El Gobierno saca adelante una tarifa provisional de la luz sin explicar cómo será la nueva

Un trámite. Así ha sido la convalidación del precio de la luz para el primer trimestre, con una subida del 2,3%, a su paso por el Congreso de los Diputados. Hasta tal punto ha sido un trámite, que la intervención del ministro, de 9:23 minutos, ha sido más corta que la de algunos portavoces de la oposición. Pero no sólo corta en tiempo, sino también en información: se ha limitado a repetir la exposición que hizo en la Comisión de Energía el jueves pasado, un relato de acontecimientos desde la subasta, anulada, del 19 de diciembre. Pero sin arrojar luz sobre lo que ocurrió exactamente aquel día, en el que se fijó una subida de la luz del 11%, que entonces calificó de “burda manipulación”.

Un trámite: 174 síes, 133 noes y 22 abstenciones. Soria sabe que dispone de la mayoría absoluta del PP, y también porque ha contado con la abstención de CiU y PNV. Lo cual no ha sido óbice para que el jueves pasado los nacionalistas catalanes –que votaron a favor de la ley del sector eléctrico– calificaran de “nefasta” la política del ministro, mientras los nacionalistas vascos tildaran de “metajurídicos” los argumentos de Soria para justificar la anulación de la subasta, por la cantidad de incógnitas que quedan por despejar.

Así, Josep Sánchez Llibre, de CiU, ha considerado que el decreto “va en la dirección de favorecer a los consumidores”, a los que se evita una “subida escandalosa” del precio de la electricidad, pero ha opinado que el Gobierno podría haber tenido más “alma social” y haber situado el incremento en el entorno de la inflación (0,3%) o incluso bajar el precio, visto que “se está casi entrando en deflación”. Además, ha reclamado más explicaciones sobre por qué no se tomaron medidas preventivas, visto lo que sucedía desde principios de diciembre, o por qué Industria no fijó un precio de salida inferior dado que la subasta es a la baja. Asimismo, ha pedido más datos sobre la decisión de la CNMC de invalidar la subasta y ha preguntado al ministro si se “precipitó” al hablar de “manipulación”.

Por parte del PNV, Pedro Azpiazu ha tachado el decreto de “controvertido y polémico”, ha lamentado que el precio suba (aunque menos de lo previsto) en lugar de congelarse o “incluso bajar”, y ha criticado que aún no se conozcan los motivos reales de la suspensión de la subasta ni ningún detalle sobre el mecanismo definitivo en el que trabaja el Gobierno. “Hemos asistido a un auténtico culebrón”, ha llegado a decir, achacando lo sucedido a la tensión acumulada durante la negociación con las empresas energéticas de la Ley del Sector Eléctrico, y señalando que la cercanía de las elecciones europeas han motivado la “metedura de pata” de suspender una subasta que “no funciona adecuadamente” y que, por tanto, debería ser “corregida cuanto antes”.

“Apagar fuegos con gasolina”

El socialista José Segura ha abogado por la “alternativa” a este decreto de la “congelación de precios” durante el primer trimestre del año, una “medida provisional para una etapa de provisionalidad”. Además, ha advertido de dos “inconsistencias” del decreto: las dudas que la decisión del Ejecutivo de suspender la subasta generará en los operadores a partir de ahora, con la posibilidad incluso de que no acudan a futuras subastas; y los “riesgos” para las comercializadoras por la fijación de un precio “artificial”.

Finalmente, ha acusado al ministro de estar intentando “esconder la subida” de la luz a los consumidores, señalando que por eso no se han publicado aún los precios de los peajes para este año a pesar de que tenían que entrar en vigor el 1 de enero.

La portavoz de Energía de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Laia Ortiz, ha rechazado el “enésimo parche” al sistema eléctrico, muestra del “fracaso” de la gestión del Ministerio, que “acaba de aprobar la reforma energética y ya tiene que venir a apagar fuegos... con gasolina” y que no para de generar “inseguridad jurídica” con unos cambios normativos que ni siquiera “van a la raíz del problema” –las subastas y la falta de competencia en el mercado–, verdaderas causas del problema de diciembre.

“Es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía que, ante un problema dramático para miles de hogares, digan que la luz sube con el PP más moderadamente que con el PSOE. Lo único que ha bajado es lo que no depende del Gobierno y gracias a las renovables, que es a las que penalizan”, ha reprochado, acusando al Ejecutivo de “no atreverse a intervenir para proteger a los consumidores”. “Este decreto es para cubrir sus vergüenzas”, ha espetado al ministro, cuya dimisión pidió el jueves pasado en la Comisión de Energía.

El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, cree que este decreto es “un nuevo parche sobre más parches” porque en lo que va de legislatura “no ha habido ni un gramo de reflexión crítica” acerca de lo que ocurre con el sistema eléctrico. “Es el colmo de la desfachatez que nos digan que tenemos un sistema equilibrado tras suspender una subasta”, ha añadido.

Además, ha ironizado con que si “el Gobierno decide los precios y los decreta en el BOE, sin que tenga que ver la competencia ni la innovación ni la deuda que arrastra” el sistema, podría entonces “portarse con los consumidores, que bastante achuchados están”. “¿Qué más nos da? Si los precios dependen del Gobierno, ¿por qué no los congelan o incluso los bajan?”, ha concluido.

Teresa Jordà (ERC) ha criticado un sistema oligpolístico en el que cinco “obtusas” empresas se reparten los beneficios mientras cobran el precio “más alto de Europa” por la electricidad. Y Xabier Mikel Errekondo (Amaiur) ha criticado un decreto que “pretende confundir, presentando el final de este grotesco cuento de la subasta como si fuera un simple baile de cifras” cuando “la cruda realidad” es la pobreza energética.

Por el BNG, Rosana Pérez ha calificado la política energética del Gobierno –incluyendo el “parche” de este decreto– de “irresponsable, caótica, incompetente y totalmente inútil para solucionar los problemas del sector y las causas estructurales del déficit tarifario”, y ha calificado de “inadmisible” cualquier subida de la luz.

Para Pedro Quevedo (CC-NC), este decreto es “la expresión del fracaso” del Ministerio a la hora de “clarificar un sector opaco” y “especulador”, y de proteger el derecho de los ciudadanos a la energía; mientras que Joan Baldoví (Compromís-Equo) cree que este decreto es “una nueva patada al balón para seguir jugando sin tomar las decisiones que necesita el sector eléctrico”.