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Nominaciones a dedo causan poca independencia judicial en Guatemala, dice CIJ

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Nominaciones a dedo causan poca independencia judicial en Guatemala, dice CIJ

Nominaciones a dedo causan poca independencia judicial en Guatemala, dice CIJ

La Comisión Interamericana de Juristas (CIJ) denunció hoy la falta de independencia judicial en Guatemala a causa del "sometimiento político" que generan los nombramientos periódicos y que aseguran una "domesticación" de los jueces.

Esta es una de las principales conclusiones del informe "La independencia judicial en Guatemala", presentado este jueves, en el que se advierte que los jueces sienten que afectan sus oportunidades si eligen impulsar una agenda de derechos humanos "que no va de la mano con la política" del Ejecutivo o de autoridades superiores.

El estudio sostiene que los altos cargos controlan el desarrollo de las carreras judiciales, ya que al tratarse de un sistema jurídico organizado "en forma jerárquica", son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los que concentran el poder, estando así por encima de los jueces de las Corte de Apelaciones, de Primera Instancia o de Paz, regulándoles, incluso, su salario.

"Es casi seguro atribuir inacción judicial en casos de derechos humanos para mostrar complacencia con operadores de justicia que desean impulsar estrategias de impunidad en estos casos", señala el documento, en el que se evidencia una "preocupación", pues esta falta de independencia está "íntimamente ligada" a la "calidad de la democracia -y de vida-" que tiene el país.

En la primera parte del escrito se hace un estudio de los temas constitucionales, legales y normativos que configuran el poder judicial y es así como se concluye que el sistema vigente es un poder judicial "empírico primitivo".

No obstante, contiene algunos rasgos adicionales relativos a una "supuesta carrera judicial" -que no existe como tal en el país- y que tienen como fin dar la "apariencia" de un modelo "tecno-burocrático que en realidad no se da", especialmente por "la ilegal injerencia de las cúpulas del poder judicial" sostiene.

Sobre el acceso a la función judicial y la promoción de los jueces, la CIJ dice que se debería realizar a través de un "concurso público de antecedentes y oposición" y agrega que el Consejo de la Carrera Judicial no debería estar "dominado, ni integrado en representación de los órganos supremos judiciales".

En Guatemala, en su mayoría, los magistrados de las cortes son nombrados "por decisiones políticas, de forma arbitraria, sin consideración a las calificaciones jurídicas profesionales".

"El sometimiento político de las cúpulas no solo se asegura con los nombramientos, sino que en algunas estructuras se refuerza mediante la designación periódica que, cuanto más breve es el período, mejor asegura la 'domesticación' de los jueces", apunta.

Y añade que el diagnóstico revela que este sometimiento político está constitucionalmente asegurado por medio de lo establecido en el artículo 208 de la Constitución Política de la República, que regula el período de funciones de los magistrados y jueces.

En cuanto al poder de nominación, el escrito explica que hay tres: nominación política (Ejecutivo o Legislativo), la cooptación (Organismo Judicial) y la nominación mixta (ambos).

En Guatemala mayoritariamente se da esta última forma, la nominación mixta, pues "los magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones se nominan políticamente por el Congreso de la República y los jueces de primera instancia son nominados por cooptación por la propia cúpula".

Este documento, elaborado con el auspicio de la Asociación Noruega de Jueces, analiza un periodo comprendido entre 2014 y 2015 y pretende identificar falencias, deficiencias e interferencias para contribuir positivamente en la situación judicial actual.

La CIJ, compuesta por 60 jueces y abogados de todas las regiones del mundo, tiene como misión la promoción y protección de los derechos humanos a través del Estado de Derecho, usando su experiencia jurídica para desarrollar y fortalecer sistemas de Justicia nacionales e internacionales, desde su creación en 1952.

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