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INTERNACIONAL

'Dreamers' que ya no sueñan: jóvenes inmigrantes ante el abismo de un futuro ilegal en EEUU

Muchos de ellos tienen hijos, han comprado viviendas y tienen trabajo, pero la administración Trump ha decidido eliminar el programa que protegía de la deportación a 800.000 jóvenes inmigrantes

“No cumplo los requisitos para convertirme en ciudadano legal... Estamos buscando un plan para proteger a mis hijas en caso de que nos deporten”, cuenta Angélica Hernández

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Numerosas universidades critican el fin del DACA y apoyan a los inmigrantes

Inmigrantes y activistas de derechos humanos protestan contra la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de poner fin a DACA. EFE

Reyna Montoya estaba en un avión, Sheridan Aguirre estaba en los alrededores de la Casa Blanca y Concepción Solís había llegado pronto al trabajo para sentarse frente a su ordenador cuando el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, dio un vuelco a sus vidas.

“Estaba dudando en si debía ir o no a trabajar porque sabía que iba a ser difícil”, exlica Solís. “Pero, ¿qué puedo hacer? Necesito trabajar más que nunca”, añade.

La eliminación por parte de la administración Trump de la política que protegía a los 'dreamers' —inmigrantes indocumentados que llegaron a EEUU siendo menores— de la deportación afectará a cerca de 800.000 jóvenes. Obama implementó hace cinco años la Lay de Acción Aplazada para Llegadas de Menores (DACA, por sus siglas en inglés), que permitía a sus beneficiarios obtener licencias de conducir, ir a la universidad, empezar su carrera profesional, comprar viviendas y hacer todas las otras cosas que el resto de ciudadanos estadounidenses dan por garantizadas. Ahora, los llamados 'dreamers' se enfrentan a la posibilidad de perderlo todo.

Para Solís, eso significa prepararse para un futuro sin su trabajo bien pagado en una compañía de seguros y su apartamento con alquiler reducido en su ciudad, Oakland. “Mi permiso de trabajo caduca en septiembre, tengo hasta septiembre”, explica esta beneficiaria de DACA de 30 años. “Ahora tengo que trabajar todo lo que pueda y ahorrar todo lo que pueda”, añade.

Entre lo que más preocupa a Solís, es que ella dio al Gobierno federal su información detallada para convertirse en beneficiaria de la ley. “Inmigración tiene mi dirección”, cuenta. “Viene septiembre ¿y qué va a pasar? No puedo quedarme aquí, pero ¿qué voy a hacer?”.

Montoya, beneficiaria de DACA y fundadora de una organización por los derechos de los inmigrantes en Phoenix, Arizona, no solo está preocupada por su situación, sino también por la de la gente que trabaja para ella. “Tengo empleado a un ciudadano estadounidense, ¿qué puede implicar que me echen?

“Actúan como si no pasase nada”

Angélica Hernández, ingeniera mecánica en una compañía de eficiencia energética en Chandler, Arizona, tiene mucho que perder. Hernández nació en México, pero llegó a Estados Unidos con nueve años. Entró bajo el amparo de DACA cuando estudiaba un master en Stanford. Compró una casa, se casó con otro beneficiario de la ley y tiene dos hijas que son ciudadanas estadounidenses.

“Por todos los rumores, te preparas mentalmente para lo que pueda pasar, pero nunca estás realmente preparada”, asegura. “No cumplo los requisitos de ninguna de las vías para convertirme en ciudadano legal... Claramente estamos buscando un plan para proteger a mis hijas en caso de que nos deporten”, añade.

La decisión de Trump de cerrar el programa deja en manos del Congreso la responsabilidad de abordar legislativamente la situación de los 'dreamers' —y de los 11 millones de inmigrantes indocumentados en EEUU—. También plantea la posibilidad de desagradables negociaciones que enfrenten a un grupo de inmigrantes contra otro: la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, afirmó este martes que Trump no apoyaría una ley independiente que garantizase un estatus legal a los 'dreamers'.

El martes por la noche el presidente provocó aún más confusión al tuitear de forma críptica que si el Congreso no actuaba, entonces él “revisaría este asunto”.

Para activistas como Sheridan Aguirre, beneficiaria de DACA y colaboradora de United We Dream, la negociación política sería insostenible. “No seremos utilizados como monedas de cambio”, afirmó Aguirre el martes por la mañana desde fuera de la Casa Blanca, donde se había unido a una protesta. “No queremos ninguna legislación que sacrifique a nuestros padres y que les criminalice ni que añada más dinero al control fronterizo”, añadió.

Legisladores demócratas, líderes empresariales y tecnológicos y defensores de los derechos de los inmigrantes han recibido con ira la rescisión de DACA. En algunas ciudades del país estallaron protestas, como en Denver, donde miles de estudiantes de instituto salieron de  sus centros.

Belén Sisa, beneficiaria de DACA de 23 años y estudiante de último año en la Arizona State University, se unió a una de esas protestas en una marcha junto a otros activistas de los derechos de los inmigrantes hasta la oficina de Inmigración y Aduanas de Phoenix tras el anuncio del martes por la mañana de Jeff Sessions.

Pero a medida que avanzaba la marcha, Sisa tuvo que separarse de la multitud para entrar en la oficina. Tenía una cita a las 12 para que le tomasen las huellas —uno de los requisitos que hay que cumplir cada dos años para la renovación de DACA—.

“Me siento muy feliz de poder encajar entre los que pueden renovar, pero también me irrita un poco”, explica Sisa. “Estoy en este proceso de solicitud, pagando tasas y haciendo todas estas cosas que me exigen cuando realmente el mensaje es que no soy valorada como persona”. “Ellos actúan como si no hubiese pasado nada. La persona que me estaba tomando las huellas me preguntaba que cómo iba mi mañana”, lamenta.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

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