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Argentina, Suiza y España: los negocios de Ángel Sanchis

Ángel Sanchis, en un mitin en Valencia en 1986, provincia por la que fue diputado de AP. / EFE

eldiario.es

Madrid —

“Bárcenas se enteró de que iba a Suiza y me pidió que me pasase por el banco”, aseguró Sanchis a eldiario.es

La imputación de Ángel Sanchisimputación de Ángel Sanchis (extesorero de Alianza Popular e implicado en el llamado 'caso Naseiro') por haber ayudado a Luis Bárcenas a ocultar la fortuna que tenía en bancos suizos, se suma a la de Álvaro Lapuerta, de 85 años de edad, que ya declaró en la Audiencia Nacional el pasado viernes 22. Las relaciones entre los tesoreros es larga. Y sus negocios, extensos.

Bárcenas comparte negocios en Argentina con Sanchis, tesorero del PP hasta 1988 y quien en 1990 dimitió como diputado tras verse implicado en el caso Naseiro, el primer gran sumario de financiación ilegal de ese partido y que finalmente archivó el Supremo al considerar que las escuchas telefónicas se habían realizado de modo ilegal. Sanchis, Naseiro y Bárcenas personifican tres décadas de relación y de cuentas 'populares' bajo sospecha.

Los papeles de Suiza remitidos al juez del caso Gürtel, los mismos que constatan que Bárcenas llegó a acumular en una de sus cuentas suiza 22 millones de euros, desvelan la relación del exsenador del PP con Sanchis. En las fichas de obtención de datos sobre el cliente, Bárcenas incluyó entre las empresas en las que participaba la argentina La Moraleja SA, dedicada al negocio agrario. Esa empresa está presidida por Sanchis. Y exporta a través de Brixco SA, justamente la sociedad a la que Bárcenas transfirió , al menos, un millón de euros a una cuenta del HSBC en Nueva York en marzo de 2009, meses antes de vaciar esa cuenta suiza y traspasar los fondos a otros dos depósitos también localizados en Suiza.

Préstamo oficial

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) prestó 18 millones de dólares a La Moraleja S.A., la explotación agrícola en Argentina propiedad de los extesoreros del PP Ángel Sanchis y Luis Bárcenas. El ICO es un organismo público que depende del Ministerio de Economía. Según sus estatutos, se dedica a promover “las actividades económicas que contribuyan al crecimiento y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional”. Obviamente, esa nación es España. Sin embargo, un año después de llegar José María Aznar a la Moncloa, el ICO aprobó un inusual crédito de 18 millones de dólares para una empresa radicada en Argentina, que todo el empleo lo genera en Argentina, que paga impuestos en Argentina y cuya única relación con España es que sus accionistas son españoles y extesoreros del Partido Popular.

La empresa a la que el ICO concedió este extraño y generoso crédito de 18 millones de dólares, el 23 de julio de 1997, se llama La Moraleja Sociedad Anónima. Uno de los propietarios es Ángel Sanchis. Fue tesorero de AP (hasta 1988) y diputado del PP hasta 1990, cuando tuvo que dimitir por un famoso escándalo de financiación ilegal del partido, el caso Naseiro.

La Moraleja SA gestiona un enorme latifundio de 300 kilómetros cuadrados que produce mil toneladas diarias de cítricos. La empresa no quiso devolver el dinero y el crédito acabó en los juzgados argentinos.

Ángel Sanchis: “Ese dinero de Bárcenas en Suiza no es mío”

“Ese dinero no es mío”, aseguró el extesorero del PP Ángel Sanchis a eldiario.es sobre los 22 millones que pasaron por la cuenta corriente de Luis Bárcenas en Suiza. La redacción de eldiario.es se ha puesto en contacto con Sanchis, que ha dado su versión de los hechos sobre tres de los datos que le relacionan con la fortuna que Bárcenas escondía en Suiza.

No obstante, Sanchis, que llevó a Bárcenas a trabajar con él al PP cuando se ocupaba de las cuentas del partido, comunicó al Dresdner Bank de Ginebra que la intención de Luis Bárcenas era invertir en una empresa de limones en Argentina y en bienes inmobiliarios, según refleja el informe de la UDEF entregado en la Audiencia Nacional.

El primer dato que liga a Bárcenas con la inmensa finca argentina de La Moraleja es su propia ficha bancaria. Cuando Bárcenas abrió esa cuenta corriente en Suiza, le comunicó al banco las empresas en las que participaba y entre ellas citó la explotación agrícola de Sanchis: La Moraleja SA.

Según Sanchis, ni Bárcenas ni su mujer ni ninguna de sus empresas tienen acciones en La Moraleja. “Probablemente Luis dijo eso para intentar darse más importancia delante del banco suizo”, elucubra Sanchis para intentar explicar este primer punto.

Denuncias de Greenpeace

Ángel Sanchis, según Greenpeace, ofreció una gratificación a la organización ecologista a cambio de que avalara la destrucción de un bosque autóctono en el latifundio de La Moraleja, el negocio en el que también participó Luis Bárcenas. Ángel Sanchis afirmó que “es rotundamente falso que ofreciera ninguna gratificación” y anunció que se querellará contra la ONG.

El extesorero del PP intentaba, según personas presentes en la reunión, obtener el apoyo de la organización ecologista para su proyecto de explotación forestal en la finca La Moraleja, una empresa en Argentina donde luego sería director general su amigo y sucesor en la tesorería popular, Luis Bárcenas, según aparece en la documentación de su banco en Suiza. Sanchis buscaba que Greenpeace diera con su aprobación pública un barniz de sostenibilidad al proyecto. Estuvo dispuesto a pagar por ello, según Greenpeace.

Pero ahí no acaban las denuncias de la ONG, que acusa a Ángel Sanchis de saltarse la ley para deforestar su explotación de La Moraleja.

El 28 de noviembre de 2007 Argentina aprobó la Ley de Bosques que paralizaba la deforestación de bosques y encomendaba a las autoridades de cada provincia a regular esa práctica: “Durante el transcurso del tiempo entre la sanción de la presente ley y la realización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, no se podrá realizar desmontes”, aclaraba el artículo octavo de ese texto.

Greenpeace denuncia que en el mismo momento en que se discutía y tramitaba la ley, y a pesar de que la moratoria ya se había establecido, en provincias como la de Salta los empresarios locales vivieron una “fiebre del oro” autorizada por sus gobernadores que, a toda prisa, según los ecologistas, abrieron el grifo del desmonte.

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