El candidato presidencial de Kenia imputado por la CPI supera un obstáculo clave

El candidato presidencial keniano Uhuru Kenyatta, imputado por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad en la violencia postelectoral de 2007 y 2008, sigue su carrera hacia la Presidencia después de que el Tribunal Superior arguyera que no tiene jurisdicción para vetarlo.

“El Tribunal Superior no cuenta con jurisdicción para tratar con un asunto relacionado con la elección de un presidente”, indicó hoy el tribunal, en declaraciones publicadas por la emisora local Capital FM.

“Es un asunto que está bajo la jurisdicción exclusiva del Tribunal Supremo”, continuó la declaración de los jueces del Tribunal Superior, quienes argumentaron que, como la Comisión Electoral ha aprobado la candidatura de Kenyatta, cualquier decisión al respecto “terminaría usurpando” los poderes de la comisión.

Por el momento, se desconoce si la petición de miembros de la sociedad civil para impedir que Kenyatta, viceprimer ministro, concurra a los comicios se remitirá a esa instancia, aunque el caso del Tribunal Superior se ha retrasado en varias ocasiones y las elecciones están previstas para el próximo 4 de marzo.

Estas peticiones, también de asociaciones de juristas y de defensa de los derechos humanos, defienden que cualquier imputado por la CPI, cuya sede se encuentra en La Haya, no podrá gobernar el país en plenitud, además de poner en entredicho el honor y la integridad del cargo.

Está previsto que el próximo 4 de marzo Kenia celebre elecciones presidenciales, parlamentarias, senatoriales, a gobernador regional, y para elegir a los representantes locales, con un apartado específico para mujeres.

Los principales candidatos presidenciales son el actual primer ministro, Raila Odinga, del Movimiento Democrático Naranja, y Kenyatta, líder de La Alianza Nacional, uno de los tres viceprimer ministros y extitular de Finanzas.

Kenyatta y su aliado político, el diputado y exministro de Educación Superior William Ruto, están imputados por la CPI por cargos que incluyen crímenes contra la humanidad durante la violencia postelectoral de los pasados comicios.

En Kenia, existe un amplio debate sobre si Kenyatta (hijo del primer presidente del país, Jomo Kenyatta) y Ruto deberían concurrir a los comicios, ya que el capítulo 6 -“Liderazgo e Integridad”- de la Constitución (2010), demanda a los candidatos “responsabilidad pública por las decisiones y acciones (efectuadas)”.

No obstante, Kenyatta -de la tribu mayoritaria, kikuyu, a la que pertenecen alrededor del 20 por ciento de la población- cuenta con gran respaldo entre el electorado keniano y, de hecho, las encuestas de intención de voto publicadas hasta el momento le conceden un segundo lugar, por detrás de Odinga.

Tras las elecciones de diciembre de 2007, Kenia asistió a una oleada de violencia postelectoral que se extendió durante los dos primeros meses de 2008, y dejó unos 1.300 muertos y unos 300.000 desplazados.

Estos sucesos se produjeron principalmente entre los partidarios del presidente, Mwai Kibaki -kikuyu-, y que se proclamó vencedor de los comicios, y Odinga, que reclamó para sí la victoria.

La violencia postelectoral, de tintes tribalistas, se frenó con la firma de un acuerdo el 28 de febrero de 2008 que daría lugar a la creación, en abril de ese año, de un Gobierno de unidad nacional en el que a Odinga -de la tribu lúo- ocupó el cargo de primer ministro, mientras que Kibaki mantuvo la Presidencia.