La memoria de los represaliados languidece en manos del Ministerio de Justicia

El voluntarismo, el crowdfunding y las pequeñas reservas de las asociaciones que se dedican a la localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el Franquismo sostienen económicamente al movimiento memorialista, apartado por momentos del foco de la opinión pública.

Durante seis ediciones de subvenciones el Ministerio de la Presidencia aportó fondos con este fin, según instaba la Ley de Memoria Histórica como obligación de la Administración General del Estado. La última vez que lo hizo fue en 2011, con cargo a los Presupuestos Generales de 2012. La cantidad: 2.501.540 euros.

Durante este año de sequía, la organización del Estado se ha hecho un tratamiento de adelgazamiento que la atravesado de arriba a abajo, bajo las cuchillas del Informe CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones). A raíz de él, Presidencia ha perdido las competencias en Memoria Histórica, que han sido atribuidas al Ministerio de Justicia, quien las ha asumido hace cuatro meses. En concreto, también recibe la gestión de las subvenciones. Aunque lo que no recibe es el dinero de los fondos públicos.

“Que el Gobierno haya incorporado esta propuesta en la CORA en junio de 2013 después de que el año anterior no hubiera una partida presupuestaria destinada a este fin significa que se prevé que en el momento en que la situación económica mejore y puedan incrementarse de nuevo los presupuestos ministeriales, se podrán estudiar nuevas subvenciones para este asunto” explican desde el Ministerio que preside Alberto Ruiz-Gallardón.

Con este traspaso hay un menor reparto ministerial de las responsabilidades “de la democracia española y las generaciones vivas” según escribe la Ley, para que “honren y recuperen” a los que padecieron la injusticia de la persecución política, religiosa e ideológica. Las pensiones de la Guerra Civil son competencia de Hacienda; las de los desplazados, los llamados “niños de la guerra”, competen al Ministerio de Empleo y Seguridad Social; y el otro gran ministerio con cartas en el asunto sigue siendo Educación, Cultura y Deporte, debido a sus fuentes documentales. Aunque no hay dinero para las subvenciones este año, Cultura destina 2,02 millones de euros en el Proyecto de los Presupuestos Generales de 2014 para la reforma y rehabilitación de la nueva sede del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Este dinero permitirá certificar el final de la obra, el equipamiento y las actuaciones que permitan poner en funcionamiento el edificio.

En 2007 se anunció que este centro, que custodia la documentación -los 'papeles'- de fondos del periodo comprendido entre 1936 y 1978, se trasladaría al edificio ocupado por la Tesorería de la Seguridad Social en la céntrica plaza salmantina de Los Bandos. Las obras de rehabilitación del edificio se estimaron en 7,8 millones de euros y comenzaron cuatro años después. La fecha prevista de finalización era fin de 2013. Fuentes del Ministerio de Cultura esperan que la obra finalice “en las próximas semanas”.

Vuelva usted mañana

Con la reordenación de competencias desapareció la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo, cuyas tareas fueron asumidas por la División de Derechos de Gracia y Otros Derechos. Los dos trabajos en curso más destacados son la actualización del Mapa de Fosas y las Declaraciones de Reparación y Reconocimiento Personal. Estas cédulas nacen al calor del artículo 4 de la Ley de Memoria Histórica y proclaman el carácter “radicalmente injusto de todas las condenas y sanciones y cualesquiera formas de violencia” de la Guerra y la Dictadura. Pueden solicitarlo los afectados directos, de cualquier nacionalidad, sus familiares más próximos en caso de fallecimiento o alguna institución al que el represaliado se hubiera sentido unido.

“Esta Declaración conlleva el reconocimiento y la reparación moral” dice el Ministerio pero, para Julio Recuero, cuyos abuelos fueron asesinados y su madre, con 13 años, tuvo que vivir escondida en el altillo de su casa, “no es una reparación moral”, es “sólo un pergamino, muy bonito”. Recuero es una de las 1.538 víctimas que, desde el año 2009, han obtenido este reconocimiento expreso como tal que “no supone el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública, ni da lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional”, informa el Ministerio en su web.

A solicitud de eldiario.es, Justicia ha admitido que el número de peticiones desciende año a año. 551 Declaraciones en 2009, 420 en 2010, 383 en 2011, 113 en 2012 y 71 contabilizadas para 2013 hasta el 7 de octubre. “El descenso en la expedición de Declaraciones de Reparación y Reconocimiento Personal se debe directamente a un descenso en el número de solicitudes” explican. “Al igual que otras actuaciones en materia de Memoria Histórica, las asociaciones y ciudadanos han venido solicitando, cada vez en menor medida, servicios relacionados con la Memoria Histórica. Esta tendencia, que se ha dado en el número de consultas para solicitar información o en la incorporación de fosas de la Guerra Civil al Mapa actualizado del Ministerio de Justicia, se ha producido también en las solicitudes de Declaraciones de Reparación”.

El Estado no lidera

El Estado no lideraDesde la Plataforma Comisión de la Verdad opinan que este descenso corresponde a una “liquidación en la práctica de la Oficina de Víctimas”, aunque sus tareas hayan sido asumidas por la División de Derechos de Gracia y Otros Derechos, “cuyo nombre ya es un sarcasmo porque estos derechos no son 'de Gracia' sino 'de Justicia'”. La abogada Cristina Almeida, que forma parte de esta Plataforma, valora que aunque les parecía “insuficiente” la Oficina de Víctimas servía “para abrir un camino que se podía aprovechar”, por lo que lamenta su desaparición.

El pasado 5 de octubre la Plataforma Comisión de la Verdad, que integra a víctimas, asociaciones de memoria histórica, juristas y defensores de derechos humanos presentó un informe con las conclusiones preliminares del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU tras su visita a España. “El Estado Español debería asumir el liderazgo” sugiere este Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, “y comprometerse de manera más activa y urgente para atender la demanda de miles de familiares”. Como parte de esta política, sugieren “crear una entidad estatal con pleno apoyo institucional encargada de ocuparse de todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, incluyendo el establecimiento y la gestión de una base de datos central sobre las desapariciones y reagrupe la información generada por distintas asociaciones de memoria histórica y grupos de investigación”. La primera fuente para esta base de datos debería ser, según los enviados de la ONU, la lista de más de 114.000 víctimas elaborada por el Juzgado de Instrucción Penal nº 5 de la Audiencia Nacional, “que debería ponerse a disposición del público de manera inmediata”. Para Jaime Ruiz, portavoz de la Plataforma Comisión de la Verdad, la cantidad va “más allá de las recogidas en el auto de Baltasar Garzón” estableciendo la posible cifra en 200.000 pues “cada vez que se abre una fosa se multiplica el número real de víctimas”.

El Mapa de Fosas que el Ministerio de Justicia puso online en septiembre de 2012 recoge 2.382 fosas. Sin embargo, se le ha informado a la ONU durante su reciente visita que no todas las Comunidades Autónomas han realizado estos mapas y que no se actualiza de manera periódica. Paralelamente, los expertos recibieron detallada información sobre la actualización de la documentación de exhumaciones y localizaciones de fosas comunes en Euskadi y Andalucía. En el País Vasco, el Gobierno autonómico ha aprobado 919.000 euros en ayudas y además colabora estrechamente con la Sociedad Aranzadi, después de cada identificación se envía una carta personalizada a las familias con un dossier con toda la información recopilada. En Andalucía, la comunidad con más fosas y más asesinados, la Dirección General de Memoria Democrática también realiza concesiones de distinciones honoríficas y la Asociación de Memoria Histórica y Justicia de Andalucía impulsa la web Todos los Nombres, con la colaboración de la Junta de Andalucía, donde se pueden buscar los nombres de las víctimas. En el otro extremo, la Comunidad de Madrid, donde aún no se ha realizado ninguna exhumación de fosas desde que entró en vigor la Ley y, la que estaba llamada a ser la primera, se ha topado con impedimentos por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey, según informó eldiario.es.

El varapalo de las Naciones Unidas

El varapalo de las Naciones UnidasJueces para la Democracia ha valorado también las Observaciones del Grupo de Trabajo, instando al Estado Español a proporcionar apoyo institucional y financiero a los familiares y asociaciones de desaparecidos y, en el ámbito judicial, adoptar las medidas legales y judiciales necesarias para asegurar que las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía. Esta asociación también se ha dirigido a “los responsables directos de la administración de justicia, jueces y fiscales” para que “se personen en las exhumaciones y luego analicen y actúen sobre los resultados que las mismas arrojen”. Asimismo, Jueces para la Democracia denuncia “los incumplimientos del actual gobierno español de las previsiones de la Ley de Memoria Histórica”, lo que está llevando “no sólo a la impunidad por los delitos cometidos durante la Dictadura, sino a que queden materialmente sepultados en el olvido”.

Además de constatar y señalar la “falta de vínculos y comunicación entre los grupos de víctimas y las autoridades estatales” el Grupo de Trabajo de la ONU ha hecho notar que las asociaciones “no han sido debidamente consultadas ni tenidas en cuenta en el proceso de creación de mecanismos de justicia de transición”, por lo que estos “no han sido suficientes y eficaces”. E instan al Estado Español a establecer un proceso regular de consulta con familiares y asociaciones, “así como proporcionarles un mayor apoyo institucional y financiero”.

Jasminka Dzumhur y Ariel Dulitzky, los expertos de Naciones Unidas que visitaron Madrid, Cataluña, Andalucía y País Vasco, también consideraron que la inminente revisión del Código Penal español es “una oportunidad” para incluir el delito autónomo de desaparición forzada. “Las víctimas y las asociaciones deben de estar muy orgullosas del duro informe de la ONU”, aseguró el poeta Luis García Montero en la presentación de dicho documento.