Aprobado el proyecto de ley que reforma el régimen jurídico del Gobierno autonómico y su sector público

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión semanal el proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional, con el que se adecua la normativa de la Comunidad Autónoma a la legislación estatal reguladora de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo.

El proyecto normativo, estructurado en cinco títulos y 175 artículos, actualiza la Ley de Cantabria 6/2002 y resuelve los problemas e insuficiencias detectadas en su aplicación, ha informado el Gobierno en nota de prensa.

La norma introduce novedades en la parte dedicada a la Administración General cántabra, “más racionalizada, que otorga más garantías al ciudadano en sus relaciones con la administración y regula la necesidad de evitar la burocracia y generalizar la simplificación de los procedimientos, así como el uso de los medios electrónicos, como principios esenciales”, según el Ejecutivo.

En este sentido, incorpora una “novedosa regulación” sobre tres cuestiones: la participación ciudadana en la iniciativa normativa, la sistematización del sector público institucional y la generalización de la administración electrónica.

INICIATIVA LEGISLATIVA

Por un lado, unifica y detalla la iniciativa legislativa, un capítulo que es nuevo en su totalidad, y con el que se posibilita la “participación activa” de la ciudadanía en la creación normativa y, especialmente, de aquellas entidades o personas con interés en las leyes y decretos que impulse el Gobierno.

Las nuevas normas del Gobierno incluirán además una Memoria de Impacto de Análisis Normativo, que recogerá el estudio previo sobre el motivo de la elaboración de la nueva norma, destinatarios, trabas administrativas que se quieren suprimir, incidencia en los presupuestos, entre otras cuestiones. En el caso de que afecte a los gastos e ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar su repercusión, e incluso supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Por otro lado, el Gobierno aprobará a finales de cada año sus previsiones normativas para el ejercicio siguiente, con la elaboración de un Plan Normativo. También tendrá que evaluar su actividad en este ámbito, a través de un estudio que mida el grado de cumplimiento de los objetivos previstos y revise su normativa propia.

SECTOR PÚBLICO Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Respecto al sector público autonómico, el proyecto “lo reordena y reorganiza”, incorporando por primera vez a las entidades de naturaleza privada dependientes de la administración pública, las sociedades mercantiles, denominadas comúnmente empresas públicas, y las fundaciones dependientes.

Como novedad, la ley permite que estas entidades de naturaleza privada, tanto las empresas públicas como las fundaciones puedan ejercitar potestad administrativa, como por ejemplo la potestad expropiatoria, actividades que siempre van a estar controladas de forma directa por la administración pública.

La norma apuesta por la generalización de la Administración Electrónica y habrá una serie de entidades y personas que van a estar obligadas a relacionarse con la Administración pública de forma electrónica y viceversa, algo que será una realidad a partir de octubre de 2018. Entre ellas, las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, aquellos que ejerzan una actividad colegiada y los empleados públicos.

El resto de personas físicas podrán elegir en todo momento cómo se comunican con la Administración cántabra: con medios electrónicos o no, aspecto que pueden modificar en cualquier parte del procedimiento.Para facilitar la implantación de la Administración Electrónica, se crearán las oficinas de asistencia en materia de registro, que ayudarán a la ciudadanía y a las entidades en la tramitación electrónica y resolverán cualquier tipo de duda.

La interoperabilidad de las administraciones facilitará los trámites a ciudadanos y empresas que ya no tendrán que presentar estudios o documentación que ya obre en poder de cualquier registro público, sea cual sea su ubicación geográfica o nivel de administración competente (local, regional o nacional).

Otras novedades tendentes a la “agilización” de los trámites es la reducción de las sanciones autonómicas por el pago voluntario, que incluye la terminación del procedimiento. También, el ciudadano o empresa podrá interponer recurso ante los tribunales por actos o decisiones de los consejeros, sin necesidad previamente de presentar recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno, una obligación que retrasaba en varios meses la tutela judicial de los derechos de la ciudadanía, ha explicado el Ejecutivo.