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EXTREMADURA

La Corrala Almendralejo negocia con el ‘banco malo’ quedarse en alquiler

Las 16 familias estarán allí como mínimo hasta el 7 de abril

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Los habitantes de la Corrala han iniciado concentraciones en la calle para pedir una soción 'social' a su problema

El colectivo Corrala de Almendralejo, formado por 16 familias que han ocupado unos pisos a medio terminar en el casco urbano de la ciudad, ha conseguido empezar a negociar con la entidad financiera propietaria de los bloques, una solución para poder seguir allí en modalidad de alquiler social, que es lo que quieren, o encontrar alternativas en otras partes de la ciudad, incluso en otras localidades.

El primer encuentro formal se produjo la semana pasada, y en él una empresa de intermediación social les ofreció estudiar el caso para ofrecerles soluciones de alquiler, aunque en viviendas dispersas por Almendralejo, con la posibilidad de buscarlas también en otras poblaciones.

Yolanda Bermúdez, portavoz del colectivo, explica a eldiarioex que de momento se han negado porque su deseo es seguir viviendo en los mismos bloques actuales pagando un alquiler, que es la solución que otras instituciones autonómicas o municipales especialmente en Cataluña –Generalitat, o municipios de Tarrasa, Sabadell y Gerona- han proporcionado a familias sin vivienda tras haber mediado con bancos propietarios de pisos vacíos.

También se han recuperado para uso en alquiler social media docena de bloques en Andalucía, por ejemplo en Málaga, en gran medida por la intervención de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH).

De momento se paraliza, hasta el 7 de abril, el intento de desahucio de la Corrala de Almendralejo, que reclaman para seguir negociando el que se retiren las denuncias penales presentadas contra ellos.

En los próximos días seguirán declarando ante el Juzgado, mientras continúan sus reuniones con grupos parlamentarios, en concreto con IU y PREx-CREx, para conseguir la intervención de la Junta en un proyecto de cesión de las viviendas desocupadas, con miras a su puesta a disposición en el mercado de alquiler social; en Cataluña esa renta se ha fijado en 150 euros mensuales.

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