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EXTREMADURA

Sindicatos y opas piden que el Gobierno retire una ley agraria que no ha sido pactada con el sector

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El proyecto de Ley Agraria que debate este jueves la Asamblea de Extremadura suscita un fuerte rechazo en las organizaciones sindicales UGT y CCOO, así como en la organización UPA-UCE, mayoritaria en el campo extremeño y así lo han manifestado en la comisión de Agricultura del parlamento extremeño. Hay coincidencia entre las organizaciones en mostrar su rechazo al proyecto por falta de diálogo previo y por ello piden su retirada y un retorno a negociaciones con el sector.

La Secretaria de Acción Sindical y Empleo de UGT , Rosario Riñones, ha destacado que esta ley no aborda ni entra a definir a los principales protagonistas de la actividad agraria, ni siquiera se marca como objetivos la mejor de las estructuras agrarias orientada a obtener rentas dignas para los productores y precios justos para los consumidores, la diversificación de los productos agrarios, la defensa del suelo agrario como soporte y garante de la diversidad, la defensa de la función social de la actividad agraria o la participación de los agentes sociales en los procesos de diseño y desarrollo de las políticas del agro extremeño.

CCOO: no cuenta con los trabajadores

El secretario general de CCOO de Extremadura, Julián Carretero, ha explicado que esta ley "no contempla al 85 por ciento de los trabajadores y trabajadoras efectivamente agrarios" y se ha preguntado el motivo por el que el Ejecutivo ha querido "dejar fuera a sus legítimos representantes ".

En su opinión, Extremadura, más que una Ley Agraria, "necesita de una verdadera estrategia agraria fruto de la concertación social y política", que permita superar los muchos cuellos de botella que impiden un desarrollo mucho más industrial y competitivo de este sector tan relevante para economía regional. Recordó que el propio Consejo Económico y Social emitió un dictamen contrario a este proyecto de ley en el que indicaba que, dada la importancia para la economía y la sociedad extremeña de esta iniciativa legislativa, se hubiera requerido de un proceso previo de "concertación y diálogo con los agentes sociales y económicos y los actores protagonistas del agro autonómico para que el texto que regule la agricultura en Extremadura nazca del consenso y el acuerdo”.

UPA-UCE: Poco realista

Para Ignacio Huertas secretario general de UPA-UCE se trata de una ley extensa y compleja, cuya tramitación se está haciendo de forma “precipitada” y sin el “profundo análisis y debate” que requiere. Esto provoca “demasiada confusión”, resultando el texto un “ corta y pega de normativas europeas y nacionales que poco tienen que ver con la realidad del campo extremeño”. Esto además, resta eficacia a la ley, ya que tendría que adaptarse “continuamente” a las modificaciones y cambios en las legislaciones y reglamentos estatales y comunitarios. UPA-UCE también lamenta que los principales problemas de los agricultores y ganaderos extremeños no aparezcan en esta ley: “No se habla de los bajos precios que percibimos los productores ni de los abusos de la industria y la distribución, tampoco de la falta de financiación del sector, del relevo generacional, la situación de las mujeres rurales o la definición de un modelo de explotación prioritario, que UPA-UCE establecería en la explotación familiar y profesional, la mayoritaria en la región”.

 

 

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