La Marea Verde hace la primera huelga general a Méndez de Vigo mientras se negocia el pacto educativo
El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, se enfrenta este jueves a su primera huelga general educativa en el cargo. La última vez que la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, identificada como la Marea Verde, extendió sus protestas por todo el Estado fue el 24 de octubre de 2013. La imagen de una inmensa manifestación en Madrid que pedía la dimisión de José Ignacio Wert llegó a las portadas de los medios. La Lomce acababa de aprobarse en el Congreso.
Cuatro años después, la ley que el PP sacó adelante sin consenso está diseccionándose en una subcomisión de diputados creada para sustituirla por otra norma en la que hay huecos puntuales de intervención de la comunidad educativa a través de comparecencias. Y para el Ministerio de Educación que esta vía negociadora esté abierta no es compatible con las protestas en la calle porque “no tiene sentido”, dijo Méndez de Vigo en enero.
Su número dos, Marcial Marín, volvió a hablar de la huelga hace unos días, cuando espetó en un foro con escuelas concertadas que los convocantes eran unos “irresponsables”, según denunció la Plataforma, que ha pedido su dimisión.
“El Gobierno utiliza la subcomisión para intentar desmovilizar a una parte, y a lo mejor con una parte de la sociedad va a funcionar. El jueves queremos decir que sigue habiendo motivos”, afirma José Luis Pazos, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa). PSOE y Unidos Podemos se han mostrado a favor de la protesta, mientras Ciudadanos comparte la postura del PP de que no es el momento adecuado.
Para los sindicatos, estudiantes y familias que componen este bloque estatal (Ceapa, STES, CC.OO, UGT, MRP, CGT, FAEST, Frente de Estudiantes, Sindicato de Estudiantes), el “pacto político para llegar al pacto es legítimo pero no suficiente”. “Se tendría que haber abierto un espacio de negociación e interlocución global de propuestas de la comunidad educativa. El acuerdo político no puede ser el único”, señala Pazos.
Los sindicatos de los trabajadores de la enseñanza se quejan de que tampoco se han abierto “mesas de negociación” para hablar de las condiciones laborales de los maestros. Desde 2009, calculan que se han perdido entre 30.000 y 35.000 profesores en la pública. “Llevamos desde octubre solicitando reunirnos. Entonces el Gobierno estaba en funciones y el ministro nos dio largas. Ahora dicen que han dado la llave de la negociación a la subcomisión”, explica Maribel Loranca, de Enseñanza de UGT.
En algunos territorios, la representación de UGT, CCOO o Ceapa no ha convocado la huelga pese a la llamada desde la organización central de que así fuera. “Cada lugar tiene que organizar cómo asume esta convocatoria. Por circunstancias, algunos prefieren esperar un poco más a la subcomisión para ver cuál es el resultado”, reconocen desde Ceapa. Calculan que los plazos de aprobación de una ley orgánica extenderían el tiempo necesario para implantar otra norma educativa hasta tres años.
El recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto el proceso parlamentario paralelo a la subcomisión para tumbar la Lomce aprobado a propuesta del PSOE es otra de las razones para la huelga, dicen los convocantes. “El PP se ha dado cuenta de que se ha quedado solo en su defensa de la Lomce y ahora la aritmética parlamentaria es otra”, apuntan desde UGT.
Sin convocatoria de oposiciones
Los sindicatos han encontrado de forma coyuntural, además, otro motivo para los paros: la incertidumbre en la convocatoria de oposiciones a cuerpos docentes. Sin presupuestos generales del Estado, no hay establecida tasa de reposición y sin ella, según cómo venía funcionando hasta ahora, no se pueden convocar plazas públicas.
“Esto se sale de toda lógica. Llegamos a marzo sin presupuestos cuando era una de las urgencias para formar gobierno. Deja en la inseguridad a miles de profesores que están en el sistema y a los que quieren entrar”, asegura Francisco García, de CCOO. “El Gobierno que debería liderar no quiere dar seguridad jurídica a las comunidades para que puedan convocar”, añade Maribel Loranca, de UGT.
El sindicato tampoco pierde de vista, dice Loranca, “todas las medidas excepcionales vía decreto que se tomaron en 2012 relacionadas con carga lectiva de profesores y ratios y que ya no valen porque la situación económica no lo justifica. O eso dice el Gobierno con la recuperación”.
A 24 horas de la huelga, los convocantes aseguran que siguen confiando en la protesta en la calle para conseguir cosas. “En 2013 había un ministro que terminó cayendo y su ley va por el mismo camino. Esto de que las movilizaciones no funcionan, nada de nada”, afirman desde CCOO, donde se quejan de la actitud del PP como “desmovilizador del efecto de las huelgas”.
Todos saben que “son momentos distintos” y dicen que no quieren “comparar huelgas”. También reconocen “los picos y los valles” de la Marea Verde, “como los de todos los movimientos”, justifica Pazos, a quien como a muchos aún le queda el sabor de la última vez en que lo que pasó en la calle caló en el Parlamento: la suspensión de las reválidas un día después de la última huelga parcial en octubre de 2016.
