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El juez de Púnica mantiene secreta la investigación de un contrato firmado por Cifuentes

Los investigadores de la financiación irregular del PP de Madrid han interrogado a tres funcionarios que estamparon su firma junto a la de la presidenta 

Velasco indaga si el PP recibió donaciones de Arturo Fernández a cambio de contratos como el de la cafetería de la Asamblea de Madrid 

Cifuentes, entonces vicepresidenta de la Cámara regional, defiende que la licitación se basó en informes técnicos

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Cifuentes se reivindica como líder de la regeneración y anuncia el fin de los corruptos

Cristina Cifuentes, durante el acto del día de la Comunidad de Madrid. EFE

El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, decidió hace una semana levantar el secreto sobre la pieza separada que investiga la financiación ilegal del PP de Madrid. Sin embargo, tres días después matizó su decisión para excluir algunas partes del sumario, que continuará investigando bajo secreto. Entre ellas están las pesquisas sobre los contratos de la Asamblea de Madrid con el empresario Arturo Fernández, que el magistrado indaga sí se adjudicaron a cambio de donaciones para el partido.

Uno de esos contratos para que el grupo Cantoblanco explotase la cafetería del Parlamento madrileño se aprobó en 2011. Recibió el aval del comité de expertos de la Cámara regional, presidida entonces por Cristina Cifuentes. La actual presidenta de la Comunidad de Madrid fue vicepresidenta de la Asamblea entre 2007 y 2012, un periodo que abarca al menos dos contratos bajo sospecha en la pieza separada de Púnica.

En una providencia con fecha 8 de mayo, el juez Velasco ordena que se excluyan una lista de documentos del levantamiento del secreto. Entre ellos, los expedientes de contratación relativos al servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid de los años 2009, 2011 y 2013. Los dos primeros se adjudicaron con Cifuentes en la vicepresidencia de la Asamblea, y supusieron ingresos cercanos a los 400.000 euros para el grupo hostelero del expresidente de la patronal madrileña (CEIM).

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recabaron esos contratos el pasado mes de septiembre. Se presentaron en la Asamblea de Madrid por las sospechas de Velasco de que el contrato era una contraprestación a las donaciones de Fernández al PP. El empresario, condenado ahora por las tarjetas black, siempre ha presumido de que sus amistades en el PP regional sirvieron para abrir las puertas a sus negocios con distintas instituciones.

El juez había iniciado esa vía de investigación guiado por los apuntes de la agenda que se le intervino al exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, en prisión desde octubre de 2014. En ella hay pagos de empresarios que presuntamente iban directos a la caja B del partido. Velasco también tiene documentadas donaciones a través de Fundescam, uno de ellas del propio Fernández por valor de 70.000 euros.

Esa vía  llevó a la Guardia Civil a interrogar a tres funcionarios que dieron el visto bueno al contrato de 2011 como miembros del comité de expertos de la mesa de contratación. Se trata de la jefa de servicio, el técnico asesor y una letrada, informaron a eldiario.es fuentes de la investigación. Se da la circunstancia de que la única aforada de los cuatro que estamparon su firma es Cristina Cifuentes. La adjudicación bajo sospecha recibió el visto bueno en una sesión celebrada el 21 de junio de 2011.

El documento de esa sesión recoge los puntos otorgados a las tres ofertas que se presentaron. La suma colocaba a Cantoblanco muy por encima de las otras dos empresas que optaban a la licitación, aunque su oferta económica no era la mas barata. El aval lleva tres firmas. Una es la de Cristina Cifuentes y las otras dos son de funcionarios ya interrogados por la Guardia Civil.

El pasado mes de marzo, Cifuentes se enfrentó a una pregunta parlamentaria sobre su papel en la aprobación de ese contrato. Argumentó entonces que presidió la mesa de contratación por delegación, y dijo que se trataba de un órgano en el que "participaban técnicos y políticos de todos los grupos parlamentarios". Los acuerdos se adoptaban siempre "en base a informes técnicos y siempre por unanimidad", justificó.

Esa pregunta formulada por Podemos se produjo tras la última operación de la UCO. Los agentes se personaron en las oficinas de la Consejería de Sanidad para requerir información sobre las partidas destinadas a publicitar el proyecto de los hospitales privatizados en la época de Esperanza Aguirre. En concreto, el dinero destinado a campañas de buzoneo y vídeos, unos 23 de millones, el 1% del montante total del plan, 2.300 millones de euros.

De nuevo la agenda de Granados, interpretada por el que fuera su socio, David Marjaliza, conducía al juez y a los agentes a nuevas vías de investigación sobre la caja B del PP de Madrid. En la pieza separada se investigan los múltiples cauces de entrada de dinero negro, con Fundescam, la fundación dependiente del partido creada por Aguirre y que recolectaba fondos de multitud de empresarios, como génesis de esa financiación ilegal.

Esa parte de la investigación también va a continuar secreta. Los funcionarios de la Audiencia Nacional que se están encargando de digitalizar los más de 50 tomos del sumario tienen orden de excluir ciertos documentos, como los relativos a las subvenciones que recibió Fundescam entre los años 2007 y 2011. Según publicó El Confidencial, Velasco cree que las subvenciones de esos años se desviaron para pagar gastos de las campañas electorales.

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