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Entrevista

"Con la ley mordaza el Gobierno sigue los pasos de China"

El fundador de Human Rights Watch por los derechos humanos Aryeh Neier muestra su preocupación por la deriva del Gobierno español con la Ley de Seguridad Ciudadana

"La ley mordaza da la sensación de que el Gobierno es débil y temeroso. Uno fuerte y con confianza animaría a la gente a protestar, es una parte básica del proceso democrático"

"El Valle de los Caídos parece sugerir que todos eran iguales, es una manera de borrar los crímenes que se cometieron"

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Aryeh Neier, fundador de Human Rights Watch y activista en defensa de los derechos humanos.

Neier, fundador de Human Rights Watch. Ed Kashi for the Open Society Foundations

Quizá porque lo sufrió en sus propias carnes, Aryeh Neier (Berlín, 1937) es un defensor incansable de los derechos humanos. Nacido en la Alemania nazi, su familia huyó a Estados Unidos cuando él tenía dos años. Allí se hizo abogado y comenzó una trayectoria vital en defensa de las libertades más básicas. Cofundador de la ONG Human Rights Watch, ha dirigido la American Civil Liberties Union (ACLU) o la Open Society Foundation. Una muestra de su carácter le define: En 1977 defendió al partido nazi americano para que pudiera manifestarse libremente en un pueblo de Illinois.

Neier ha estado en España dos días invitado por la asociación  Rights International Spain para expresar su preocupación por el retroceso que supone la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, aunque se declara "optimista" con la resolución del asunto.

¿Por qué no le gusta la ley mordaza?

Es desafortunado este paso del Gobierno. Da la sensación de que el Gobierno es débil y temeroso. Quiere limitar las protestas probablemente porque teme que si se empieza a protestar, las protestas se extenderán y le crearán más problemas. Un Gobierno fuerte y con confianza animaría a la gente a que proteste. Las protestas permiten a la gente expresarse, a llamar la atención sobre ciertas cuestiones. Protestar es una parte básica en un proceso democrático. Una democracia debe ser un diálogo permanente entre diferentes partes de la sociedad y el Gobierno y el derecho a protestar es especialmente importante para la gente que no tiene un acceso fácil al Gobierno y entonces necesita salir a la calle a expresar su disconformidad con ciertas cosas.

¿Cree que la ley es impropia de una democracia avanzada?

Es inadecuada. Hay otros gobiernos que tratan de limitar el derecho a la protesta. El de China, por ejemplo. Y lo hace porque sabe que hay gente descontenta, así que hacen todo lo que pueden para limitar esos derechos. Odio ver a gobiernos como el de España siguiendo el camino de China.

¿Cómo se lucha contra una ley que se cree injusta cuando el Gobierno no escucha?

Se protesta. Se moviliza a la opinión pública de otras maneras. Se trata de tumbar estas propuestas. Si no funciona, se publicita esta situación internacionalmente, se intenta avergonzar al Gobierno por eliminar derechos democráticos. Se litiga para hacer frente a esta negación de derechos. Primero a nivel nacional, luego en los tribunales internacionales. Puede ser un proceso largo.

¿Es legítimo saltarse la ley para protestar contra otra ley?

Depende de la ley. Si la ley no es válida, si contradice la Constitución o los acuerdos que el Gobierno ha adoptado en materia de derechos humanos en Europa, puede ser apropiado realizar prácticas garantizadas por la Convención Europea de Derechos Humanos para llamar la atención contra esta ley.

¿En qué situación queda España en el entorno europeo con la ley mordaza?

Estará menos protegida. Hay prácticas en Europa oriental, antiguos países soviéticos donde se han limitado ciertos derechos. En Rusia. En Hungría el primer ministro Viktor Orban ha limitado la libertad de expresión. Comparada con otros países europeos, España no quedaría en buen lugar.

Usted ha vivido, y peleado, el auge de los derechos humanos y las libertades civiles. ¿Está habiendo un retroceso a nivel global?

Sí.

¿Cómo es posible? Cada vez estamos más informados, más formados, controlamos más la actividad de los gobiernos...

Los gobiernos democráticos a veces hacen cosas antidemocráticas. Yo vengo de EEUU, donde ha habido veces en la historia que los Gobiernos han realizado este tipo de prácticas, y los defensores de los derechos humanos han tenido que salir a enfrentarse a ellas. Muchos Gobiernos atraviesan periodos en los que limitan las restricciones y es necesario limitar estas restricciones.

No creo que sea responsabilidad de España acoger a todos los migrantes que quieran venir, pero esto no quiere decir que haya que ignorar los derechos de aquellos entre los que vienen cuyos derechos deberían ser protegidos

¿Cree que hay que limitar en algún punto la libertad de protestar?

El límite al derecho a la protesta es la violencia como forma de protesta. La protesta para ser apropiada debe ser pacífica. Si no, es apropiado por parte del Gobierno tomar medidas contra la violencia.

Antes quizá el ciudadano estaba más protegido por el Gobierno o frente a él... Ahora, al menos en España, parece que primero va la multa preventiva y después uno tendrá que demostrar que no la merecía. ¿Está cambiando de alguna manera el paradigma?

Esto ocurre en ciertos momentos, y es desafortunado cuando sucede. Yo estaba comprometido con la defensa del derecho de protesta durante la guerra de Vietnam, y sufrimos varios miles de arrestos y gente encarcelada. Pero ganamos casi todas las peleas y exigimos al Gobierno que pagara por los daños causados y los abusos cometidos. Cuando uno protesta tiene que estar preparado para defender los derechos incluso en circunstancias difíciles.

¿Conoce la situación en las fronteras de Ceuta y Melilla?

Conozco algo.

¿Qué impresión tiene desde fuera de lo que allí ocurre?

Creo que España y otros países del sur de Europa se encuentran una situación difícil lidiando con los migrantes. Es importante atender a los principios de la ley. Hay que diferenciar entre diferentes migrantes. No hay que centrarse en devolver a los migrantes a zonas de conflicto, hay que darles la oportunidad de pedir asilo si corren el riesgo de ser perseguidos. No creo que sea responsabilidad de España acoger a todos los que quieran venir, pero esto no quiere decir que haya que ignorar los derechos de aquellos entre los que vienen cuyos derechos deberían ser protegidos.

Pero precisamente el Gobierno está a punto de legalizar las devoluciones en caliente, lo cual a priori atenta contra estos derechos.

El Gobierno no debe realizar devoluciones sumarias en situaciones donde haya violación de derechos. Si alguien presenta una solicitud de asilo, debería haber una manera razonable de estudiar esa solicitud y ver si está justificada.

Estadísticamente es muy poca la gente que intenta entrar por las vallas. ¿Se utiliza esto como excusa, por lo impactante de las imágenes, para desarrollar ciertas políticas?

Ocurre lo mismo en Estados Unidos. Tenemos migrantes en las fronteras, seguramente muchos más. Y existen ciertas fuerzas en EEUU que sólo quieren que nadie cruce, y otros afirman que hay circunstancias en las que la gente tiene derechos que deben ser protegidos. Estas luchas ocurren en muchos sitios.

Hablemos de la justicia universal. España ha pasado en pocos años de ser abanderada en el tema, condenar a militares argentinos, intentar juzgar a Pinochet, a  no ser capaz de juzgar sus propios crímenes franquistas y buscar la reparación fuera, en Argentina. ¿Cómo se entiende esto?

Mi visión general es que la justicia universal es importante, pero funciona mejor cuando hay conexión entre el país que ejerce la justicia universal con aquellos que intenta juzgar. No creo que sea una muy buena idea que los países busquen a personas o víctimas sin conexión alguna con el país. Por ejemplo, cuando España intentó lo de Pinochet, había víctimas españolas. Cuando lo intentó en Guatemala se había quemado la embajada española. Soy menos entusiasta cuando no hay estas conexiones.

Pero si las víctimas no encuentran ningún resquicio en su país, ¿qué soluciones quedan?

Es una situación muy difícil. Puede no haber una solución buena en estas circunstancias. Deberían ser capaces de exigir justicia en su propio país.

El Gobierno actual se ampara en la Ley de Amnistía para no ejecutar estas solicitudes de las víctimas del franquismo, afirma que aquellos crímenes quedan cubiertos. ¿La Ley de Amnistía atenta contra los derechos humanos en circunstancias como esta?

Lo hace en este sentido. La convención contra el genocidio exige que haya castigo. Si se cometió un genocidio no puede haber amnistía. Lo mismo aplica con los crímenes contra la humanidad, crímenes a gran escala que no tienen las implicaciones étnicas, raciales o políticas que sí tiene el genocidio. Cuando se trata de otros tipos de crímenes la ley de amnistía tiene más legitimidad. Ha habido bastantes decisiones de los tribunales internacionales que dicen que la amnistía no puede ser una excusa para salvar a quienes comenten genocidio o crímenes contra la humanidad.

¿Conoce el Valle de los Caídos?

Conozco su existencia.

¿Qué le parece que allí se siga homenajeando a la dictadura, que no se explique qué es, que se construyera con el trabajo de presos, muchos de ellos políticos?

Cuando conocí su existencia por primera vez hace muchos años no me gustó nada la idea, porque parecía sugerir que todos eran iguales. Era una manera de borrar los crímenes que se habían cometido y que muchos de ellos incluso se conmemoraban en el Valle de los Caídos. No creo que haya que poner a todos juntos sin distinción. Creo que quienes cometen crímenes importantes no deben ser honrados. Es la clase de situación que sucede recurrentemente en Japón. Allí tienen el Santuario Yasakuni, y entre los enterrados allí hay varios criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Periódicamente, políticos japoneses acuden allí a rezar. Cada vez que ocurre hay protestas en China, Corea del Sur, etc. El Valle de los Caídos me parece algo similar, aunque no haya implicaciones con países extranjeros.

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