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Un general condenado a prisión en Chile por homicidio de escoltas de Allende

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Un general condenado a prisión en Chile por homicidio de escoltas de Allende

Un general condenado a prisión en Chile por homicidio de escoltas de Allende

Una jueza chilena condenó a un total de 18 años de prisión a un general retirado del Ejército que en 1973 ordenó la ejecución de dos escoltas del presidente Salvador Allende, informaron hoy fuentes judiciales.

El fallo de la jueza especial Patricia González, de la Corte de Apelaciones de Santiago, sentenció al general Luis Ramírez Pineda a penas de quince y de tres años de prisión por los homicidios de Wagner Salinas Muñoz y Francisco Lara Ruiz.

Ramírez Pineda era el comandante del regimiento Tacna, al que, tras el bombardeo y asalto al palacio de La Moneda durante el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, fueron llevados numerosos asesores de Salvador Allende y funcionarios de la Moneda capturados en la sede del gobierno.

Salinas Muñoz y Lara Ruiz pertenecían al equipo de seguridad, pero el día del golpe estaban en la ciudad de Talca por razones de trabajo y al enterarse de los hechos viajaron de inmediato a Santiago, pero fueron detenidos en la carretera por carabineros que los entregaron a militares, y finalmente llevados al regimiento Tacna.

Durante la investigación, señala el fallo, quedó establecido que Ramírez Pineda personalmente ordenó al capitán Luis Guillermo Mena, fusilar a dos personas, Wagner Salinas Muñoz y Francisco Lara Ruiz, cuyas cédulas de identidad incluso le entregó al impartirle dicha orden.

Wagner Salinas y Francisco Lara eran militantes del Partido Voluntario y, al igual que todos los miembros de la seguridad de Salvador Allende, ejercían esas labores de forma voluntaria.

Salinas, que profesaba la religión evangélica, habían sido además un destacado boxeador aficionado, varias veces campeón de Chile, campeón sudamericano y campeón latinoamericano del peso pesado.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), según cifras oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos.

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