Los 13 imputados en la Operación 'Trigo Limpio', a juicio por delitos fiscales y falsedad

La Audiencia Provincial ha desestimado todos los recursos contra el auto que puso fin a la instrucción judicial de la denominada 'Operación Trigo Limpio', lo que supone la confirmación de que los 13 imputados en esta causa se sentarán en el banquillo. La Fiscalía pide en total para ellos más de 80 años de cárcel y multas millonarias por una treintena de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad de documento mercantil.

Uno de los principales imputados en esta operación, que inicialmente se planteó contra el blanqueo de capitales, es un abogado de Santander, R.M.P., que en torno a los años 2002 y 2003 “ideó un plan” para ofrecer a personas físicas o jurídicas dedicadas al tráfico inmobiliario de todo tipo, una fórmula que les permitiera eludir el pago de impuestos como el IVA, el IRPF o el Impuesto de Sociedades.

Todo ello a cambio de una contraprestación económica, y mediante sociedades “pantalla”, entes sin actividad ni patrimonio ni capital social que confeccionaban facturas falsas, según consta en el auto que pone fin a la instrucción, al que ha tenido acceso Europa Press.

Un auto del magistrado Jaime Parra, titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Santander, que data de mayo de 2013 y que ha adquirido firmeza dos años después, tras la desestimación de múltiples recursos que han dilatado el proceso, ralentizando el paso a la fase intermedia del procedimiento abreviado.

Una segunda persona, sobre la que se acordó el archivo provisional por estar imputada en otra causa, aceptó a petición del abogado, aparecer como administrador y representante legal de múltiples sociedades “tapadera”, como 'Minalcolm' y otras, conviertiéndose en su “testaferro y cabeza visible de muchas de las operaciones” investigadas en esta causa.

En su escrito de acusación, al que también ha tenido acceso Europa Press, el fiscal solicita para el abogado 25 años de cárcel por diez delitos, ocho de ellos contra la Hacienda Pública y dos continuados de falsedad en documento mercantil.

Más pena pide para JA.L.G., un participante en dicha trama al que la Fiscalía acusa de diez delitos, de los que también ocho son contra la Hacienda Pública y dos continuados de falsedad en documento mercantil, por los que pide 27 años y 3 meses. Precisamente los recursos del abogado y de JA.L.G. son los últimos que acaba de desestimar la Audiencia Provincial, en sendos autos fechados el 30 de abril a los que ha tenido acceso esta agencia.

Por otro lado, el Ministerio Fiscal pide 10 años y 9 meses para otro de los acusados, A.L.G., al que considera autor de tres delitos contra la Hacienda Pública y uno por falsedad de documento mercantil.

Para los otros diez imputados, --JJ.R.G., JJ.O.M., E.P.L., JR.R.R., M.C.A, T.C.L, C.B.P, R.A.B., R.U.M y JF.P.G-- todos considerados autores de delitos continuados de falsedad por documento mercantil, la Fiscalía pide un total de 17 años y 7 meses.

“GRAN RELEVANCIA MEDIÁTICA”

En su fase inicial, la instrucción de la Operación 'Trigo Limpio' tuvo “una gran relevancia mediática”. Así lo recuerda la Fiscalía en su última memoria anual, en la que auguraba que el procedimiento “previsiblemente se prolongará en el tiempo”, dado que “hay 14 imputados con defensas diferentes que plantean continuos recursos contra resoluciones judiciales de mero trámite, dilatando el curso del proceso de forma indeseable”.

La Fiscalía, que presentó ya en 2013 su escrito de conclusiones provisionales, aventuraba por ello una fase intermedia “complicada y lenta”, una vez concluida la instrucción, y tras una investigación que “no ha permitido acreditar que todos los acusados actuasen como un grupo empresarial organizado”.

El caso ha sido instruido por el Juzgado nº 1 de Santander, desde donde el entonces juez titular, José Hoya Coromina, autorizó en 2007 la intervención de comunicaciones telefónicas y la entrada y registro en despachos y domicilios de abogados y empresarios conocidos de Santander, y llegó a acordar la prisión provisional de muchos de ellos.

Tal y como relata la Fiscalía en su memoria anual, recogida por Europa Press, la Operación 'Trigo Limpio' revestía la apariencia de un entramado societario vinculado a la opacidad tributaria. En su instrucción participaron en “estrecha colaboración” la Inspección de la Agencia Tributaria (AEAT) y el grupo especializado en delitos económicos de la Policía Nacional.

En mayo de 2007 fueron detenidas en una primera fase cinco personas, y dos semanas después otras seis. El juez llegó a fijar para algunos de ellos fianzas de dos millones de euros.

Hoya Coromina les imputaba en los autos de aquella época, la creación de una estructura organizada dedicada a la intermediación en la adquisición y venta de terrenos utilizando para ello una serie de sociedades “fantasma”, como 'Minalcom' y otras, a cuyo frente estaría un “testaferro” sin capacidad real de disposición, con el fin de emitir facturas falsas que ampararían ventas realizadas por otras empresas o particulares que no declaraban su actividad.

Según los autos judiciales de aquella fase de la instrucción, dichas sociedades carecían de localización física, actividad, empleados y activos de cualquier tipo, y en unos casos se encontraban domiciliadas en los propios domicilios de los imputados, mientras en otros carecían de domicilio. A través de ellas, los imputados habrían proporcionado a empresas y particulares facturas falsas con el fin de blanquear dinero o eludir el pago de impuestos.