Arraiz admite su integración en ETA y pide que se “abran las prisiones”

Hasier Arraiz ha tomado la palabra pasadas las 11:10 para reconocer que continuar su “actividad política” en un partido como Batasuna, ilegalizado por ser instrumento de la organización terrorista ETA, “no era una opción, era una obligación ética”. La Fiscalía y la defensa del presidente de Sortu han llegado a un pacto para rebajar la pena a dos años de cárcel -lo que evita que entre en prisión, aunque no la inhabilitación especial para ser cargo político- después de que Arraiz haya manifestado su “conformidad” con los hechos que se le imputan, además de renunciar al uso de la violencia y contribuir a la reparación de las víctimas. Las acusaciones populares -AVT y Dignidad y Justicia-, a diferencia de lo sucedido en enero en la Audiencia Nacional para los otros 35 acusados que eludieron la prisión, no participan de ese acuerdo y mantienen los diez años (Dignidad y Justicia) o alternativamente cinco años de prisión por integración en organización terrorista.

En el alegato final ante el tribunal que le juzga en Euskadi, el presidente de Sortu ha lamentado que como “consecuencia de las diferentes violencias que hemos sufrido en este país” no todo el mundo va a poder disfrutar de “la paz” actual y ha señalado que a todas esas víctimas “les debemos memoria, reconocimiento y reparación”. Y, además, ha apuntado que espera que su reconocimiento de los hechos, tal y como los ha expresado en su calificación definitiva el fiscal superior del País Vasco, Juan Carlparsoro, sirva para “aliviar el sufrimiento que ha dejado la ausencia de sus seres queridos”. Y, en todo caso, ha pedido que “se abran por fin las celdas de las prisiones” para que salgan los presos de ETA.

En todo caso ha explicado que la Ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna crearon “un escenario político perverso”, y muchas personas “de este país” consideraron que se estaban persiguiendo “ideas políticas, y se ponía en peligro un proyecto político independentista y de izquierdas”. Lo que le obligó a mantener su militancia y “actividad política” en una organización como Batasuna, según los tribunales, instrumentalizada para sus fines por ETA.

Arraiz, que se enfrenta a peticiones de penas de entre dos y diez años de prisión por supuesta pertenencia a ETA al formar parte de la “clandestina” Mesa Nacional de Batasuna, ha afirmado en el juicio que se celebra en el TSJPV que manifiesta su “conformidad” con los hechos que se le imputan. Tras esa declaración, basada en el pacto cerrado entre Fiscalía e íñigo Iruin, abogado del dirigente abertzale, el fiscal superior del País Vasco ha rebajado la petición de pena de cárcel para el parlamentario de EH Bildu de seis a dos años de cárcel y la inhabilitación para cargo público.

El pacto sería similar al alcanzado en enero en la Audiencia Nacional para los 35 dirigentes de la izquierda abertzale detenidos junto a Arraiz en la macrooperación desarrollada en Segura (Gipuzkoa) el 4 de octubre de 2007 por la reconstrucción de la Mesa Nacional de Batasuna “a las órdenes de ETA”.

La Fiscalía solicitaba condenas de entre siete y diez años de cárcel para cada uno y los encausados aceptaron penas que oscilaban entre el año y medio y los dos años, tras admitir que fueron instrumentalizados por ETA. De esta forma, no entraron en prisión. Al acuerdo, que supuso la renuncia de los acusados a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia y su compromiso a contribuir a la reparación de las víctimas, se sumaron Dignidad y Justicia y la AVT.

La “línea divisoria”: el “empleo de la violencia”

Este pacto no ha podido ser trasladado a Hasier Arraiz -acusado en el mismo sumario, pero que será juzgado por el TSJPV por su condición de aforado al ser parlamentario vasco por EH Bildu- al haber rechazado el acuerdo Dignidad y Justicia, que mantiene los diez años de cárcel e inhabilitación por el mismo periodo. La AVT pide alternativamente cinco años de prisión para Arraiz por la atenuante de “dilaciones indebidas”. En cualquier caso, ambas peticiones conllevan la entrada en prisión.

La vista oral ha comenzado pasadas las nueve de esta mañana con la lectura de las calificaciones provisionales de las partes ante la Sala Civil y Penal del TSJPV. El Tribunal está presidido por Juan Luis Ibarra, y le acompañan los también magistrados Roberto Sáiz y Nekane Bolado. Previamente, el líder del PNV, Andoni Ortuzar, ha mostrado su apoyo a Arraiz. Ortuzar se ha acercado hasta la entrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, situado frente a la sede del PNV de Sabin Etxea, parta saludar a Arraiz, minutos antes de que fuera juzgado en “un raro sumario”, que ha esperado “termine bien”, en palabras del dirigente peneuvista.

El tribunal deberá ahora decidir en la sentencia si rebaja en dos grados la pena de integración atendiendo a las dilaciones indebidas en el proceso y a fijar una pena adecuada a los hechos reconocidos. Iruin ha explicado en su alegato final -en el que ha invocado jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional- que “la línea divisoria” para redactar la sentencia debe ser el “uso de la violencia”. Y en este caso, los “28 actos” atribuidos a Arraiz tienen que ver con la participación política y el derecho de expresión, derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. “El medio empleado no es la violencia”. Iruin ha finalizado recordando que las “clamorosas dilaciones indebidas en el proceso” no son atribuibles a su defendido. “La semana que viene se cumplirán 11 años desde el inicio de esta causa”.

El caso ha quedad visto para sentencia. Y la Sala deberá valorar si sigue la estela marcada por el acuerdo de enero en la Audiencia Nacional o redacta una sentencia diferente, algo que Iruin ha considerado posible, aunque alejado de toda “probabilidad”.