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Por qué Carmena paraliza ahora desahucios que inició meses atrás

La medida afecta a 17 familias que iban a ser desalojadas después de que un juez diera la razón a la empresa municipal de la vivienda

El Gobierno de Ahora Madrid quiere ahora dar más tiempo a estas personas para que acrediten que se encuentran en una situación de "vulnerabilidad social" 

Otras 67 familias que ocupaban viviendas del Ayuntamiento han formalizado un contrato después de demostrar que cumplían los requisitos para quedarse 

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La alcaldesa Mauela Carmena y Marta Higueras durante una jornada de puertas abiertas en el ayuntamiento de Madrid.

La alcaldesa Mauela Carmena y Marta Higueras durante una jornada de puertas abiertas en el Ayuntamiento de Madrid. CHEMA BARROSO / ©GTRESONLINE

Diecisiete familias se libran, por el momento, de ser desahuciadas de los pisos de titularidad municipal que ocupan. La delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras – número dos de Manuela Carmena en el Gobierno y persona de máxima confianza de la alcaldesa– paralizó temporalmente dos desalojos programados con fecha y hora para este mes de agosto y otros quince previstos para septiembre. Detiene así una cuenta atrás que había iniciado el propio Ayuntamiento, con un proceso judicial que puso en marcha la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), y a la que el juez ya había dado la razón.

El Ayuntamiento de Madrid quiere ahora dar más tiempo a esas familias para que demuestren que se encuentran en situación de "vulnerabilidad social" y tienen derecho a quedarse en esas viviendas públicas. Marta Higueras, que también preside la EMVS, envió una resolución para suspender de forma cautelar los lanzamientos "desde este momento y hasta nueva indicación". La propuesta pasará por próximo primer consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, que se celebrará en el mes de septiembre.

En Madrid, 88 familias ocupaban viviendas municipales. El Ayuntamiento les dio la oportunidad de regularizar de forma "excepcional" su situación mediante una convocatoria extraordinaria el pasado 13 de septiembre de 2016. La EMVS publicó los criterios que debían cumplir para poder quedarse en las viviendas, entre ellos: la vulnerabilidad social, el empadronamiento o tener familiares dependientes a cargo. Quienes lo acreditasen firmarían un contrato con la EMVS que fijaría un alquiler en función de la renta.  

La EMVS dio un plazo de seis meses. Del total de 88 familias, 67 demostraron que cumplían los requisitos y otras cuatro están todavía en fase de estudio. Las 17 restantes son las que, tras no acreditar derecho a quedarse en la vivienda según los requerimientos de la EMVS, iban a ser desahuciadas después de que la empresa pública recurriera a la vía judicial.

"En los supuestos de que la resolución sea desfavorable, la unidad familiar deberá hacer entrega de la vivienda a la EMVS en un plazo máximo de 30 días", rezaba la convocatoria de septiembre. "De no producirse el abandono voluntario en el plazo señalado, se iniciará, o continuará, en su caso, las correspondientes acciones judiciales para la recuperación efectiva de las vivienda que se encuentren en situación de ocupación sin título suficiente", continúa.

Dictamen de Naciones Unidas

Marta Higueras también apuntó a la legislación europea y nacional para justificar su cambio de postura. Citó " el derecho universal a una vivienda, digna y adecuada que aparece recogido en la legislación europea e internacional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la propia Constitución Española de 1978, en su artículo 47".

Fuentes municipales señalan a que la EMVS quiere estudiar un dictamen del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, del 20 de junio, que recoge que no se puede echar de las viviendas a las personas que no tengan una alternativa habitacional. "La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo quiere determinar si este dictamen es vinculante", explican desde el consistorio. 

"Los desalojos no deberían dar lugar a que los afectados se queden sin casa. Por tanto, si no disponen de recursos para una vivienda alternativa, las administraciones deberán adoptar todas las medidas necesarias para que en lo posible se les proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda", recoge el dictamen de la ONU en sus conclusiones.

Poca vivienda pública

Desde Ganemos Madrid y la PAH calificaron la medida de "tardía". Ante estas críticas, Higueras defendió que "cuando se ocupan viviendas destinadas a hacer política social, es complicado explicar que no pueden acceder a esas viviendas porque están ocupadas; hemos tenido que estudiar muchas propuestas". 

Actualmente, hay "cerca de 14.000 demandas de vivienda en alquiler" en la Empresa Municipal de la Vivienda, aseguran fuentes municipales: "Más de la mitad corresponden a personas vulnerables y 4.000 a atención prioritaria". En la actualidad la EMVS únicamente dispone de algo más de 300 viviendas libres que se entregarán de aquí a fin de año.

Debido a esta escasez de pisos públicos, el Ayuntamiento aprobó una convocatoria pública para comprar vivienda a particulares. Además, en el plan de vivienda "está prevista la construcción de cerca de 4.000 viviendas", apuntan desde el Consistorio, aunque no ponen fecha de cuándo estarán.

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