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Correa logra que la Asamblea Nacional decida sobre su polémica reelección en Ecuador

El presidente aún no ha confirmado que vaya a presentarse a la reelección, pero su partido sabe que sólo con él tiene asegurada la victoria en las urnas

El fallo de la Corte Constitucional evita que la enmienda tenga que someterse a un referéndum

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Correa ha pospuesto su decisión definitiva hasta finales de 2015.

El tercer y último mandato de Rafael Correa en Ecuador camina por un sendero de espinas cada vez más intrincado. Al divorcio social que provocó la orden de extraer petróleo de la reserva biológica del Yasuní, se une ahora  su decisión de acelerar una reforma constitucional que permita "la reelección indefinida en todos los cargos de elección popular", entre ellos la presidencia de la República.

Correa aún no ha dicho que vaya a presentarse a la reelección en 2017, pero pocos dudan de que piense en otra cosa: "Ahora entiendo que mi vida ya no es mía, sino de mi patria, por ello estaré en donde la patria me necesite”.

La reacción política a su izquierda y derecha ha sido incendiaria. La semana pasada, cientos de seguidores del conservador movimiento Compromiso Ecuador se manifestaron en Quito frente al Consejo Nacional Electoral (CNE) para exigir una consulta popular, posibilidad alejada de las intenciones del Gobierno.

La izquierda y buena parte de los movimientos sociales también han anunciado movilizaciones en todo el país ante una pretensión que el expresidente de la Asamblea Constituyente y antiguo aliado de Correa, Alberto Acosta, describe a eldiario.es como “la típica de un caudillo del siglo XXI”.

Lo que nadie pone en duda es que una de las virtudes del mandatario ecuatoriano en lo que iba a ser su última legislatura ha sido conciliar las posturas de derecha e izquierda contra muchas de sus decisiones. El director del periódico público El Telégrafo, Orlando Pérez, asegura que esta coincidencia no es causal sino que procede de los intereses corporativos que sustentan a ambos grupos “y que se han visto afectados a favor del marco de justicia social y plena redistribución de la riqueza que aplica el Gobierno”. En su opinión, carece de sentido que los opositores condicionen la salud de un sistema democrático a la reelección indefinida del presidente. “Eso jamás ha ocurrido en otro país con los mismos principios, como por ejemplo España o Alemania”, dice.

Sin embargo,  una encuesta reciente de la empresa Cedatos revela que el 73% de la población está a favor de la consulta que el Gobierno niega y sólo el 9% apoya que la reforma constitucional se realice en el selecto ambiente de una Asamblea Nacional en la que el 75% de sus integrantes pertenece al partido de Correa.

Este sondeo también refleja que su hipotético sucesor, el tecnócrata y actual vicepresidente Jorge Glass, sólo tiene con el respaldo del 29% de los votantes, tres puntos menos que el conservador Guillermo Lasso. Pero en caso de que Correa pudiera presentarse a la reelección, el presidente ganaría con facilidad con un 57%.

Esta es una de las razones que esgrimen en privado aquellos que defienden el proceso de reelección indefinida. “Y demuestra el fracaso de su movimiento político, Alianza País, que no ha encontrado sucesor. Por eso es imprescindible que amplíe su mandato”, proclama Alberto Acosta.

El fallo de la Corte

La otra cuestión es el liderazgo omnímodo que ejerce Correa en Ecuador pero que ha servido al país andino para encarrilar una profunda transformación del Estado e impulsar reformas de todo tipo. Ecuador es hoy un país donde la pobreza ha descendido, la obra pública es la envidia de la región, la sanidad es gratuita y la alfabetización es un hecho consolidado. Y en el escalón superior de este profundo cambio está Rafael Correa. “Se reconozca o no, el presidente ha impuesto un marco de justicia social y plena redistribución de la riqueza inédito en Ecuador que hay que consolidar”, añade Orlando Pérez. La pregunta es si el liderazgo ético recae sobre los hombros del actual mandatario aunque evite a toda costa una consulta popular. Para Pérez, todo discurre por cauces legales y legítimos. “Además, no he leído una reticencia de Correa para llamar a consulta”, agrega.

Hasta ahora, la jugada para evitar el envenenado asunto del referéndum ha salido perfecta. La Corte Constitucional emitió un fallo hace unos días permitiendo a la Asamblea General enmendar el controvertido artículo de la reelección y otros 15 más de una Carta Magna aprobada hace seis años. “Lo importante no es solo la reelección, sino que hay otros temas, como si la comunicación es un servicio público o si las Fuerzas Armadas pasan a ser apoyo en la seguridad interna, que no forman parte de la protesta y son solapados por el asunto de la reelección”, añade el director de El Telégrafo.

Sin embargo, la oposición considera que la maniobra del Gobierno para evitar el trago de la consulta encierra una trampa. “La Corte Constitucional está conformada prácticamente en su totalidad por personas afines al partido gobernante, condición que determina la arbitrariedad de sus decisiones”, denuncia Decio Machado, que fue asesor de comunicación de Correa hasta 2008.

Ante el fuego cruzado que se ha desatado, el presidente ecuatoriano no tuvo más remedio que anunciar que la decisión definitiva, se enmiende o no la Constitución, se postergará hasta finales del próximo año. Es una carrera de fondo cuyo coste político es difícil de calcular y, más aun, con el precio del barril de petróleo en caída y las heridas abiertas por el acuerdo comercial que Ecuador se dispone a firmar con la UE.

La respuesta en la calle

Machado no alberga dudas de que todo está calculado. “Es difícil pensar que el presidente asuma el coste de estas decisiones, si no es porque ya tiene decidido ir a la reelección”, sostiene. Alberto Acosta va aún más lejos y advierte de que si bien pueden tener bajo control “tanta violación a la Constitución”, lo que terminará explotando en las manos del presidente “es la respuesta popular convocada por trabajadores e indígenas, que ya han comenzado a manifestarse en las calles y abre la posibilidad de impulsar una revocatoria del mandato de los y las asambleístas”.

Rafael Correa, que llegó al poder en 2007 y que, tras impulsar una Asamblea Constituyente logró el pasado año la única reelección contemplada en la Constitución de Ecuador, califica esas protestas de “show político” y las peticiones de consulta al CNE de “un fraude jurídico”.

A las acusaciones de caudillismo, el presidente responde categórico: “No disminuye derechos, sino que aumenta derechos. El que cree en la alternabilidad (en el poder) puede votar por la alternabilidad, pero el que cree en la continuidad también lo podrá hacer", dijo en un acto multitudinario en Guayaquil. Tampoco se contuvo al opinar sobre el resto de enmiendas que serán aprobadas por la Asamblea el próximo año: “Pusimos tantas protecciones a los pueblos ancestrales que si descubren la cura para el cáncer y está disponible para la humanidad no permiten sacar este beneficio. Estamos corrigiendo esas cuestiones que son básicamente técnicas. Lo que pasa es que aquí quieren alarmar a la ciudadanía, satanizar”.

La advertencia que acarrean estas palabras ha impulsado las críticas a su reelección. Los partidarios de Correa aseguran que lo importante es reflexionar sobre la calidad de la democracia en Ecuador, más allá de los principios en los que se asienta la alternancia en el poder. “La discusión es, por tanto, si la reelección indefinida significa garantizar el modelo político en vigor o simplemente erosionar la figura de Correa. Y ahí el debate pasa a otro terreno”, explica Orlando Pérez.

Aunque todo indica que la decisión está tomada, Ecuador tendrá que esperar a finales de 2015 para conocer la decisión de un presidente irremplazable pero cuyo futuro se torna cada día más incierto.

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