El Gobierno provoca el caos en los ministerios al cerrar el grifo del gasto en julio
El Gobierno ha cortado el grifo al gasto del Estado central. La amenaza de la multa de Bruselas a España por el incumplimiento de déficit ha hecho que el Ejecutivo adelante el cierre del presupuesto de los ministerios al 20 de julio. Esta medida que suena burocrática tiene efectos a pie de calle: en los últimos días algunos ministerios se han visto inmersos en un auténtico caos para poder aprobar inversiones, jornadas, becas, o programas. Todo lo que no hubiera comenzado un proceso administrativo y recibido el visto bueno el pasado 20 de julio, no existe.
Los funcionarios recibían la semana pasada la noticia de que tenían que tener los expedientes de aprobación de gasto tramitados antes del 20 de julio. Con un pie en las vacaciones de verano y las plantillas menguadas, la Administración central se las ha visto y deseado para lograr preparar estos expedientes con tareas agendadas pero que no habían iniciado su proceso administrativo. En los ministerios con más capacidad de gasto la noticia ha caído como una auténtica bomba.
El profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza Alain Cuenca explica que este cierre precipitado de los presupuestos afecta a todos los gastos que no son recurrentes. Es decir, no afectaría a las prestaciones por desempleo, las pensiones, o el gasto en electricidad o papel de los ministerios. Sí cercena muchas actividades que tuvieran intención de hacer. “Una obra, una contrato, una inversión, un programa de becas... Lo que no esté en la contabilidad el día 20 de julio se bloquea. En algunos casos se pasará al año siguiente y en otros ese gasto sencillamente no se ejecutará”, dice el experto.
El Gobierno publicó la orden en el Boletín Oficial del Estado el día 14 de julio y dio solo seis días a los ministerios para ajustar sus cuentas. Esa premura es la que ha ocasionado el revuelo, especialmente en las carteras que concentran más gasto público, como Empleo, Fomento o Asuntos Sociales. Si, además, el interventor del ministerio advertía de algún error en un expediente y lo echaba para atrás, es probable que no haya dado tiempo a solucionarlo.
Cabe recordar que el gasto público está muy ligado a programas sociales y educacionales. Campañas de sensibilización y otra serie de herramientas públicas quedarán cercenadas por esta medida.
Sin capacidad de negociar con el nuevo Gobierno
Aunque este cierre apresurado no afecta al pago de las prestaciones por desempleo, que seguirán abonándose sea cual sea el número de personas que sigan teniendo derecho a ellas, sí condiciona el sistema de protección. “A partir de agosto vamos a tener mucha dificultad para hablar de cualquier medida que implique gasto, como una nueva prestación o un cambio en la protección social. El Gobierno se va a escudar en que no puede hacerlo”, explica el secretario de Acción Sindical de UGT, Gonzalo Pino. Esta premisa puede, por tanto, descafeinar aún más el diálogo social que el futuro Gobierno podría abrir con sindicatos y patronal.
El catedrático de Hacienda Pública en la Universidad del País Vasco Ignacio Zubiri considera que el impacto de esta medida será limitado porque hay muchos gastos “endógenos” que tendrán que seguir pagándose. “En cualquier caso va a ser un ahorro desordenado, no planificado, y que es una especie de reconocimiento por parte del Gobierno de que lo ha hecho mal, de su propia incapacidad”. El Ejecutivo sí podrá reabrir el grifo puntualmente para cualquier gasto extraordinario, que podrá aprobar en Consejo de Ministros.
Coincide con la Autoridad Fiscal Independiente (Airef), que ve difícil estimar el impacto de esta medida. El Ejecutivo la ha valorado extraoficialmente en 1.000 millones de euros. A este recorte cabría sumar los otros 2.000 millones de euros de no disponibilidad que el Gobierno impuso en mayo, cuando dio a conocer la desviación del déficit de 2015 (un 5,1% frente al 4,2% exigido por Bruselas). La Airef dice que le ha pedido al Ejecutivo que le desagregue las partidas afectadas por esta medida, algo que no ha conseguido.
Ninguna de las dos medidas es suficiente para compensar la caída de ingresos del Estado por la rebaja de impuestos que se llevó a cabo en 2015 que se estima en 7.000 millones de euros y es una de las principales razones que alega Bruselas para el incumplimiento (deliberado) del déficit el año pasado.
Para intentar recuperar parte de los ingresos perdidos, Cristóbal Montoro ha puesto sobre la mesa una subida de la retención que se le hace por adelantado a las empresas del pago del impuesto de Sociedades y que en la reforma fiscal se había bajado al 12% (lo que desplomó los ingresos). Ahora pretende elevar esa retención al 20% y con ello recaudar un extra de 6.000 millones de euros para este año.
De nuevo está en duda que está propuesta se pueda cumplir ya que un Gobierno en funciones no puede aprobar esta medida y cuando lo haga el impacto definitivo que podrá tener en las arcas públicas en este ejercicio será muy limitado. Tampoco se han implementado ninguna medida para mejorar los ingresos de la Seguridad Social que según los cálculos de la Airef será el año que viene de un 1,6%, algo más de un tercio del agujero de las cuentas públicas.
