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REGIÓN DE MURCIA

IU y PSOE ya denunciaron la externalización de servicios de EMUASA a empresas del Grupo AgBar

Izquierda Unida y PSOE cuestionaron la legalidad del pago de más de 130 mil euros de EMUASA a empresas de su socia privada entre 2011 y 2012, sin concurso público, por servicios que entonces se prestaban con recursos propios

Los concejales Nacho Tornel y Pedro López incidieron "en el indispensable control financiero por parte de la Intervención municipal" sobre este tipo de contratos, "por tratarse de movimientos económicos de indudable importancia"

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Agbar firma el alquiler de su nueva sede en la Zona Franca y se trasladará en 2015

Torre AgBar, actual sede de Aguas de Barcelona / Europa Press

Izquierda Unida y PSOE ya denunciaron en junio de este año la concesión de un contrato de más de 2 millones de euros por parte de EMUASA a una empresa perteneciente al Grupo Agbar -que posee el 49% de la empresa municipal de agua de Murcia-, y también cuestionaron la legalidad de que durante los dos años anteriores a dicha concesión se facturaran servicios a la misma empresa por valor de 130.127,63 euros sin la convocatoria de un concurso público. Y más teniendo en cuenta que los servicios facturados -relacionados con el sistema de gestión de clientes-, por aquel entonces todavía se prestaban con recursos propios.

"Parece evidenciarse que el producto contratado en 2013 ya se venía utilizando previamente a su licitación", explicaron Nacho Tornel -concejal de Izquierda Unida- y Pedro López -concejal del PSOE-. Y también se refirieron a un informe firmado en 2004 por José María García Olmo, quien por entonces era responsable del Área de Sistemas de Información de EMUASA, en el que se analizaban las características del Sistema de Gestión Comercial y Atención al Cliente creado por el grupo AgBar con la intención de implantarlo en todo el territorio nacional en 2008, en sustitución del sistema de creación propia. En dicho informe, García Olmo detallaba las insuficiencias del sistema desarrollado por AgBar y destacaba que la sustitución del sistema propio por el de la socia privada de EMUASA "supondría una labor ingente, unos costos desmesurados y un paso atrás tecnológico".

José María García Olmo fue despedido en diciembre de 2013 por motivos “económicos, productivos y organizativos”. Uno de dichos motivos se justificó así: "La Dirección adoptó la decisión de cambiar las aplicaciones informáticas de la empresa, en concreto la migración de su software. Estos cambios de carácter informático tienen por objeto pasar de desarrollos propios a herramientas desarrolladas por el grupo empresarial al cual pertenece la empresa. El cambio de los sistemas informáticos ha originado un exceso de personal".

En opinión de IU y PSOE, "vaciar de contenidos el Área de Informática puede llevar a que, en aplicación de los planes de Productividad que ya les ha costado el puesto a varios responsables de Dirección -entre ellos a García Olmo- la empresa se plantee prescindir de estos trabajadores".

Más externalización, menos autonomía

"Es un hecho que la presencia de la matriz AgBar y de sus criterios empresariales restan cada día más autonomía a la empresa público-privada que gestiona el agua de Murcia", explicaron Nacho Tornel y Pedro López, que también relacionaron las cada vez más numerosas subcontrataciones con el encarecimiento del recibo del agua: "Los procesos de externalización y privatización tienen conexión directa con los aumentos de tarifas que debemos soportar todos los ciudadanos, familias y empresas".

Uno de los ejemplos de externalización de servicios de EMUASA a empresas de su socia privada es el relacionado con los sistemas informáticos. Según Tornel y López, "durante años el Área de Sistemas de Información de EMUASA ha sido capaz de prestar servicio a otras explotaciones de agua nacionales e internacionales del propio grupo AgBar, a la Policía Local de Murcia o al servicio de información de la Gerencia de Urbanismo del Ayto de Murcia". "Sin embargo, desde hace años y bajo el criterio de la convergencia con el grupo, estos trabajadores se ven obligados a detener e incluso paralizar avances tecnológicos propios que situaban a EMUASA como empresa de referencia, y todo bajo instrucciones emanadas directamente desde Barcelona que quitan autonomía y eficiencia a nuestra empresa local", denunciaron los concejales de IU y PSOE.

Tornel y López expresaron su preocupación por el hecho de que "las primeras consecuencias de esta decisión empresarial, son el vaciado de funciones de los trabajadores de EMUASA y el perjuicio económico y funcional para el propio Ayuntamiento de Murcia", y relataron algunos de los servicios subcontratados a empresas del grupo AgBar, como el servidor de gestión de nóminas, el servicio de información geográfica, el servidor de correo, los servidores de usuarios y contraseñas, el acceso a Internet, el servicio de documentación de calidad, el servicio de antivirus y el acceso externo de los trabajadores a la red interna de EMUASA, además del ya mencionado Sistema de Gestión de Clientes.

"Los datos y servicios de EMUASA están siendo trasladados fuera de la Región de Murcia, y la consecuencia directa de estas externalizaciones consiste en la consecuente pérdida de control del Ayuntamiento de Murcia sobre estos activos", explicaron los concejales murcianos, y añadieron que "los servicios contratados a empresas del grupo AgBar carecen de mucha de la funcionalidad de los anteriores desarrollados por EMUASA, y son más caros y de peor calidad que los prestados por el Área de Sistemas de Información de EMUASA". Además precisaron que "el coste de los servicios se completa con que al coste de la adquisición y alquiler se suma el coste del mantenimiento, que supone un buen desembolso mensual".

Nacho Tornel y Pedro López concluyeron señalando que se hace "indispensable" el control financiero por parte de la Intervención municipal del ayuntamiento de Murcia, "por tratarse de movimientos económicos de indudable importancia que estarán sujetos a lo dispuesto por la ley". "Como representantes de la parte pública, hemos expresado nuestra negativa a reconocer la necesidad de elevar las tarifas del agua para 2014 en una empresa con casi 5 millones de euros de beneficio en 2013, así como a firmar las cuentas de 2013 sin control riguroso y explícito de la Intervención municipal", dijeron los concejales de IU y PSOE, antes de proclamar que su obligación es "exigir que los mecanismos de control de la parte pública, mayoritaria en la empresa, sean lo más estrictos posible".

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