Cuando acabar con las malas hierbas es un juego peligroso: Extremadura se declara libre de glifosato

Anualmente se consume en el mundo tanto glifosato como Coca Cola según algunas estimaciones. Es un gran desconocido, pero el glifosato es el principio activo presente hasta en el 90 por ciento de los herbicidas que están presentes en el mercado.

Su uso es masivo en el mundo rural para acabar con las malas hierbas. También es un producto habitual que se echa debajo de los árboles, frutales o cerezos no ecológicos. Uno de los más extendidos es el herbicida Roundup, producido por Monsanto y conocido familiarmente por los lugareños como “el Rundup” (la marca comercial).

Frecuentes son también para eliminar hierbas de caminos rurales, carreteras y toda aquella flora espontánea que crece en jardines y otros espacios públicos.

Su uso está completamente normalizado en la vida diaria de operarios y de agricultores, mientras la Organización Mundial de la Salud ha catalogado al glifosato como potencialmente cancerígeno, según explica Mireia Llorente, de Ecologistas en Acción Extremadura. No obstante otro estudio de la UE descarta esta posibilidad, que señala en concreto que “es improbable que suponga un riesgo carcinogénico en humanos”.

Precisamente el pleno de la Asamblea de Extremadura abordó la semana pasada precisamente una propuesta de impulso de Podemos, respaldada por PSOE y C’s, contra la aplicación de los herbicidas químicos en los espacios de uso público carreteras o redes de servicio para cuestiones no agrarias.

La moción presentada por la formación morada tiene el sello de Ecologistas en Acción y apuesta por que Extremadura sea la primera comunidad en declararse libre de glifosato. Algo que ya han hecho los municipios de Madrid, Barcelona Zaragoza.

La organización ecologista ha puesto en marcha una campaña que aboga por que los extremeños, y sobre todo administraciones y productores del mundo rural, tomen conciencia de los “peligros” que esta sustancia puede tener para la salud humana y para el medio ambiente. A su vez, está pensada con el ánimo de forzar a las Administraciones regionales y municipales a tomar cartas en el asunto y prohibir este tipo de compuestos dañinos.

¿Por qué en el ámbito público?

La moción debatida en el Parlamento regional no entraba en el ámbito privado porque los herbicidas químicos y sus componentes están autorizados en el estado español, de manera que solo se pueden restringir desde el uso público.

Aunque es cierto que una agencia de la OMS catalogó el glifosato como “probablemente carcinogénico”, basado en estudios de animales de laboratorio, hay otro estudio de la UE que lo contradice, algo que también salió en el debate del pleno por pare del Grupo del PP. Allí los conservadores argumentaron para abstenerse en la moción que no está probado que el glifosato sea cancerígeno.

Apuntan en este sentido Ecologistas en Acción que como mínimo, y ante las sospechas, tendría que prevalecer el principio de precaución. Un principio que se aplica en otras muchas cuestiones en el territorio nacional, teniendo en cuenta que hay estudios serios que indican que sí hay riesgo, y a los que los ecologistas les dan más credibilidad en este caso.

¿Qué alternativas hay?

Como alternativas Ecologistas pone encima de la mesa métodos mecánicos (el desbroce) o métodos térmicos como infrarrojos, que ya se usan en otros países. También el uso del pastoreo, o de herbicidas ecológicos.

Métodos que ya se utilizan en otros países por ser respetuosos con la salud de las personas y con el medio ambiente. Además tienen un mayor potencial en la creación de empleo, pone de manifiesto Mireia Llolere, de Ecologistas, .

Otro de los puntos que defiende la campaña contra el uso de herbicidas químicos en los espacios públicos es que los ayuntamientos deberían de tomar medidas para informar y sensibilizar sobre el riesgo para la salud que supone su uso.

Pero va más allá, porque advierte que ante el uso de estos químicos en los municipios se debería de respetar una banda de cinco metros respecto a las aguas superficiales, y una banda de seguridad para evitar el acceso público tanto durante la ejecuciónde los tratamientos como durante el periodo de seguridad establecido. También que su aplicación se realice en horarios en los que la presencia de terceros sea improbable, y en el caso de espacios con grupos vulnerables como colegios, centros de salud o residencias de la tercera edad, se requiera previamente el conocimiento del director del centro.

La legislación puede restringir su uso

Otra de las cuestiones que rodea al uso del glifosato la sacó a debate parlamentario la diputada de Podemos Irene de Miguel, que indicó que hay legislación para prohibirlo, el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, y alternativas viables para sustituirlo. El decreto establece la actuación para el uso sostenible de los productos fitosanitarios en España, y señala que “la Administración competente en cada caso pueda aplicar el principio de cautela limitando o prohibiendo el uso de productos fitosanitarios en zonas o circunstancias específicas”.

Un decreto que recoge igualmente que los órganos competentes establecerán para sus ámbitos territoriales medidas para informar y sensibilizar en “especial referencia a los riesgos resultantes de su uso y posibles efectos agudos y crónicos para la salud humana, los organismos no objetivo...así como sobre la utilización de alternativas no químicas”.

En cuanto a la presencia de estudios de la UE que cuestionan a la advertencia de la Organización Mundial de la Salud de su posible peligrosidad, Podemos apunta que “deberíamos de cuestionar la independencia de este organismo ya que nadie de ustedes es ajeno a las presiones que los lobby realizan en las instituciones europeas”.

Toxicidad y uso excesivo

Los socialistas se aliaron con Podemos en la declaración que desea que Extremadura sea la primera comunidad libre de glifosato. El diputado del PSOE Eduardo Béjar presentó en la Cámara una enmienda que abogaba por un periodo de transitoriedad, implicando a todas las administraciones públicas que trabajan por ejemplo en carreteras.

Los socialistas comparten la idea de que la Junta puede limitar el uso del producto, utilizando otro tipo de productos ante el glifosato teniendo en cuenta que se plantea como una sustancia potencialmente cancerígena.

Béjar, que ha estado en contacto con el mundo rural y los agricultores como formador en la aplicación de productos fitosanitarios, confirmaba en el pleno que llegó a ver auténticas “barbaridades” en cuanto al uso que hacían los agricultores extremeños de estos productos, aunque ya en la actualidad hay una reducida existencia de sanciones del Seprona que demuestra que los productores están mucho más concienciados, comentó.