El Gobierno valenciano defiende la legalidad de los contratos con Nóos

El vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar, ha defendido hoy la legalidad de los contratos suscritos entre el Gobierno valenciano y el Instituto Nóos y ha ofrecido la “máxima colaboración” del Ejecutivo con la justicia.

Císcar ha aclarado, en relación a la petición por parte del instructor del caso Nóos de certificar la condición de diputados autonómicos del expresident de la Generalitat Francisco Camps y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que “la petición del certificado de aforamiento no implica otro tipo de decisiones” por parte de su partido respecto a ambos.

El vicepresidente ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde ha reconocido que no tenía “conocimiento” de esa solicitud, si bien ha asegurado que “Les Corts colaborará con la justicia y presentará las acreditaciones de aforamiento”.

Ha defendido que los convenios que la Generalitat suscribió con Nóos, uno para la celebración del Valencia Summit y otro para preparar la candidatura de la Comunitat Valenciana como sede de la primera edición de los Juegos Europeos, que nunca llegaron a celebrarse, “están bien administrativamente, según ha reconocido un informe de la Abogacía de la Generalitat”.

En este sentido, ha recordado que la Generalitat se encuentra personada en la causa para “reclamar hasta el ultimo céntimo de euro que se haya podido desviar”.

Al parecer, según ha explicado, “hay facturas duplicadas a la Generalitat y al Gobierno de las Islas Baleares” y “se podría incluso haber engañado a las dos partes”.

Preguntado si el Ejecutivo autonómico pondría la “mano en el fuego” por la actuación del expresident Francisco Camps, ha insistido en que no realiza valoraciones sobre una persona que no está imputada.

“El juez Castro no puede imputarle, en todo caso elevar una petición al tribunal competente. La solicitud de certificación de aforamiento no implica nada más que eso. Realizar una valoración sobre este asunto implicaría aceptar una cosa que no sabemos si se va a producir”, ha puntualizado.

Tampoco se ha pronunciado sobre si el grupo parlamentario del PP en Les Corts Valencianes expulsará a Camps y Barberá en caso de ser imputados.

“Cada caso tiene su tiempo y circunstancias”, ha reiterado en varias ocasiones, al tiempo que ha recordado la personación de la Generalitat en la causa civil del caso Nóos y “se reserva la acción penal”.

Preguntado por si afectaría a la imagen de la Comunitat el hecho de que los tres alcaldes de las capitales de provincia (el de Castellón en el caso Gürtel y la de Alicante en el caso Brugal) estuviesen imputados en casos de corrupción, el vicepresidente se ha limitado a afirmar que “la alcaldesa de Valencia no está imputada”.