Un reclamo para detener las esterilizaciones forzosas de mujeres con discapacidad
“Después de dar a luz a mi primera hija, los doctores me dijeron que no se habían dado cuenta de ligarme las trompas”. Una frase a modo de disculpa que puede parecer inocua, pero el problema es que a Virginia Felipe, senadora de Podemos, mujer, con discapacidad, nadie le había preguntado si quería esterilizarse.
Alguien (el equipo médico, la administración del hospital, alguien cercano a ella sin su consentimiento o aprobación) había decidido que era lo que le tocaba. Por ser mujer, por tener una discapacidad que le tiene postrada en una silla de ruedas (escoliosis en su caso) y por haber sido madre, según relatan desde la Fundación Cermi Mujeres. Afortunadamente para ella, a los médicos se les pasó.
El caso de Virginia es paradigmático —si le hubiera ocurrido lo que finalmente no fue— de lo que le ocurre a muchas mujeres por el hecho de serlo además de tener una discapacidad, física o mental. Una “doble discriminación” que se traduce en esterilizaciones forzosas y legales en muchos casos –contempladas tras un proceso de incapacitación judicial de la persona en cuestión— de muchas mujeres exclusivamente por su condición, según la denuncia del Cermi y algunas de las organizaciones asociadas como Plena Inclusión, la Confederación de la Salud Mental Española y la Confederación Autismo España.
Asunto cualitativo
El Cermi ha denunciado en rueda de prensa esta práctica, a su entender ilegal en muchos casos, inapropiada en el resto aunque lo contemple la ley, basada en “mitos” de la sociedad respecto al tema de las mujeres con discapacidad y sus posibilidades de concebir y ser buenas madres y ampliamente extendida en ciertos sectores de la población con la aquiescencia y en ocasiones participación activa de la administración, sus entornos y la sociedad en general bajo los argumentos del “mayor interés de la persona afectada” o de la sociedad en su conjunto.
En concreto, según el Cermi, en 2016 el Consejo General del Poder Judicial registró 140 casos “resueltos” solo durante 2016. Entre 2005 y 2013 hay otros 865 expedientes registrados (a una media de 96 al año). El problema, según explicó Ana Peláez Narváez, vicepresidenta de Cermi Mujeres, es el oscurantismo con la información: solo se conocen los procedimientos resueltos, pero no existe información desagregada. No se sabe la edad o sexo de las personas afectadas ni el sentido en el que se resolvió cada caso.
Pero hay algunas intuiciones o conocimientos derivadas de la información que le llega al Cermi. “En su gran mayoría son mujeres”, aseveró Peláez. La esterilización forzosa “es la práctica general contra las niñas o adolescentes [con discapacidad] tras sufrir una violación, abusos sexuales, abortos forzados o situaciones de incesto”, explicó Ana Peláez Narváez.
La esterilización forzosa “constituye un delito, según la definición del Consejo de Europa sobre prevención contra la violencia contra las mujeres y domestica”, denuncian desde el Cermi. “Son intervenciones que tienen como resultado poner fin a la capacidad de la mujer de reproducirse de modo natural sin su consentimiento previo e informado”. Y, desde luego, van contra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a la que España está adherida.
El origen está cerca
En ocasiones la esterilización es tras una violación o un abuso, cuentan desde el Cermi. En otras, tras la primera menstruación o cuando la adolescente entra en una cierta edad y empieza a tener relaciones interpersonales. También hay casos en los que se hace como requisito previo imprescindible, aunque no amparado por la ley, a la “institucionalización” de una mujer en un internado. Puede darse tras alumbrar al primer hijo “por la percepción social de la incapacidad de esta mujer para ser madre”, como casi le ocurrió a Virginia Felipe.
Sea cual sea la causa, sucede. Y tiene consecuencias para la mujer, si es que llega a enterarse, que no siempre es el caso. “Afecta a su desarrollo hormonal, de crecimiento. Suprime el deseo sexual, provoca depresión. Se pierde la identidad porque la sociedad deja de concebirte como mujer una vez has perdido el rol social que se te asigna”, según explicó Peláez.
¿Cómo se llega a estas situaciones? “Generalmente es el entorno social (educativo o sanitario) el que asesora a la familia para qeu esta, buscando la protección de su hija, proceda a esta práctica”, narró Peláez. “En el caso de las adultas, a veces también los entornos institucionales de salud mental, etc. los que lo hacen de forma no legal”, añadió.
¿Una garantía?
Para las asociaciones, el problema que subyace de fondo es que “se ve la esterilización o el cambio de capacitación como algo idóneo, como una garantía”, opinó Peláez, “cuando es justo lo contrario, se produce más facilidad para esta violencia [sexual] que se suele producir en el entorno más cercano”, argumentó.
La vicepresidenta de Cermi Mujeres ahondó en esta línea: “Uno de los miedos de la sociedad es si con el nacimiento del hijo la discapacidad se va a traspasar”, expuso. “Esto es una vulneración de los derechos, la diversidad humana se ve enriquecida por la discapacidad, aportamos riqueza y valor. Si los hijos tienen una discapacidad también, no pasa nada, habrá que poner los medios y ya”, zanjó.
No fue este el caso de Almudena Martín, mujer, discapacitada intelectual y con un hijo “sanísimo” y muy maduro para su edad, según relató ella misma. “Fue mi decisión [tenerlo] y me da la vida. No concibo mi vida sin mi hijo. ¿Por qué perder el derecho y el privilegio de ser madre cuando una mujer puede dar vida a un ser sano y sin problemas?”, se preguntó.
La misma duda que tenía Virginia Felipe. “Yo misma tenía prejuicios [respecto a ser madre] por mi condición, nos educan así”. Pero los venció y, cinco años después de la primera, tendría un segundo hijo. Ambos son sanos, fuertes y “muy maduros porque tienen una sensibilidad especial”, como relataba Almudena Martín Bruna un rato antes. Porque son conscientes de que pueden “ser más débiles y necesitar ayuda”. Entonces, “ya con la parejita, decidí ligarme las trompas, ya no quería más”. Estta vez sí, voluntariamente.
