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Banco de Madrid se arriesga a seguir los pasos del caso Rato y salir de la Audiencia Nacional

Sede del Banco de Madrid en la Plaza de Colón

Pedro Águeda

La investigación de las operaciones irregulares que desarrolló Banco de Madrid y que provocó la intervención de la entidad puede tener una corta vida en la Audiencia Nacional. Como ya hiciera con el caso Rato, la Fiscalía Anticorrupción sopesa solicitar al juez Fernando Andreu que se inhiba a favor de un juzgado ordinario, al no apreciar, en un primer estudio, indicios de los delitos para los que sería competente el tribunal especial.

El 28 de abril, Andreu admitió a trámite la querella interpuesta por dos sociedades de clientes, con el apoyo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Seis semanas antes, la Fiscalía Anticorrupción había abierto diligencias de investigación a raíz de la denuncia que presentó ante ella el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), tras detectar operaciones irregulares del Banco de Madrid.

Esto motivó que Andreu solicitara la información que obraba en poder de Anticorrupción para evitar duplicidades. La Fiscalía especial ha enviado recientemente esa documentación al juez Andreu “sin perjuicio de que deba realizarse un juicio de competencia” sobre qué juzgado debería ser el encargado de investigar el caso de Banco de Madrid. Con esta frase, Anticorrupción se reserva la posibilidad de solicitar la inhibición de Andreu si finalmente se hace con la causa.

La querella interpuesta por las sociedades Marine Instruments y Liuniaski, socio mayoritario de la primera, se dirige contra Banco de Madrid y siete miembros de su consejo de administración. Les acusa de blanqueo de capitales y otros posibles delitos conexos. Andreu ya se pronunció a favor de admitir a trámite esa querella y tiene pendiente hacerlo sobre otra presentada por Manos Limpias. En esta última se suma al blanqueo de capitales un posible delito de organización criminal en grado de colaboración.

Andreu motivó la admisión a trámite de la primera querella al ser la Audiencia Nacional competente para investigar “los delitos económicos que causen grave perjuicio a la economía nacional”, ya que para que el blanqueo de capitales sea competencia del tribunal especial, algún español debe haber cometido ese delito en el extranjero, de lo que hasta ahora no hay indicios.

El clima de desconfianza que creó entre los clientes la intervención del Banco de Madrid provocó una fuga de 124 millones de los depósitos de la entidad entre el 10 y el 13 de marzo. La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, aseguró cuatro días después que si se actúa de forma “ordenada” en el caso de Banco de Madrid, “no tiene por qué haber pérdidas” para los clientes de fondos de inversión. Entre las dos sociedades querelladas sumaban algo más de 3 millones de euros en fondos de inversión del Banco de Madrid.

El Banco de España decidió intervenir la entidad Banco de Madrid a raíz de la propuesta de actuación que hizo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos respecto de Banca Privada de Andorra, matriz del Banco de Madrid. Estados Unidos consideraba a BPA una entidad sospechosa de dedicarse al blanqueo de capitales procedentes del delito. Entre la documentación enviada por España a las autoridades andorranas figura un vídeo en el que un cuñado de Gao Ping recibe explicaciones de empleados del BPA sobre cómo es la operativa del blanqueo de dinero. El capo de la mafia rusa Andrei Petrov, instalado en España, también aparece en las investigaciones como posible beneficiario de la estructura de blanqueo de BPA.

Recientemente, el caso Rato aspiró a ser instruido en la Audiencia Nacional hasta que el propio Fernando Andreu consideró que los indicios de delito existentes no tenían conexión alguna con el caso Bankia, donde el exvicepresidente del Gobierno está también imputado. Andreu había recibido el caso porque un juez de Madrid entendió que debía ser investigado en el tribunal especial, dentro del caso Bankia. En ese caso, Anticorrupción pidió que el caso volviera a Plaza de Castilla, criterio que asumió el juez de la Audiencia Nacional.

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