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Lo que el Congreso tramita a puerta cerrada

La Comisión de Peticiones, que la oposición pide reformar, no acepta comparecencias de colectivos o particulares

Este martes se reúnen a puerta cerrada varias ponencias para tratar problemas como la adicción a las drogas o las posibles mejoras en el sistema de control de la cadena alimentaria

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Mientras la ley de Transparencia sigue su curso en el Congreso con comparencias de personalidades a puerta abierta, hay otras reuniones en la Cámara baja que trabajan cerradas a cal y canto. El reglamento establece que las ponencias y las subcomisiones, en las que suelen comparecer expertos en las materias a tratar, se celebrarán a puerta cerrada salvo que la Mesa del Congreso autorice lo contrario. Pero también hay comisiones cuyos debates tienen carácter ‘secreto’, como son la de Gastos Reservados, la de Peticiones o la del Estatuto del Diputado.

Este martes, sin ir más lejos,  se reúnen en el Congreso dos ponencias. A las diez de la mañana comenzará la “de estudio de las perspectivas de futuro en el abordaje de las actuales y nuevas adicciones legales e ilegales” en la que comparecerán tres expertos en la materia: Lorenzo Armenteros del Olmo, responsable del Área de Drogodependencias de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia;  Miguel Casas Brugué, catedrático de Psiquiatría de Barcelona, Jefe de Servicio de Psiquiatría del Hospital Vall d'Hebrón en Barcelona, y Josep Basora, Presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC). Sus opiniones serán escuchadas únicamente por los diputados que forman parte de la citada ponencia y solo transcenderán si se ‘filtra’ algo a la prensa o a la salida alguno de ellos decide hacer declaraciones. A las once  también se reúne la ponencia “encargada de informar del proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria”, dependiente de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, pero también se celebra a puerta cerrada.

¿Por qué, si se trata de asuntos de interés general?. Según se explica en la página web del Congreso, las subcomisiones y ponencias son “órganos de estudio y propuesta que se constituyen en el seno de las Comisiones”. “Tienen una importancia considerable –se añade-  ya que es donde se efectúa el estudio más detenido de los diversos asuntos sometidos a la consideración de las Comisiones. Las ponencias se forman para cada asunto, actúan a puerta cerrada, y se integran normalmente por una pluralidad de miembros, que representan entre los distintos grupos parlamentarios.”. Lo paradójico es que si esas comparecencias de expertos son en Comisión entonces si tienen carácter público.

En esta legislatura son seis las subcomisiones abiertas o ‘vivas’: la de Estudio sobre las redes sociales; la de Reforma del régimen transitorio de la ley de la carrera militar; la de Reestructuración bancaria y saneamiento financiero;  la de Transparencia de productos financieros e hipotecarios;  la de Analisis de los problemas estructurales del sistema sanitario, y la de Racionalización de horarios comerciales. Hay además tres ponencias en marcha, la encargada de estudiar la reforma del Reglamento, recientemente creada; la ya citada para el estudio de soluciones sobre adicciones, y la encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear, que todavía no se ha reunido nunca.

Pero dentro de las propias Comisiones, cuyos trabajos y debates son siempre en ‘abierto’, también hay excepciones. Hay al menos tres ejemplos de Comisiones permanente no legislativas cuyas reuniones se celebran a puerta cerrada. Una de ellas es la Comisión de Gastos Reservados, por motivos de ‘seguridad’ y por los ‘secretos de Estado’ que en ella se manejan. Otra  es la Comisión del Estatuto del Diputado que no debate en presencia de los periodistas sus dictamines sobre incompatibilidades ni la concesión de suplicatorios contra los parlamentarios inmersos en causas judiciales, aunque generalmente todos se autorizan. Las votaciones en el pleno de estos suplicatorios también son secretas. Cuando llega ese momento, las puertas del hemiciclo se cierran y se corta la señal audiovisual para que no se sepa quien vota afirmativa o negativamente al suplicatorio solicitado. Claro que al final todo transciende.

Otra comisión que trabaja a puerta cerrada es la de Peticiones que estudia las  reclamaciones que recibe el Congreso de particulares o de colectivos. Los casos que les llegan a sus señorías son recogidos en un informe que no se da a conocer para preservar la intimidad de sus protagonistas. En esta legislatura la Comisión de Peticiones está presidida por el diputado del PP Gabino Puche del que hablan bastante bien algunos portavoces por el grado de implicación que está demostrando.  “Por lo general, se trata de asuntos muy sensibles, quejas concretas de personas que nos piden ayuda para ver qué podemos hacer por ellos y no estaría bien que se conocerían sus identidades. Muchos de estos casos se estudian y se le intenta poner solución remitiéndolos a los organismos competentes”, explica la diputada de CC, Ana Oramas, representante del Grupo Mixto.  Pero hay reclamaciones presentadas por colectivos que no buscan precisamente esa confidencialidad sino todo lo contrario. Según ha podido saber eldiario.es en estos últimos meses la Comisión ha recibido muchas quejas de los afectados por las expropiaciones decretadas por el gobierno de Guinea, que siguen reclamando soluciones a sus casos. Sin embargo, no tienen  la posibilidad de explicarse en el Congreso con luz y taquígrafos, como ocurre en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo cuya misión es “velar por que existan soluciones extrajudiciales para los ciudadanos cuando éstos sustancien sus reclamaciones”.

La propia Ada Colau, cabeza visible de la Plataforma contra los Desahucios (PAH), fue testigo hace unos días de esa apertura informativa al enfrentarse en Bruselas a los parlamentarios del PP en su defensa de un cambio de la ley Hipotecaria.

La Comisión de Peticiones europea incluso puede organizar visitas de investigación e informar al Pleno. Hace bien poco miembros de esa Comisión viajaron a Madrid para  analizar las denuncias presentadas de forma individual o colectiva sobre la Ley de Costas, que acaba de ser reformada por el Gobierno, para estudiar si vulneraba las leyes europeas de protección medioambiental y de la propiedad privada.

En España la realidad es otra.  Son muchos los parlamentarios de la oposición que opinan que la Comisión de Peticiones del Congreso tiene escasa relevancia. De hecho, aseguran que un alto porcentaje de las quejas recibidas lamentablemente terminan archivadas. Por eso creen que ha llegado la hora de cambiar sus reglas “para que deje de ser un mero buzón de reclamaciones” y se convierta en una Comisión de verdadera participación ciudadana.

 

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