Un juez federal mantiene el bloqueo de las nuevas reglas para las “ciudades santuario”

Un juez federal de Estados Unidos rechazó hoy una apelación del Departamento de Justicia y mantuvo su dictamen que bloquea en todo el país las nuevas reglas del Gobierno de Donald Trump para asignar fondos federales a las “ciudades santuario” que protegen a los indocumentados.

El juez de distrito Harry Leinenweber negó la apelación presentada el 26 de septiembre por el Gobierno para que el bloqueo se aplicara solamente en Chicago, ciudad que presentó una demanda federal al considerar que el fiscal general, Jeff Sessions, excedió su autoridad al imponer nuevos estándares para conceder fondos.

Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que era injusto castigar con un bloqueo general a más de mil departamentos policiales que dependen de la subvención Edward Byrne Memorial Justice.

Según la resolución el juez Leinenweber, la aplicación de la ley sería socavada si se le permitiera a Sessions continuar su conducta inconstitucional en el resto del país.

El magistrado había dictaminado, al fallar en primera instancia, que Chicago podría sufrir un daño irreparable en sus relaciones con la comunidad inmigrante si cumpliera con los nuevos estándares del Departamento de Justicia.

El bloqueo continúa aplicándose en todo Estados Unidos, donde hay 600 ciudades y condados que ofrecen protección a los inmigrantes indocumentados, mientras se tramita otra apelación del Gobierno ante la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de Chicago.

Tras conocerse la noticia, el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, festejó la victoria que le supone el fallo judicial, pero dijo en un comunicado que “la batalla no ha terminado”.

“Esta es una victoria para Chicago y todas las ciudades santuario del país, que no deben ser obligadas a abandonar sus valores para obtener los fondos federales para seguridad pública”, declaró.

El Departamento de Justicia anunció esta semana que había enviado cartas al Departamento de Policía de Chicago y a la Junta de Comisionados del Condado de Cook con una advertencia sobre la violación de leyes federales de inmigración el año pasado, cuando recibieron la subvención.

Las cartas dan un plazo hasta el 27 de octubre para que prueben lo contrario, antes de que el Gobierno tome una decisión final sobre el asunto.

Sessions anunció en julio que se negarían los fondos porque las “ciudades santuario” no cumplen voluntariamente con la ley federal que obliga a los gobiernos locales a compartir con las autoridades federales información sobre el estatus migratorio de las personas bajo su custodia.

Según apuntó, esas ciudades limitan el cumplimiento de las retenciones de indocumentados en las cárceles pedidas por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), no informan cuando un indocumentado va a ser liberado y prohíben que las fuerzas policiales pregunten sobre el estatus migratorio de las personas en encuentros rutinarios.

Al presentar la demanda de Chicago, Emanuel argumentó que los nuevos estándares obligaban a las autoridades locales a comunicar a ICE con 48 horas de antelación la liberación de personas que fueran sospechosas de ser indocumentadas, un plazo considerado inconstitucional.