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Los 50 presos de ETA apelan a un acuerdo de 1994 que permite a los jueces de vigilancia intervenir en algunos supuestos

En sus escritos se presentan como "presos políticos" y se reservan un espacio para rellenar los kilómetros que les separan de su casa

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El formulario que harán llegar a la Audiencia Nacional los 50 presos de ETA para exigir su traslado al País Vasco apela como en otras ocasiones a la vulneración de sus derechos constitucionales, pero además introducen como novedad la alusión a un acuerdo adoptado por los jueces de vigilancia de toda España en 1994, aún vigente, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del documento de los internos terroristas.

Fuentes jurídicas consultadas indican que este acuerdo, con más de 20 años de antigüedad, reconoce la competencia de Instituciones Penitenciarias a la hora de decidir la cárcel donde cumplen condena los presos (sean o no terroristas), pero permite a los magistrados decidir en determinados casos. Uno de ellos es cuando se demuestre que un traslado concreto obedece a una "sanción encubierta". Los presos etarras se valen de este precepto en su escrito para denunciar el "abuso y desviación de la administración".

Las fuentes jurídicas consultadas no confían en que este argumento prospere ya que las razones esgrimidas por los sucesivos ministerios del Interior es que la dispersión de los presos de ETA no responde a un ánimo de venganza o castigo, sino a la necesidad de separar a los terroristas para fomentar así su reinserción.

Otro supuesto es cuando se demuestre que la intención de la Administración sea librar a un preso de un juez de vigilancia penitenciaria concreto y por tanto se traslade a otra provincia. Este caso tampoco valdría para los presos terroristas ya que, independientemente de la provincia en la que cumplan condena, todos dependen del juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.

El tercer caso hace referencia a los traslados que puedan suponer un peligro para la salud o integridad de un preso, por ejemplo, cuando ese traslado suponga encontrarse en el nuevo centro penitenciario con personas que pudieran tener interés concreto en agredir a ese interno.

"CRITERIOS UNIFICADORES"

Estas fuentes jurídicas han confirmado que de forma periódica todos los jueces de vigilancia de España, incluyendo el juez Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional (único capacitado para entender de asuntos de terrorismo) celebran reuniones presenciales que sirven para clarificar "posibles lagunas" y fijar "criterios orientativos y unificadores" de su labor.

Se trata de encuentros que tienen aproximadamente una periodicidad anual y en 1994 alcanzaron un acuerdo (el número 13) en el que, partiendo de la base de que la Administración es la que decide el lugar de cumplimiento, los jueces tiene margen de maniobra en algunos supuestos. En estos encuentros de jueces de vigilancia se abordan cuestiones novedosas, pero se revisan las anteriores y en su caso se confirman. Es el caso de este acuerdo, siempre según las fuentes jurídicas consultadas.

Apuntan estas fuentes, por ejemplo, que en el próximo encuentro se abordará en profundidad la normativa europea que permite que un preso de un estado miembro de la Unión Europea que esté cumpliendo condena en otro Estado miembro pueda ser trasladado a su país de origen sin su consentimiento. Esa normativa, recientemente aprobada por el Congreso, abre la puerta a que los presos de ETA que cumplen condena en Francia sean trasladados a España.

FORMULARIO TIPO

Los presos terroristas van a tramitar esta petición de acercamiento en forma de queja y en ella incluyen las críticas habituales del colectivo. Denuncian que se están vulnerando sus derechos constitucionales y que se incumplen los tratados internacionales. También critican las dificultades que tienen para llevar a cabo sus comunicaciones familiares, entre otras reivindicaciones.

Todos los formularios tienen la misma estructura. Con 14 folios de extensión, se dejan algunos espacios para que los reclusos de la banda escriban su nombre (precedida por la presentación de "preso político") y para que detallen las diferentes cárceles en las que ha estado cumpliendo condena. También hay otro espacio en blanco para que expongan su situación como, por ejemplo, los kilómetros que les separan de su casa.

La vía judicial adecuada para recurrir una decisión de la Administración es la Contencioso-Administrativa. En este sentido, la estrategia que sopesa llevar a cabo a ETA no es nueva y ya fue practicada, sin éxito, en 1996. Entonces los presos de la banda terrorista mandaron a la institución penitenciaria multitud de escritos argumentando criterios jurídicos para pedir su acercamiento a cárceles vascas y navarras, pero la Administración los rechazó todos de plano.

ESTRATEGIAS FRACASADAS

En aquella intentona, los presos optaron por acudir a un paso intermedio que era el recurso ordinario ante el propio ministro del Interior de entonces, Jaime Mayor Oreja, quien también rechazó sus exigencias. Fue entonces cuando una veintena de presos etarras insistió por la vía Contencioso-Administrativa presentando recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al tratarse de una decisión de la Administración con sede en la capital. Estos recursos recayeron sobre varias Salas y todos ellos fueron rechazados definitivamente.

El anuncio de acudir ahora al juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional les permitiría recurrir ante la Sala de lo Penal de ese tribunal y en su caso ante el Tribunal Constitucional para terminar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Esta última campaña a la que de momento se han sumado 50 etarras se produce después de que el Colectivo de Presos de ETA haya recibido el rechazo del Gobierno a su anunciada campaña de pedir gradualmente de forma individual el acercamiento de todos los internos terroristas a la cárcel alavesa de Zaballa y la excarcelación de los enfermos y los mayores de 70 años.

Desde el Ministerio del Interior han asegurado en reiteradas ocasiones que no van a aceptar ninguna solución que pase por una estrategia global del colectivo y advierten de que sólo aceptarán las medidas individuales que pasen por romper públicamente con ETA y cumplir los requisitos marcados en la Ley.

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