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La fiesta de la democracia: 80.000 no votan por “incapacidad legal”

La ONU señala que las personas con discapacidad también deben votar. 80.000 personas se quedan sin votar por tener diversidad funcional en España.

¿Quién pone en duda las capacidades de las personas con diversidad funcional y no de quienes votan a voleo o venden su voto a otros?, ¿dónde están los cómputos que distinguen la capacidad de decidir?

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Anita. Un film de Marcos Carnevale

Anita. Un film de Marcos Carnevale

Tras una semana de las elecciones, con todo escrutado, muchas valoraciones, críticas, autocríticas, sorpresa del sorpasso, ninguna dimisión, casos nuevos de corrupción, dudas sobre nuevo Gobierno… nos olvidamos una vez más de los olvidados. No estoy hablando de los miles de exiliados que pidieron el voto gracias a la movilización de Marea Granate -que también- sino a los miles de personas con diversidad funcional que siguen viendo vulnerados sus derechos. Y en este caso uno de los mayores derechos que se puede tener en democracia: el voto, el derecho a decidir sobre tu país. A 80.000 personas se les negó este derecho.

 

Lo cierto es que el Estado sigue sin aplicar la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, al impedir ejercer el derecho de sufragio a 80.000 personas que por una incapacidad legal se ven privadas de este derecho. cuentan con una sentencia judicial de incapacidad total.

 

Ya se hicieron protestas al respecto, que este mismo diario recogió, pero parece que el Estado sigue Erre que Erre - a falta de tener un dato exacto-. Muchas de las personas que formaron parte de un este simbólico reivindicativo querían votar a partidos que en su opinión les dieran trabajo y reconocieran su situación.

 

Llegados a este punto, yo me pregunto, ¿dónde está el baremo de la idoneidad para votar?, ¿llegaremos al momento en el que sólo puedan votar los que superen la selectividad del voto? Tener una discapacidad  no te hace retrasado ni subnormal, palabras que por cierto se usan para insultar y que desde aquí pido que dejen de usarse para tal fin.

 

Si llego a esta reflexión es para intentar entender, quién pone el límite en quiénes pueden votar y quiénes no. Hay niños de corta edad con análisis más certeros que personas con 70. ¿Deben entonces las personas de 70 años no votar?Entiendo que no. Para mí es lo mismo. Se tiende a infantilizar a las personas con síndrome de down, muchas de ellas no tienen derecho a voto, porque se cree que son niños metidos en cuerpo de adulto.

 

La cuestión es si todas los que votamos estamos capacitado para ello, conocemos los programas y reflexionamos profundamente. Hay gente que vota por el color de un partido, o porque el que se presenta es guapo, o porque va bien vestido. Un análisis de lo más profundo.

 

Lo cierto es que la Convención de Naciones Unidas, que algo más que yo sabe sobre el tema ha instado a España a que ninguna persona por razones de discapacidad puede ser privada de este derecho fundamental. Dice así:

 

“Negar el derecho al voto por una incapacitación es contrario a la Convención de los derechos de las personas con discapacidad que establece que todas las personas con discapacidad han de poder votar en igualdad de condiciones".

 

Algunos pensarán que querría rascar ese voto para que ganaran “las mías”, pero lo cierto es que tan cruel me parece obligar a personas que no quieren votar o no se sienten con capacidad para tomar decisiones en ese momento, como prohibir a quienes sí desean hablar en las urnas y son capaces de hacerlo por mucho que un Juez les amordace.

 

Mucho se ha hablado de votantes del PP que llevaban a “disminuidos psíquicos” a la fiesta de la democracia. Pero poco se ha hablado de los que aún queriendo votar se les ha prohibido hacerlo. Me hace pensar que una vez más nos hacen mirar al dedo que señala a la luna, es decir, desviar la atención a lo verdaderamente importante.

 

¿Quién pone en duda las capacidades de las personas con diversidad funcional y no de quienes votan a voleo o venden su voto a otros?, ¿dónde están los cómputos que distinguen la capacidad de decidir?

 

Para poder obtener este derecho es necesario pasar por un complejo proceso judicial de revisión de la sentencia donde se determina la incapacitación, un proceso de revisión que exige la presencia de abogado y procurador, según explican en este artículo. Las asociaciones y colectivos denuncian que los jueces incapacitan automáticamente.

 

Es el momento de tratar a las personas con discapacidad psíquica sin infantilizarles, sin sobreprotecciones, dándoles la libertad y el apoyo para empoderarles y ser personas lo más independientes posibles. Quizá nos sorprendamos...Quizá voten y todo como las personas “normales”.

 

 

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