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El Congreso prorroga la moratoria parcial de los desahucios con la abstención de Unidos Podemos

El grupo confederal no se opone a "salvar a unos cuantos" pero pide más: "Aquí hay fuerzas políticas que están conspirando contra el pueblo", asegura Rafael Mayoral

El nuevo decreto, pactado entre Gobierno y PSOE, deja en manos de los bancos la decisión sobre un alquiler social a las familias sin solución habitacional

La Cámara rechaza tramitar el real decreto como proposición de ley y poder introducir así enmiendas 

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De Guindos dice que el gasto social de los Presupuestos ayudará a las clases medias

El ministro de Economía, Luis De Guindos, en el Congreso. EFE

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves un decreto del Gobierno para prorrogar hasta 2020 la moratoria parcial a los desahucios que se puso en marcha en 2012. La posición más crítica ha sido la de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, cuyos diputados se han abstenido. Su portavoz en el debate, Rafael Mayoral, ha lamentado que las medidas del Ejecutivo "no han conseguido parar los desahucios" y ha arremetido contra el resto de la Cámara: "Aquí hay fuerzas políticas que están conspirando contra el pueblo".

El decreto ley ha sido convalidado con el apoyo del PSOE, con el que el Gobierno pactó previamente las nuevas condiciones incluidas, y de Ciudadanos, así como del PNV, del PDeCAT (la antigua Convergència) y de parte del Grupo Mixto. El resultado de la votación ha sido de 237  síes, ningún  no y 77 abstenciones, que incluyen los votos de Unidos Podemos, de ERC y de Compromís. El resultado se ha dado la vuelta cuando se votaba una petición para tramitar el decreto como proposición de ley, lo que permitiría enmendar el texto: 78 votos a favor, 233 en contra y cinco abstenciones.

La moratoria aprobada afecta a las familias con menores de 18 años a cargo (antes el límite estaba en tres), las monoparentales con hijos (ya no es necesario que tengan dos), las unidades con deudores en desempleo aunque no hayan agotado todas las prestaciones (en el anterior decreto era un requisito) y los núcleos con una víctima de violencia de género o personas en situción de dependencia, discapacidad o enfermedad grave (antes no regulado).

Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha abanderado la oposición al decreto, aunque sus 67 diputados se han abstenido. "¿Cómo no vamos a permitir que se convalide una moratoria que no es más que una tregua en el ejercicio de la violencia que se practica contra los sectores más vulnerables de nuestro país?", ha explicado Mayoral nada más subir a la tribuna.

Ha sido la única concesión del portavoz. A continuación, Mayoral le ha preguntado al ministro de Economía, Luis de Guindos, "¿cuáles son las medidas que va a tomar para reparar el daño causado a los niños mayores de 3 años a los que se les ha enviado a los guardias para sacarles de sus casas?"."No se ha conseguido parar los desahucios", ha criticado para asegurar que "las moratorias se han conseguido gracias a los defensores de los Derechos Humanos que se han jugado el tipo, la integridad y la libertad para impedir violaciones de los DDHH que es lo que son los desahucios sin solución habitacional", en referencia a los activista de la PAH, de Stop Desahucios y otros movimientos sociales.

Mayoral ha recriminado a Guindos que incumplan "la legalidad europea". "Hay reiteradas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dicen que los procedimientos de ejecución hipotecaria son ilegales. ¿Hay o no un procedimiento sancionador contra nuestro país por violar la legalidad europea?".

El diputado de Unidos Podemos también ha tenido palabras para los grupos que han apoyado la medida y que la semana pasada también aprobaron endurecer el Código Penal para acelerar los desahucios en determinados casos. "Ustedes están con Pedralbes, Neguri y La Moraleja. Nosotros estaremos con Vallecas, Barakaldo y Nou Barris", ha señalado en referencia al PNV y el PDeCAT. "Díganle al señor Oliú que eso es violar los Derechos Humanos y nosotros vamos a estar enfrente", ha apuntado en referencia al presidente del Banco Sabadell y en clara alusión a Ciudadanos.

Desde la bancada de Albert Rivera le han espetado: "Esto no es la universidad". A Mayoral también le han recordado "el pisito de Espinar" cuando leía el artículo del Código Penal que persigue la acaparación y especulación, en referencia a los fondos buitre.

Trasladar las medidas a la Ley Hipotecaria

La diputada del PSOE María del Mar Rominguera, por su parte, ha pedido a Guindos  que "busque soluciones permanentes" para evitar este tipo de desahucios ya que este real decreto es sólo "un parche" y ha urgido la elaboración de una ley que "evite este sufrimiento".

Rominguera ha abogado por que esta prórroga de la moratoria ayude a llegar a un consenso para que por ley se garantice el derecho fundamental de la vivienda y no pueda desalojarse a colectivos vulnerables que no pueden pagar su hipoteca.

La diputada de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz ha señalado que "perder una casa supone el peor de los fracasos" ya que se trata "no sólo de perder el capital de toda una familia sino de perder la autoestima o la fe en el futuro".

Ha valorado que el nuevo texto permita una "segunda oportunidad" para recuperar la vivienda perdida y ha abogado por que el "consenso" político de hoy para convalidar este real decreto ley pueda verse reflejado en otras políticas que necesita España.

Desde el PNV la diputada Idoia Sagastizabal ha argumentado el voto a favor de su grupo parlamentario porque amplía el colectivo de beneficiarios vulnerables, aunque ha pedido que una futura ley garantice esta moratoria y no se haga con "prórrogas puntuales".

La diputada de Coalición Canarias Ana Oramas ha señalado la "especial urgencia" de aprobar este real decreto que amplía el concepto de familias vulnerables y permite un alquiler social para los afectados, y ha dicho que "es de justicia", al tiempo que el diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca ha resaltado la posibilidad de que pueda recuperarse la vivienda ejecutada y se evite "los fondos buitre".

Desde Compromís, la diputada Marta Sorlí ha urgido al ministro garantizar el derecho a la vivienda y a reformar la Ley hipotecaria cuanto antes como obliga varias sentencias de la UE.

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