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El director de Hiriko ocupó un cargo en el Gobierno de "manera irregular"

El consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, reconoce en el Parlamento que Fernández de Mendiola, exasesor de su departamento, vulneró la norma “por hacer lo que tenía prohibido y no haberlo declarado”.

EH Bildu exige mecanismos de control más exhaustivos en el nombramiento del personal de confianza porque “no se controla pero tampoco hay voluntad de controlar”.

Erkoreka ha asegurado que "la Ley no impone ningún mandato para comprobar estos datos sobre los contratados en ninguna Administración".

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El consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, ha reconocido en la Cámara vasca que el exasesor de su departamento, José Ramón Fernández de Mendiola, antiguo responsable del fallido proyecto Hiriko, ocupaba su cargo de manera irregular “aunque no fuera de la ley”, ha matizado. El responsable  de la empresa creada para comercializar el coche eléctrico Hiriko, fracasado proyecto empresarial, trabajó como asesor del departamento de Justicia encargado del área de la informática.

Fernández de Mendiola dejó su trabajo en Hiriko DM un mes antes de incorporarse a ese cargo de confianza en el Gobierno de Urkullu. Renunció a su puesto después de que el departamento constatara que el asesor había incumplido la Ley de Incompatibilidades de la comunidad autónoma, ya que la norma obliga a declarar las actividades laborales que se ejerzan durante su vinculación con la gestión pública, algo que Fernández de Mendiola no hizó. El exasesor empezó su relación con el Ejecutivo en mayo de 2013, pero en octubre de ese mismo año se sumó como miembro del consejo de administración de la sociedad HUB Gasteiz International 2025, empresa liderada por Iñigo Antia, exconcejal del PNV en el Ayuntamiento de Vitoria y también  responsable de Hiriko. El exasesor no pusó al corriente al Gobierno de esa nueva relación laboral ajena a la Admnistración.

El consejero de Justicia ha explicado que Fernández de Mendiola vulneró la norma “por hacer lo que tenía prohibido y por no haberlo declarado” ante la Administración. “No puede, sin renunciar a su cargo institucional, ser miembro de una sociedad mercantil y además no haber hecho la declaración mencionada de su condición en una empresa privada”, ha declarado.  

Erkoreka ha resaltado que, reconocido el error, Fernández de Mendiola dejó su cargo en manos del departamento y al día siguiente “yo firmé su cese inmediatamente. Difícilmente encontraremos un caso en que se haya actuado tan rápido y de forma tan firme como en este”, ha destacado en su intervención.

El PSE pide más cautela

La comparecencia de Josu Erkoreka en el Parlamento vasco se ha desarrollado ha petición del Igor López de Munain, de EH Bildu. El portavoz de la coalición ha puesto el énfasis no tanto en el cese por incumplir la Ley de Incompatibilidades sino en el hecho que de fuese contratado por el Gobierno pocas semanas después de dejar Hiriko.  En este sentido ha reprochado a Erkoreka que la administración “rescatara” a Fernández de Mendiola cuando Hiriko fracasó. “Estamos ante un caso claro de puertas giratorias. Sale de un empresa defendida por la Administración pública, el proyecto fracasa y en cosa de un mes es rescatado por el Gobierno para ocupar un cargo de confianza, elegido a dedo”. Erkoreka ha negado este extremo. "No se trata de una caso de puertas giratorias. No tomó ninguna decisión en la Administración ni para favorecer ni para no favorecer a nadie", ha reiterado en varias ocasiones tras asegurar que fue contratado por su dilatada experiencia profesional de más de 30 años en empresas como Mercedes Benz, Pepsico, Ibermática.

Igor López de Munain ha reclamado un protocolo de control preventivo más exhaustivo para los nombramientos de este personal asesor de confianza porque “no se controla lo que hay pero tampoco hay voluntad de controlar”. "Cuántas personas pueden estar en la misma situación que Mendiola, podrían darse más casos, no ser el único", se ha preguntado el portavoz de la izquierda abertzale.

Erkoreka ha aclarado que después de los nombramientos deben hacer una declaración detallando su situación y "ésta tiene un tratamiento previsto en la Ley pero es responsabilidad del interesado que esa declaración se corresponda con la realidad. La Ley no impone ningún mandato para comprobar estos datos en ninguna Administración", ha recalcado.

Desde las filas socialistas se han sumado a esta crítica. Vicente Reyes, ha exigido “una mayor cautela” en estos casos.

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