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INTERNACIONAL

¿Por qué se opone Silicon Valley a una ley contra la explotación sexual?

El Gobierno quiere cambiar las normas que permiten a las páginas web evadir la responsabilidad por los anuncios que alojan. Las empresas tecnológicas dicen que sería contraproducente

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La denuncia fue presentada en el puesto de la Guardia Civil en Mogán.

Polémica alrededor de una nueva propuesta de ley para hacer responsables a páginas web de anuncios como Backpage de los contenidos publicados por sus usuarios

La empresa Oracle, que ofrece servicios en la nube, es una de las pocas empresas tecnológicas en respaldar un proyecto de ley del Senado para combatir la explotación sexual en Internet.

La Stop Enabling Sex Traffickers Act de 2017 (ley de detención de la trata de personas con fines sexuales) modificaría la Sección 230 de la Communications Decency Act (ley de decencia en los medios de comunicación, o CDA, por sus siglas en inglés) para hacer responsables a las páginas web que publiquen información “diseñada para facilitar la explotación sexual”. Hasta ahora, la Sección 230 de la CDA protegía a las empresas de Internet de cualquier responsabilidad penal basada en la conducta del usuario.

Presentado por el senador republicano Rob Portman, de Ohio, y el demócrata Richard Blumenthal, de Connecticut, el proyecto legislativo se ha convertido inesperadamente en el centro de un debate sobre libertad de expresión. La mayoría de las tecnológicas, entre ellas Google, está presionando para que no llegue a convertirse en ley.

El proyecto surge de una investigación de dos años del subcomité de seguridad nacional sobre los anuncios clasificados de la web Backpage.com. Según el  informe de la investigación, Backpage.com facilitó a sabiendas la explotación sexual de niños en la sección “adultos” de su página web. Lo hizo modificando el texto de los anuncios para borrar palabras como “violación”, “alerta AMBER”, “niña”, y “lolita” antes de publicarlos para así ocultar las verdaderas intenciones del anuncio. Backpage.com no quitó esos anuncios ni los denunció ante las autoridades.

“Si llega a promulgarse, la ley establecerá cierto grado de responsabilidad para los que venden espacios de publicidad interesadamente, pero no están listos para ayudar en la lucha contra la explotación sexual”, escribió Kenneth Glueck, vicepresidente de Oracle, en una carta a Portman y Blumenthal.

En un  artículo de opinión publicado el jueves, Portman citó cifras del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados: el CyberTipline, como llaman al canal que tienen abierto para denuncias cibernéticas, mostró un aumento del 846% entre 2010 y 2015 para las denuncias de explotación sexual de niños. Según ese Centro, el sitio Backpage.com representa el 73% de las denuncias de tráfico de niños hechas por los internautas.

“Increíblemente, las leyes federales protegieron sus prácticas comerciales inescrupulosas”, escribió Portman.

Según Portman, las protecciones a empresas previstas por la CDA “no fueron previstas para ser aplicadas, y no deberían ser aplicadas, en casos de empresas que de manera cómplice facilitan la explotación sexual. Es hora de que esta ley de 21 años de antigüedad se ponga al día con el siglo XXI”.

Empresas responsables

La industria tecnológica y algunos defensores de la libertad de expresión dicen que la ley contra la explotación sexual allana el camino para hacer responsables a las empresas, de una manera amplia y excesiva, por el contenido generado por los usuarios.

En un correo electrónico al que tuvo acceso  the Guardian, el consejero de políticas públicas de Google, Stewart Jeffries, describió el proyecto como una “legislación controvertida” que socava “uno de los estatutos fundamentales para Internet”, en referencia a la Sección 230 de la CDA. Jeffries también señaló la labor de Google en la lucha contra la trata de personas, en la que se incluye impedir a sitios como Backpage.com que hagan publicidad, y crear una herramienta,  Thorn, que escanea anuncios para detectar posibles víctimas infantiles, desarrollada por sus ingenieros para la organización benéfica dedicada a la lucha contra la explotación.

El grupo Internet Association, que representa a gigantes de Silicon Valley como Google, Amazon, Facebook y Twitter, firmó una  carta junto a otras patronales dirigida a Portman y Blumenthal. Argumentaban que, mientras que “personajes aislados” como Backpage.com deberían hacerse responsables, la ley de tráfico sexual “socavaría gravemente una protección fundamental para las empresas de Internet legítimas y sería contraproducente para los esfuerzos de esas empresas en la lucha contra los delitos de trata”.

“La Sección 230 de la CDA es la protección legal fundamental de los servicios en línea”, decía la carta. “Sin esta protección, esos proveedores de servicios se verán forzados a pecar de cautelosos y quitar el contenido generado por los usuarios o afrontar una responsabilidad insostenible por el contenido de los usuarios que terminaría dañando a la creación de servicios en línea legítimamente diversos”.

El portavoz del senador Portman, Kevin Smith, dijo a the Guardian que las peticiones de las tecnológicas eran “absurdos e irrisorios”. “Hicimos las debidas comprobaciones, nos reunimos con las tecnológicas durante meses pero no nos ofrecieron ninguna respuesta constructiva”, dijo. “Es triste que se opongan a una ley de dos páginas para ayudar a impedir la explotación sexual en Internet de mujeres y niños”.

Para la directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres, Taina Bien-Aimé, “no se trata de un tema de libertad de expresión sino de un asunto penal”. “Internet se ha convertido en una herramienta fácil de usar, casi sin riesgo y con grandes ganancias para la actividad ilegal de compra y venta de mujeres jóvenes en estado de vulnerabilidad”.

Debido a las protecciones que establece la Sección 230, se han rechazado varias de las demandas que víctimas de la explotación sexual presentaron contra Backpage.com.

El nuevo proyecto de ley tiene 28 copatrocinadores en el Congreso, tanto de izquierda como de derecha, una poco habitual demostración de consenso en Washington.

El mes pasado, unos 50 fiscales de distrito y de otros territorios de EEUU firmaron una  carta respaldando la campaña para modificar la CDA de manera que permita enjuiciar a las empresas que avalen, faciliten o asistan la explotación sexual en Internet.

En los últimos días, el apoyo para el proyecto de ley se intensificó: figuras públicas como la cómica  Amy Schumer y la exembajadora de la ONU Samantha Power pidieron a la gente que respalde el proyecto.

Una persona cercana a la discusión entre las tecnológicas y los patrocinadores del proyecto en Washington dijo que la pelea era, en algunos aspectos, una demostración de la creciente importancia de Silicon Valley.

“Hay una cierta dosis de arrogancia en este asunto, donde muchos miembros de la comunidad tecnológica se creen intocables”, dijo. “Su cuenta de resultados es más importante que cualquier otra cosa, incluso más que los intentos lógicos para controlar la explotación sexual en Internet”.

Traducido por Francisco de Zarate

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