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El 'caso Mioño' vuelve a juzgarse este jueves tras anularse en 2011 la sentencia dictada

El denominado 'caso Mioño', que alude a la presunta adjudicación irregular de las obras del túnel de dicha localidad y de la supresión de barreras arquitectónicas en el mercado municipal de Castro Urdiales y cuya condena supuso la retirada de la vida pública del exalcalde Fernando Muguruza (ex PRC) y del exteniente de alcalde José Miguel Rodríguez López (KyK, ex PP), arranca este jueves, 19 de mayo, a partir de las 9.00 horas, en el Juzgado de lo Penal Número 1 de Santander tras haber sido anulada la sentencia dictada en 2011 por el número 2.

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El 'caso Mioño' vuelve a juzgarse este jueves tras anularse en 2011 la sentencia dictada

El juicio se celebró en abril de 2011 y la sentencia llegó un mes después, tres días antes de las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo de 2011.

En la misma, el Juzgado de lo Penal número 2 de Santander había impuesto penas que sumaron 52 años y medio de inhabilitación por delitos de prevaricación para el alcalde de Castro Urdiales, el ex regionalista y considerado tránsfuga Fernando Muguruza; el teniente de alcalde, el ex 'popular' José Miguel Rodríguez López 'KyK', y el resto de miembros de la Junta de Gobierno local.

Dicha sentencia hizo que tanto Muguruza, KyK y Concepción Carranza, que en ese momento formaban parte de la candidatura de ACAI (Alternativa Castreña Independiente) fueron declarados inelegibles por la Junta Electoral de Zona de Laredo tras haber sido condenados a siete años y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el 'caso Mioño' y no pudieron presentarse a las elecciones municipales.

DIEZ IMPUTADOS

A los diez imputados en el 'caso Mioño' se les juzgó por aprobar la adjudicación de las obras del túnel de Mioño de forma directa y sin contrato a la empresa Izeta, cuyo gerente, hermano de uno de los concejales, fue condenado además a 16 meses de prisión por un delito de tráfico de influencias.

Ya durante el juicio las defensas pidieron la nulidad de las actuaciones, alegando indefensión por culpa de la actitud del juez de Castro que investigaba estos hechos, Luis Acayro Sánchez, y entre las que enumeraban cuestiones como la falta de comunicación de ciertas imputaciones o de escritos.

La petición fue rechazada por el titular del juzgado, José Hoya, y los acusados presentaron recurso ante la Audiencia Provincial.

Como en el juicio ante el Juzgado de lo Penal de 2011, el fiscal solicita la inhabilitación por estos hechos para el exalcalde castreño, Fernando Muguruza, y para otras ocho personas (entre concejales y funcionarios municipales), por supuestos delitos de prevaricación, y pide además prisión para el gerente de la empresa adjudicataria de las obras, al que imputa por tráfico de influencias.

Los hechos se remontan al año 2004, cuando se contrataron las obras para limpiar y acondicionar el trazado del túnel del antiguo tren minero, en Mioño.

Según sostiene la Fiscalía en sus calificaciones iniciales, el responsable de la empresa Izeta, Ignacio Díez Muro, "valiéndose de su condición" de hermano del por entonces concejal de Industria, Jaime Díez Muro, mantuvo contactos con el edil de Obras, Salvador Hierro, para asegurarse la adjudicación de la obra.

De esta forma, entregó personalmente a Hierro una oferta de los trabajos, que el edil no trasladó ni al Servicio de Contratación ni a la Comisión de Obras, sino que llevó directamente a la reunión de la Junta de Gobierno del 21 de octubre de 2004, donde fue aprobada por unanimidad de los presentes, a sabiendas de la "ausencia total de expediente administrativo" y de que era la única oferta presentada.

En concreto, la oferta recibió en la Junta el respaldo del alcalde, Fernando Muguruza, y de los concejales Jaime Díez Muro (hermano del empresario adjudicatario), José Miguel Rodríguez López, Santiago Vélez, Concepción Carranza y Juan Tomás Molinero. Y el secretario municipal, por su parte, "incumplió" su obligación de advertir de que la contratación carecía de expediente y estaba fuera del orden del día.

ELIMINACIÓN DE BARRERAS

En el caso de las obras de eliminación de barreras en el mercado municipal, la Fiscalía explica que la Junta de Gobierno Local decidió en diciembre de 2004 solicitar tres presupuestos. Pero antes de llegar dicho acuerdo al Departamento de Contratación, Izeta ya presentó una oferta que entregó en la Concejalía de Obras sin pasar por el registro público de entrada.

Entonces, el concejal Salvador Hierro no dio traslado al servicio de contratación y eludió de nuevo el procedimiento administrativo correspondiente, llevando el presupuesto directamente a la Junta de Gobierno, que lo aprobó por unanimidad el 21 de diciembre de dicho año, nuevamente a sabiendas de la falta de expediente administrativo.

En esa ocasión, en la Junta estaban presentes los mismos ediles que aprobaron la contratación de las obras del túnel de Mioño, salvo Tomás Molinero. El acuerdo fue trasladado a la Intervención para autorizar los pagos, y el interventor lo tramitó sin poner reparo, pese a conocer que la adjudicación se había hecho sin expediente administrativo.

En total, el fiscal asegura que Izeta obtuvo un beneficio de unos 7.000 euros, por estas dos obras (3.525 euros por las obras del túnel de Mioño, cuyo presupuesto fue de 58.765 euros; y otros 3.563 de beneficio empresarial en las obras del mercado, que costaron 59.680 euros).

PETICIONES

Desde su punto de vista, el responsable de la empresa, Ignacio Díez Muro, incurrió en un delito continuado de tráfico de influencias y, por eso, pide que se le condene a un año de cárcel y al pago de una multa de 14.000 euros.

En cuanto a los ediles y funcionarios municipales, imputa delitos de prevaricación al secretario municipal, César Sainz; al interventor, Gregorio Alcedo, y al concejal Tomás Molinero; y delito continuado de prevaricación al alcalde y al resto de ediles, puesto que intervinieron en las dos adjudicaciones.

Las peticiones para todos ellos son de inhabilitación: de siete años para el secretario, el interventor y el edil Molinero; de diez años para Salvador Hierro y para Jaime Díez Muro; y de ocho años y nueve meses para el resto de ediles (el alcalde, Rodríguez López, Carranza y Vélez).

El juicio está previsto que continúe el 7 de junio, a las 9.00 horas, en el salón de actos de Las Salesas.

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