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EXTREMADURA

Opinión

La explotación de la fuerza de trabajo y los conflictos sociales

“Hay que impedir que  algunos empleadores sin escrúpulos, con el objetivo de contar con suficiente mano de obra en estado de precariedad, organicen desplazamientos irregulares y masivos de personas desde el extranjero a alguna localidad de Tierra de Barros”

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Varios jornaleros vendimian en Almendralejo / JCD

Varios jornaleros vendimian en Almendralejo

La reproducción del sistema capitalista se asegura cuando en el mercado hay un exceso de fuerza de trabajo desempleada que facilita su venta a precios bajos, y en unas condiciones laborales beneficiosas para el empleador. Esta condición mercantil queda reflejada con meridiana claridad y transparencia en Tierra de Barros durante el desarrollo de la vendimia y la recogida de la aceituna. Abundante mano de obra marcada por la pobreza y la necesidad. De tal modo que la fase actual en la que se enmarca la oferta y la demanda está caracterizada por un retroceso bestial en el tiempo de las relaciones laborales, muchos jornaleros/as las califican peores de las que había hace unos 30 o 40 años.

Los socialdemócratas a diferencia de los liberales consideran que el mercado de trabajo no puede funcionar a su  libre albedrío y el Estado, la Administración Pública, tiene que intervenir para regular y corregir posibles desequilibrios entre la oferta y la demanda. En Extremadura, quienes ocupan la dirección política de las diferentes administraciones públicas, quienes deciden las políticas regionales y locales, se comportan no ya como socialdemócratas o liberales, sino como verdaderos ultra-liberales. Así, tanto los del PSOE como los del PP permanecen ajenos a las condiciones laborales que en el mercado de trabajo se imponen por el exceso de mano de obra en un elevado estado de precariedad, lo que acarrea los posibles incumplimientos del convenio colectivo del campo y otras circunstancias que damnifican los emolumentos de los jornaleros/as.

También, al igual que en el caso anterior, nuestros políticos se conducen con una enorme pasividad en los conflictos sociales que cada día con más fuerza comienzan a emerger en algunas localidades de Tierra de Barros, como en Almendralejo. Es de común conocimiento que desde hace años, durante las recolecciones de uva y aceituna, son miles las familias extranjeras que se concentran y hacinan en unas condiciones infrahumanas en viviendas de ciertos barrios de la localidad. Una realidad cotidiana fácilmente observable. El alcalde, a pesar de su locuacidad y de una retórica hueca, no aporta soluciones para la resolución de estos difíciles problemas colectivos. Sólo cuando la ODP-AS ha denunciado algunos de los enfrentamientos que han salido a la superficie, la autoridad local se ha visto obligada a tomar algunas medidas de carácter policial. Sin embargo, se precisan otro tipo de actuaciones que influyan sobre todos los factores que conforman el meollo de estos conflictos sociales.

Ninguna de las cuestiones que venimos comentando inquieta a nuestros representantes institucionales y líderes políticos-sociales. Esta sensible condición quedó meridianamente clara en días pasados cuando se celebró la reunión entre la Delegación del Gobierno, la Junta de Extremadura, representantes de las Fuerzas de Seguridad, algunas Organizaciones Agrarias y la FEMPEX. Las declaraciones realizadas acerca de las actuaciones que conviene realizar en nuestros campos, no sólo durante el período de recolección de la aceituna, se centraron básicamente en encontrar medidas, ya mil veces repetidas, que impidan los robos de aceitunas y sus ventas posteriores en los puestos de compra. En su momento, desde ODP-AS manifestamos nuestra indignación por el contenido clasista, egoísta y patrimonialista de lo que se aborda en este tipo de cónclaves agrarios, ya que da la sensación de que los intereses de la sociedad son exclusivamente los de los propietarios agrícolas, no existiendo para esta junta de notables otros grupos sociales que tengan una relación directa con los asuntos tratados y con intereses diferentes.

En los próximos días solicitaremos reuniones con la delegada del Gobierno,  la consejera de Agricultura y con el alcalde de Almendralejo para exponerles propuestas y requerirles actuaciones en diferentes aspectos relacionados con los asuntos comentados.

Consideramos que las Administraciones Públicas, las Organizaciones Agrarias y Sindicales deben prever la mano de obra necesaria para las tareas agrícolas que se vayan a realizar. En base a ello tienen que prevenir las necesidades habitacionales y las soluciones que sean necesarios para que haya una integración y cohesión social, evitando en la medida de lo posible muchos de los problemas de sobreexplotación laboral y de convivencia. Las Administraciones Públicas deben intervenir para al menos obstaculizar los deseos e intereses de aquellos que desean la presencia de una excesiva mano de obra desempleada en la comarca de Tierra de Barros.

Hay que aumentar el número de Inspectores de Trabajo y de Fuerzas de Seguridad en el campo, no sólo para impedir los robos de aceitunas, sino también para llevar a cabo otras tareas muy necesarias para la buena marcha de la sociedad. Por citar algunas de ellas:

Para vigilar que se cumplan los convenios colectivos. Como hemos expresado reiteradamente, hay diferentes tipos de robos en el campo. Algunos se producen cuando a los trabajadores/as agrícolas se les paga salarios indecentes, y/o se les obliga a trabajar en unas condiciones que no se ajustan a la legalidad; valga como ejemplo, la recogida de aceituna por el procedimiento de los destajos por “esportones”.

Para controlar las altas en la seguridad social. Las cotizaciones sociales son elementos fundamentales para el futuro de las pensiones. El incumplimiento de esta obligación supone un” robo” a los trabajadores/as que repercute en su futuro y en el del conjunto de la sociedad.

Para asegurar que a los trabajadores/as agrícolas se les firman las peonadas trabajadas; para acceder a las rentas y subsidios agrarios tienen que justificar un número determinado de días trabajados. En algunos casos se ven en la necesidad de comprarlas  a los propietarios agrícolas.

Hay que impedir que  algunos empleadores sin escrúpulos, con el objetivo de contar con suficiente mano de obra en estado de precariedad, organicen desplazamientos irregulares y masivos de personas desde el extranjero a alguna localidad de Tierra de Barros. La Delegación del Gobierno debe activar los mecanismos precisos para controlar e imposibilitar estas situaciones que influyen de manera importante en el incumplimiento de los convenios colectivos y en el establecimiento de unos salarios de miseria.

La Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento, la Secretaría de la Vivienda o a quien corresponda la capacidad y competencia legal en la materia, deben actuar para impedir los pisos “pateras”.  No nos vale el argumento que utilizan algunas autoridades municipales de que no son responsables de lo que hay de la puerta de la vivienda para adentro.

Los propietarios agrícolas además de cumplir lo que reglamentan los convenios colectivos tienen que contribuir a que los temporeros tengan viviendas adecuadas. La acumulación de personas en viviendas infrahumanas es una de las causas de los múltiples conflictos sociales que a su vez repercuten en toda la población. En este orden de cosas, las organizaciones agrarias tienen que colaborar con las Entidades Públicas para crear las condiciones apropiadas para la integración y la cohesión social de toda la gente que viene a trabajar.

Los dueños o  propietarios de los pisos que los alquilan a las familias extranjeras también deben cooperar con las entidades públicas. A veces, por intereses puramente económicos se alquilan viviendas en condiciones de dudosa habitabilidad y a sabiendas de que va a ser ocupada por un elevado número de personas. No es nada extraño encontrarlas en un estado tal que parecen “zahúrdas”, sin las mínimas condiciones de habitabilidad. El Ayuntamiento o  la administración pública competente deben intervenir de inmediato contra este tipo de alquileres.

Los Educadores Sociales. Para avanzar en la integración y la cohesión social no sirven las continuas acciones represivas sino es preciso realizar una labor sistemática de instrucción y transmisión de nuestra cultura y comportamientos cívicos. Por lo tanto, es imprescindible que las administraciones públicas pongan en práctica medidas educativas que vayan al grano de la cuestión. Hoy día la sociedad dispone de profesionales para la realización de este tipo de tareas, lo que además sería una buena forma de generar  empleo entre los educadores sociales, y en general, entre profesionales en las relaciones humanas.

Hay que escolarizar a los hijos e hijas de las familias temporeras. La administración educativa con el apoyo de las otras administraciones públicas tiene que intervenir contundentemente con todas las medidas posibles, y disponer de los recursos humanos y materiales precisos para conseguir la escolarización y la asistencia sistemática a los centros educativos de estos menores. No podemos aceptar moralmente que estos niños y niñas estén durante el horario escolar escondidos en pisos o vagabundeando por las calles. Las comisiones educativas de absentismo Escolar deben jugar una función muy eficaz para  la escolarización y asistencia a clase de los niños y niñas de las familias referidas.

 

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