiene información sobre este asunto.

El decreto, el primero de esta naturaleza que se publica en el BOE, especifica que De Guindos se ha tenido que inhibir al estar incurso en el supuesto de conflicto de interés que estipula el artículo 11.2)e de la  Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado: el ministro tiene "intereses personales" en este asunto porque concierne a "personas jurídicas o entidades privadas a las que el alto cargo haya estado vinculado por una relación laboral o profesional de cualquier tipo en los dos años anteriores al nombramiento".

El organismo que investigó a Rato

El Sepblac es la principal unidad de Inteligencia Financiera de España. Cuenta con una plantilla de 85 personas, integrada mayoritariamente por policías, guardias civiles e inspectores de Hacienda y del Banco de España. Es el organismo que destapó los supuestos delitos fiscales del exvicepresidente del Gobierno, expresidente de Bankia y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). No consta que De Guindos, que en su momento fue una persona muy cercana a Rato, se abstuviera en ese proceso. La ley obliga a los altos cargos a hacerlo cuando se trate de "personas con quien tengan amistad íntima o enemistad manifiesta".

El Sepblac analiza de oficio las comunicaciones de operaciones sospechosas que tienen que realizar las entidades obligadas por la actual ley antiblanqueo (de 2010) por operar en sectores especialmente sensibles: bancos, aseguradoras, empresas de envío de dinero, inmobiliarias, casinos, registradores de la propiedad, abogados o notarios, entre otros "sujetos obligados". Concluido este análisis, si hay indicios de criminalidad en las operaciones, el Sepblac, que también puede actuar de oficio, elabora informes de inteligencia financiera que remite a los Cuerpos Policiales o a la Fiscalía.

Tejerina también se inhibe por un decreto que afecta a Fertiberia, su antigua empresa

El BOE del pasado jueves también recogía la inhibición de otro miembro del Consejo de Ministros por otro conflicto de intereses. Se trata de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que ha tenido que inhibirse por primera vez por la aprobación de una normativa que afecta directamente a la empresa de la que era directiva antes de incorporarse al ministerio, Fertiberia.

Tejerina "ha considerado procedente abstenerse del ejercicio de la competencia de aprobación" de un proyecto de Orden Ministerial por el que se modifica el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. Un asunto que afecta de lleno a Fertiberia, la principal empresa española de fertilizantes, propiedad del empresario y exministro Juan Miguel Villar-Mir, propietario y presidente de la constructora OHL.

Tejerina fue nombrada ministra en abril del año pasado en sustitución de Miguel Arias Cañete, nombrado cabeza de lista del PP a las elecciones europeas de mayo y, a la postre, comisario europeo. Antes de su nombramiento como secretaria de general de Agricultura y Alimentación del ministerio, Tejerina había sido directora de Planificación Estratégica de Fertiberia y consejera de su filial argelina, Fertial. De ahí el conflicto de interés.

El sustituto de Tejerina para dar vía libre a la aprobación de la orden será el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso. La orden de Agricultura modifica los anexos I, II, III, IV y VI del citado real decreto, que regulan, entre otros aspectos, los tipos de fertilizantes, su identificación y etiquetado, los márgenes de tolerancia (niveles máximos de toxicidad) y los métodos de análisis. A preguntas sobre este asunto, el ministerio no hace comentarios.

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