Así son las viviendas de Villaverde por las que se condenó a la Comunidad y que Esperanza Aguirre no recuerda

Una isla olvidada. Así llaman los vecinos al conjunto de viviendas que componen la Colonia Experimental de Villaverde Alto (Madrid) por la que Manuela Carmena preguntó a Esperanza Aguirre en el debate que ambas protagonizaron en Telemadrid este martes. La candidata de Ahora Madrid al Ayuntamiento de la capital recordó la existencia de una sentencia emitida en 2005 que obliga a la Comunidad de Madrid a rehabilitar los edificios, sumidos en el abandono y la dejadez. Una sentencia que Aguirre desconoce, a pesar de que ella era la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Basta adentrarse en el barrio para comprobar la situación a la que están sometidos los residentes de estas 408 viviendas repartidas en 28 bloques. Humedades y grietas, malos olores procedentes de fosas sépticas deterioradas, alcantarillas selladas, insectos en los portales, redes de saneamiento dañadas, baches, cables sin aislar, basura, zonas sin pavimentar...“Son chabolas verticales”, dice Agustina, una de las vecinas. Varias pancartas colgadas de las ventanas exigen justicia. Y es que, a pesar de sentirse invisibles para Aguirre, siguen luchando para lograr “vivir con dignidad”.

“Aguirre no sabe ni que existimos y demuestra una falta de interés enorme. Quiere ser alcaldesa de Madrid y ni siquiera sabe cuáles son los problemas reales que sufre la gente”, comenta indignado Emilio a eldiario.es. “Por lo menos un político ha nombrado en la televisión nuestro problema”, añade refiriéndose a Carmena. Él compró una de estas pequeñas casas en 2011 sin conocer el nivel de deterioro estructural que sufrían. “El interior se veía mal, pero la reformé entera”. Sin embargo, no sabía lo que le esperaba. A los cuatro o cinco meses comenzaron a levantarse los suelos y a agrietarse las paredes. 

“Les obligaron a comprar”

Otros vecinos adquirieron las viviendas mucho antes y algunos viven de alquiler. Los edificios fueron construidos en 1954 por la Obra Sindical del Hogar franquista para pasar después a manos del Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA). Muchos inquilinos pagaban una especie de alquiler conocido como régimen de acceso diferido a la propiedad.

“En los años 90 van llegando las fechas de amortización de los contratos y el IVIMA empieza a obligar a comprar diciendo a los vecinos que, si no, les desahuciarían”, explica Miguel Castrillo, integrante del cuerpo jurídico de la Asociación de Vecinos La Incolora.

En el año 2000, cansados de reclamar, varios vecinos decidieron demandar al IVIMA por venderles casas en esta situación. Cinco años más tarde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó a la Administración a rehabilitar los bloques de los demandantes. “Esa sentencia que, por lo que se ve, desconocen las altas esferas”, afirma irónicamente Castrillo, “confirma que son viviendas que no reúnen las condiciones de habitabilidad”.

Según la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, “ya se ha presentado un plan y las obras comenzarán en un par de meses”. Castrillo opina que “son parches que no solucionan los problemas estructurales y para los arquitectos del equipo técnico de la Colonia no es suficiente”. Además, “nosotros lo que pedimos es que se rehabiliten todas las viviendas porque así no se puede vivir”, añade.

Problemas de salud

Diez años después del fallo judicial, solo se ha reformado uno de los bloques, que contrasta con el contiguo. “El IVIMA no ha hecho nada, solo chapuzas para tapar las vergüenzas”, sostiene Emilio, que señala una de las fachadas recubiertas de humedad.

Emilio dice que su estado de salud ha empeorado desde que vive en la Colonia Experimental. Sufre fibromialgia, poliartrosis, fatiga crónica y problemas en los huesos desde hace tiempo. María Ángeles soporta una situación similar. Tiene depresión y le acaban de diagnosticar claustrofobia. Vive con su hijo en una casa sin apenas luz. “Es como estar de noche durante todo el día, suelo estar siempre en la calle”, destaca.

Sin embargo, a pesar de que vive de alquiler no tiene posibilidad de abandonar la casa. “¿A dónde me voy a ir ganando 400 euros?”, se pregunta. Al principio el IVIMA le cobraba 70 euros mensuales, pero hace poco el importe ascendió a 150 “porque no pude hacerle frente a un recibo”, explica.

Espacios comunes descuidados

Son pocos los habitantes que aún siguen en régimen de acceso diferido, pues la mayoría pasaron a ser propietarios. Angelines es una de las pocas que quedan. “Estamos intentando aguantar la firma de la escritura”, dice Castrillo, que lleva el caso, “para que no engañen más”. Tiene 83 años y no sale a la calle porque no tiene ascensor. Algo que ocurre en casi todos los bloques a pesar de que la mayor parte de los vecinos son personas mayores. Angelines no tiene plato de ducha en el baño, pero no puede afrontar el coste de la obra. Solo le queda esperar a que el IVIMA asuma la rehabilitación.

Durante el paseo por el barrio, los vecinos no dejan de señalar todas las deficiencias que ven. Los espacios entre bloques están descuidados porque “los servicios de limpieza y jardinería no se ocupan de ellos”, sostienen. Son los propios residentes los que se encargan. Esto es así porque se trata de espacios comunes “que en las escrituras de propiedad aparecen como suelo privado de uso público”, según Castrillo. “Yo solo hago las aceras, no tengo ninguna orden más”, comenta un trabajador del servicio de limpieza.

Estos espacios entre bloques preocupan a los vecinos porque están llenos de baches y sin pavimentar. “Hay muchas personas mayores que se caen, es algo muy peligroso”, aclara Emilio. Los inquilinos no aguantan más. Se sienten engañados y ninguneados por la Administración. En su opinión, Aguirre ha demostrado “que no escucha a pesar de que ha tenido años para interesarse por la situación”. “Tenemos derecho a vivir con dignidad y como lo que somos: personas”, declara enfadada Agustina. “Solucionar esto es una deuda histórica, aunque ella se haya olvidado”, prosigue.