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La Fundación Ferrer renueva la dirección de El Molino tras las denuncias de malos tratos a alumnos discapacitados

Atiende de esta forma el requerimiento del Gobierno, que exigió direcciones técnicas para supervisar la labor de los profesionales contratados

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La Fundación Ciganda Ferrer ha anunciado a los trabajadores del colegio especial y del centro ocupacional El Molino, así como a los familiares de los alumnos, que ha decidido renovar completamente la dirección del centro. La decisión de esta fundación sin ánimo de lucro llega meses después de las denuncias judiciales y administrativas formuladas contra el centro por malos tratos a determinados alumnos, todos ellos con grados importantes de discapacidad. El propio Gobierno de Navarra requirió a la Fundación un cambio en el organigrama directivo de los centros, petición a la que ahora atiende la Fundación Ciganda Ferrer de acuerdo con los resultados de la auditoría externa que encargó para determinar las “debilidades” y fortalezas de ambos centros de educación especial.

El movimiento con más trascendencia en la cúpula directiva de los centros El Molino es la salida del gerente Javier Aramendía, máximo responsable de los centros e intermediario entre estos y la Fundación. Profesionales del colegio, ex trabajadores y familiares de alumnos acusaban a Aramendía de mirar para otro lado ante las denuncias de mala praxis y de no informar adecuadamente al patronato de la fundación de lo que estaba ocurriendo en los centros. Será sustituido en el cargo por Ester Onieva, encargada hasta el momento de la gestión del Centro de Orientación Familiar.

La fundación ha decidido también crear dos cargos de nuevo cuño, como requirió el departamento de Servicios Sociales tras denunciar los malos tratos. Se trata de dos direcciones técnicas, una para el centro ocupacional, de la que se encargará la profesora María Ángeles Ibarrondo, y otra para el colegio, al frente de la que estará otra profesora, Elvira Lacunza. Esta última sustituirá a Ana Cambra, cuya labor también había sido duramente cuestionada mientras fue la responsable de contratar y despedir a los profesionales que trabajaban con los alumnos discapacitados.

La Fundación ha anunciado también que sustituirá a los dos vocales del patronato encargados de participar en los órganos de coordinación con los centros y que se creará un “comité de ética” encargado de velar por el cumplimiento de los fines de la Fundación.

Los cambios en la dirección de los centros, largamente demandados, llegan una semana después de que las familias de los alumnos afectados por las malas praxis denunciadas acudieran al Parlamento a solicitar la ayuda de la Cámara en el proceso judicial que pretenden mantener abierto. Los familiares anunciaron también la renuncia de los cuatro representantes de las familias en el consejo escolar, como forma de presión ante lo que calificaron de pasividad del patronato.

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