El Tribunal de Cuentas detectó opacidad en los contratos de la Delegación de Violencia de Género

El Tribunal de Cuentas detectó irregularidades y falta de transparencia en contratos de publicidad de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género que utilizó, entre 2008 y 2009, el procedimiento de urgencia en numerosas ocasiones y nunca con una justificación.

Así lo ha asegurado el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, en su comparecencia en el Congreso en la que ha precisado que no se trató de irregularidades graves, por lo que se han archivado los procedimientos de investigación puestos en marcha.

Álvarez de Miranda ha dicho que la institución que preside detectó una excesiva acumulación de contratos menores y la concesión de otros contratos sin acudir al procedimiento abierto, lo que, ha argumentado, afecta a la transparencia de la gestión.

La diputada del PSOE Ángeles Álvarez -cuyo partido gobernaba durante la época fiscalizada-, ha asegurado que se tramitaron contratos por el procedimiento de urgencia debido a “necesidades inaplazables de interés público”, y que, por lo tanto, estaban justificados.

Además ha argumentado que la mayoría de los contratos menores, que se tramitan con más rapidez, se realizaron en el último trimestre de 2008 y debido a la proximidad del Día Contra la Violencia de Género, que se celebra en noviembre.

Álvarez ha acusado al presidente del Tribunal de Cuentas de hacer “una valoración política que no le compete” ya que siempre se actuó “rápido y dentro de la legalidad”.

El PP, en boca de la diputada Teresa Ruiz, ha criticado la gestión que hizo el PSOE durante su época de Gobierno de los contratos relacionados con las campañas de publicidad contra la violencia de género.

Ha tachado la gestión socialista de “chapuza administrativa de principio a fin” y ha asegurado que existe un “incumplimiento reiterado de la ley”.

Además de este informe sobre la Delegación contra la Violencia de Género, el Congreso ha aprobado varias resoluciones sobre el informe de fiscalización de partidos políticos correspondiente a 2008, que fue presentado el pasado mes de septiembre.

Unas de las propuestas de resolución, presentada por el PP, propone la elaboración de un plan de saneamiento para las formaciones políticas que tienen números rojos.

El presidente del Tribunal de Cuentas también ha presentado el informe sobre las actuaciones del Ayuntamiento de Zaragoza en relación en la Exposición Internacional de año 2008, y ha relatado las numerosas deficiencias en la planificación económica.

Se trata de irregularidades genéricas en las que no se ha detectado perjuicio para los caudales públicos, por lo que ha justificado el archivo de la investigación iniciada por el Tribunal al no percibirse una responsabilidad contable por parte del Ayuntamiento.

Javier Barrero, diputado del PSOE, ha achacado las irregularidades a la urgencia en la adjudicación de los contratos, y le ha restado importancia porque se trata de “un proyecto de enorme complejidad” que alcanzó el objetivo propuesto, que era “la recuperación de las riveras del Ebro”.

El diputado del PP, Eloy Suárez, ha criticado que el argumento del PSOE sea que “el fin justifica los medios”, y ha criticado que el Ayuntamiento de Zaragoza “incumpla la ley para cortar cintas”.