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A este ritmo, 2012 terminará con más de 180.000 nuevos desahucios en España

Desde 2007 los procedimientos ejecutorios por impago de hipoteca han afectado a 374.230 hogares

Muchos datos clave no son públicos: cuántos casos hay en tramitación o qué banco hay detrás de cada uno

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Concentración para impedir un desahucio en Madrid en 2011 (cc Juan Luis Sánchez)

Concentración para impedir un desahucio en Madrid en 2011 (cc Juan Luis Sánchez)

La lucha contra los desahucios también está reñida con la falta de transparencia. El opaco velo que cubre la Administración oculta también cuántos ciudadanos se encuentran con un pie dentro de casa y el otro en la calle. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) señala solo al informe trimestral del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre los desalojos como la leve luz que aclara lo que está por venir. El órgano de gobierno de los jueces cifra en 46.559 los desahucios realizados en España en los tres primeros meses del año. Basándose en este dato, la PAH estima que el 2012 terminará con más de 180.000 nuevos desahucios en España, una cifra récord.

Los datos del CGPJ dividen este total de desahucios en dos tipos. Por un lado, se encuentran los desalojos ejecutados por los servicios comunes de notificaciones y embargos, que actúan a instancias del juzgado. Suponen un 40% de los realizados en el primer trimestre, y ascienden a 18.424 desalojos.

El dato, no obstante, plantea varios interrogantes. ¿Cuántos desahucios corresponden a hipotecas y cuántos a alquileres? ¿En qué proporción afecta a los locales? ¿Y a las segundas residencias? "Son datos que el poder judicial tiene, pero no los quiere dar. El promedio de la deuda de cada desahuciado, si hay niños implicados... Toda esta desinformación dificulta la búsqueda de soluciones al problema", explica Ada Colau, coautora del libro Vidas hipotecadas y fundadora de la PAH de Barcelona, la pionera en la lucha ciudadana contra los desahucios.

"Lo más grave es que ni siquiera sabemos qué hemos tenido hasta ahora", se lamenta Colau. Es así porque, hasta el primer trimestre de 2012, el CGPJ no contabilizaba los desahucios ordenados por juzgados de primera instancia en las regiones donde no existen los servicios de notificaciones y embargos, el segundo tipo de desalojos. Sorprendentemente, y a tenor de los últimos datos publicados, se trata de los desalojos más numerosos. En el primer trimestre de 2012 ascendieron a 28.135, el 60% del total.

Esta “novedad informativa” ha generado en el seno de la PAH enormes dudas. “Si entre 2008 y 2011 sabíamos de 166.000 desalojos gestionados por los servicios de embargos, ahora hay que sumarle los que se han empezado a contabilizar ahora. Podemos hablar de 400.000 desalojos en España desde 2008”, deducen en la PAH, que ha solicitado al CGPJ una publicación de los datos con carácter retroactivo. El CGPJ no confirma que el dato vaya a hacerse algún día público.

Manifestación contra los desahucios en Barcelona el pasado mes de julio / Person Behind the Scenes

Manifestación contra los desahucios en Barcelona el pasado mes de julio / Person Behind the Scenes


"Otro dato que se oculta deliberadamente es quién es la parte ejecutora del desahucio, la entidad bancaria, a pesar de que son datos que el poder judicial registra", explica Colau. “No es que el Gobierno no sepa cuántas personas se quedan en la calle, es que si trasciende los desalojados serían ellos. Imaginamos que el Banco de España tiene el número”, señala Vicente Pérez, portavoz de la plataforma. “Evidentemente, la falta de transparencia aquí dificulta nuestra labor. Si la gente conociera la realidad podría implicarse en cambiarla. Sin embargo, se mantiene la desinformación de forma interesada”.

Otro indicador del estado actual son las ejecuciones hipotecarias, punto de partida de la mayoría de desalojos. El desalojo de la vivienda es el último trance de un proceso que suele dilatarse dos años en los juzgados. "Esto quiere decir que los desahucios del año pasado son los que se empezaron a ejecutar en 2009 o 2010", aclaran en la PAH. Y la tendencia no se va a romper. Todo lo contrario. Hasta marzo este año, se iniciaron 24.792, el tercer peor registro desde que reventó la burbuja, y un 14% más de las que se iniciaron en esos meses en 2011. "Las ejecuciones se han estabilizado y cada vez hay más por la declaración del banco malo", señala Colau. "Hay una instrucción en las entidades para acelerar las ejecuciones y así declararlo todo como activos tóxicos frente al Estado y librarse de ellos", denuncia Colau. El efecto más inmediato es que las negociaciones entre bancos y pagadores se están rompiendo unilateralmente por parte de las entidades, según la PAH.

Desde 2007 los procedimientos ejecutorios por impago de hipoteca han afectado a 374.230 familias. Eso sin contabilizar los afectados indirectos, los avalistas, casi siempre los padres de los afectados, que ven como la deuda de sus hijos se lleva por delante también sus propias casas. 

"Mientras, desde el Gobierno se toman medidas para agilizar los desahucios de los alquileres, pero no hay iniciativas para una solución habitacional de los afectados, como un parque de viviendas para alquiler social", explica Colau. Sin embargo,  la PAH tiene su vista puesta en el próximo 5 de noviembre, cuando termina el plazo para recoger las 500.000 firmas para que la Iniciativa Legislativa Popular para lograr la dación en pago. “El último recuento fue de 300.000 firmas entregadas en un pliego de la Junta Electoral. Las recogemos en los locales de la PAH o en nuestra web”, explica Pérez con transparencia. Las próximas recogidas de rúbricas a pie de calle se realizarán los próximos 6 y 7 de octubre.

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